El 21 de noviembre cerró la vigésimo séptima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático (CMNUCC) en la ciudad de Sharm el-Sheikh, Egipto. Al igual que lo ocurrido en sus ediciones anteriores, la conferencia -conocida popularmente como COP, en función de sus primeras siglas- se posicionó como un espacio remozado para las discusiones respecto a los montos y los modos para alinear los flujos financieros internacionales a la lucha contra el cambio climático, en tanto uno de los desafíos más acuciante de la humanidad en la actualidad.
A continuación, un repaso por los principales hitos que dejó la COP 27 en su agenda financiera. Aunque signados en términos generales por la fractura estructural entre los Estados desarrollados y en desarrollo, cada uno de estos puntos estuvieron particularmente atravesados por el complejo de condicionantes e incertidumbres que marcaron el curso del año presente: las alteraciones de los valores -tanto monetarios como estratégicos- de los recursos energéticos tras la invasión rusa en Ucrania, la aceleración de las tendencias inflacionarias con la reversión de las políticas monetarias expansivas de las autoridades monetarias más gravitantes del mundo como respuesta consecuente y; las tensiones omnipresentes entre Estados Unidos y la República Popular China (RPCh) por el liderazgo en los diferentes espacios o dimensiones del escenario internacional (el climático, por caso).
Sin lugar a dudas, el resultado más renombrado de la COP27 en términos de financiamiento climático fue el acuerdo alcanzado en las últimas horas de la conferencia para constitución de un fondo especial de pérdidas y daños. Este acuerdo, catalogado de histórico, selló un reclamo de larga data de los países en desarrollo –de los más vulnerables a los eventos climáticos extremos, en particular- al habilitarse la conformación de un mecanismo de financiamiento completamente nuevo, el cual viene a agregarse a los ya existentes en materia de mitigación y adaptación. Bajo esta nueva instancia, pues, los países en desarrollo que experimenten devastaciones en sus territorios por eventos climáticos extremos no pasibles de prevenirse mediante acciones de adaptación podrán acceder a recursos para hacerles frente. Para ilustrar, puede indicarse que casos como el del Paquistán con los estragos en vidas (1500, según las estimaciones más conservadoas) y bienes materiales ocasionados por las extensas inundaciones de mediados de año podrían ser abordados dentro de este mecanismo. Si bien las definiciones sustantivas respecto a las magnitudes, los encuadramientos institucionales y los mecanismos de cuantificación de las pérdidas y daños y de reparto de los fondos quedaron relegadas para el futuro, el acuerdo de creación del nuevo fondo implicó, en los hechos, un quiebre del bloqueo histórico de los países desarrollados a la constitución de un mecanismo de financiamiento adicional a los ya existentes. Más allá de las resistencias a comprometer mayores recursos, los países desarrollados -Estados Unidos, en particular- sostuvieron su oposición en la premisa de que los recursos reclamados bajo los conceptos de pérdidas y daños podrían ser asociados con las nociones de responsabilidad y compensación.
Aumento de los compromisos financieros
Aunque resulte una verdad de Perogrullo, resulta importante subrayar que para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París de mantener el aumento de la temperatura global por debajo del umbral de 1.5°C y garantizar que los países y las comunidades sean resilientes a los efectos del calentamiento global, se requiere recursos significativos, cuya provisión descansa en forma primigenia en los países desarrollados. En la COP 15 desarrollada en Copenhague en 2009, los países desarrollados se comprometieron a desembolsar 100 mil millones de dólares anualmente para 2020 a los fines de financiar acciones de adaptación y mitigación en el mundo en desarrollo. Conforme con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas (CBDR, por sus siglas en inglés), este compromiso financiero fue institucionalizado en la Conferencia siguiente en Cancún y en el Acuerdo de París. No obstante, y a pesar de las manifestaciones cada vez más ostensibles de la crisis climática con la ocurrencia cada vez más frecuente y más intensa de fenómenos climáticos extremos, tal meta cuantitativa estuvo lejos de cumplirse. De acuerdo con los registros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las cifras desembolsadas por los países desarrollados en 2020 bajo este concepto alcanzaron 83 mil millones de dólares. Sin embargo, estos números fueron cuestionados por diversos representantes de países en desarrollo y organizaciones no gubernamentales (ONG) por tener exigua transparencia en la contabilidad e incluir fuentes de financiamiento las cuales no se corresponderían estrictamente con lo comprometido.
La declaración final de la COP27 reafirmó la necesidad de cerrar la brecha entre las necesidades de inversión climática y la urgencia de avanzar en las negociaciones para la definición de una nueva meta cuantitativa regida por la transparencia. No obstante, no pudo plasmarse en dicho documento compromisos certeros después de 2025. Los próximos meses, años inclusive, Los próximos meses, sin dudas, resultarán claves en esta cuestión. Con todo, deviene imperioso remarcar que las negociaciones en este marco no se limitan sólo a las metas cuantitativas -desfasada de por sí-, sino a la naturaleza de ese financiamiento climático, del cual no hay definición precisa, por cierto. Para los países en desarrollo, estos flujos financieros deben escapar de una lógica preeminentemente crediticia y orientada a acciones de mitigación. Los países desarrollados, por su lado, propician la incorporación de los flujos financieros movilizados por privados. En este marco, se inscribe el impulso a nuevos instrumentos para la movilización de las finanzas climáticas -mercados de bonos de carbono, bonos con cláusulas climáticas, canjes de deuda por acción climática, por ejemplo-, bajo la lógica argumental de que los inversores e instituciones financieras privadas se encuentran también cada vez más urgidos por identificar las oportunidades de negocio y reducir los riesgos inherentes a una transición energética en un mundo cada vez más incierto (y caluroso).
Manifestantes
Manifestantes reclaman en la COP27 que los “países ricos, cumplan con sus obligaciones financieras climáticas ahora”
Reforma de la arquitectura financiera internacional
La declaración final de la COP 27 realizó reiterados llamados a los organismos multilaterales de crédito -entiéndase al Fondo Monetario Internacional (FMI), al grupo Banco Mundial (BM) y a los bancos multilaterales de desarrollo- para que lleven adelante ajustes en miras de multiplicar y mejorar el acceso a la financiación climática, ayudar a la movilización de fuentes alternativas de financiamiento y garantizar de que la financiación se ajuste a las necesidades específicas de los países en desarrollo. Del mismo modo, el documento final de Sharm el-Sheikh proclamó la necesidad de impulsar “una transformación del sistema financiero en sus estructuras y procesos, involucrando a gobiernos, bancos centrales, bancos comerciales, inversores institucionales y otros actores financieros”. De acuerdo con la mayoría de los especialistas en la materia, se trató de la declaración final de las COP más explícita respecto a la necesidad de avanzar en la reforma de los organismos multilaterales de crédito y a la arquitectura del sistema financiero internacional, en general, para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París.
El peso de las referencias a la reforma de los organismos multilaterales de crédito y al sistema financiero internacional en conjunto del documento final de la COP se constituye como un eco de las expresiones vertidas por buena parte de los máximos representantes de los países en desarrollo; muy particularmente, de la primera ministra de Barbados Mia Mottley con su “Iniciativa Bridgetown”. Esta “hoja de ruta” para el alineamiento de los organismos multilaterales de crédito a la lucha contra el cambio climático fue refrendada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron y la propia directora gerente del Fondo, Kristalina Giorgeva.
Del mismo modo, no son pocos quienes asocian el peso de los llamados a la reforma de los organismos multilaterales de crédito con las reticencias cada vez más generalizas al presidente del Banco Mundial, David Malpass, quien fuera nominado por la administración de Donald Trump en 2019. Diversos han sido los cuestionamientos cosechados por Malpass durante los últimos meses en función del letargo de la institución que conduce en la lucha contra el cambio climático. Muchos de esos cuestionamientos alimentaron, de hecho, la idea de que se trata de un “negacionista climático”. De momento, las presiones concurrentes de diversos actores de peso -de referentes de la administración de Joe Biden, inclusive- en busca de precipitar su renuncia no prosperaron.
Asociaciones para la Transición Energética Justa
La COP27 sirvió también de escenario para el lanzamiento de una Asociación para una Transición Energética Justa (JTEP, por sus siglas en inglés) entre Indonesia, la Unión Europea y un conjunto de Estados desarrollados nucleados en la International Partners Group (IPG). De acuerdo con las declaraciones de representantes de las partes involucradas, esta asociación redundará en un plan de inversiones cifrado en 20.000 millones de dólares orientado financiar la conversión del patrón de la producción energética en Indonesia al tiempo de apoyar a los trabajadores y comunidades afectadas a lo largo del tránsito hacia una economía baja en emisiones. La concreción de esta asociación entre Indonesia y un universo reducido de Estados desarrollados coordinados por Estados Unidos y Japón se inscribe dentro de una estrategia de financiamiento climático iniciada en la COP 26 celebrada en Glasgow, Escocia, durante las primeras semanas de noviembre de 2021. En dicho contexto, este reducido grupo de Estados desarrollados lanzó una asociación de la misma naturaleza con Sudáfrica por 8.500 millones de dólares. Si bien fueron presentadas como un mecanismo alternativo para “movilizar” recursos de países desarrollados a países en desarrollo y cumplir consecuentemente con los objetivos del Acuerdo de París, estas nuevas figuras no están exentas de polémica. En este sentido, es importante señalar que las negociaciones y puesta en marcha de estas asociaciones implican un desafío abierto a los circuitos institucionales multilaterales, abriendo las puertas a mayores discrecionalidades y condicionalidades por parte de los Estados desarrollados al momento de honrar sus compromisos de financiamiento climático. Del mismo modo, no son pocos quienes cuestionan que buena parte de los recursos comprometidos bajo estas fórmulas son canalizados mediante créditos no concesionales. Los casos de Sudáfrica e Indonesia están lejos de constituirse como fenómenos particulares o aislados, ya que en los días actuales se prosiguen negociaciones para asociaciones similares con Vietnam, Egipto y Angola.
A modo de conclusión
Habida cuenta de los resultados relevados, la COP 27 dio cuenta de la importancia y complejidad creciente de la dimensión financiera en la lucha contra el cambio climático. Las discusiones sobre el financiamiento climático y las vinculaciones del cambio climático y las finanzas internacionales, en general, se replicarán sin dudas en la próxima COP, a desarrollarse en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, a fines del próximo año. Resulta de capital importancia que los diferentes actores políticos, económicos y sociales de Rosario, Santa Fe y la de la República Argentina, en tanto país en desarrollo y cada vez más vulnerable a los efectos adversos de las modificaciones de los patrones climáticos globales, adviertan de la relevancia de estas discusiones, que aunque en apariencia lejanas, afectan -afectarán- a la vida cotidiana.
