Financiamiento verde en la Unión Europea

Sin duda, la situación internacional de los últimos años, posiciona al financiamiento verde como un actor de suma relevancia. Los recursos naturales más explotados son finitos y la forma en que generalmente son explotados no es sostenible. Pero ¿cuáles son los obstáculos que enfrentamos? No es solo el cambio en la forma de pensar y actuar de la población, sino también la habilidad de las personas para financiar estos cambios. Sin capital no hay inversión, sin inversión no hay cambio.

La situación actual es compleja, dado que en 2021 las emisiones de CO2 crecieron de manera abrupta, alcanzando 36,300 millones de toneladas según la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Esta situación no es casual, ya que la economía mundial necesitó un mayor uso de carbón para recuperarse del impacto que el COVID-19 causó el año anterior. El problema es que no ha sido una recuperación sostenible, dado que se priorizó la estabilidad financiera de las empresas por sobre la salud de nuestro ecosistema. Un ejemplo de ello es el incremento del uso del carbón cuando el gas tiene un precio muy elevado; en este caso, la solución debería focalizarse en trasladar el consumo energético a fuentes de energía más económicas y menos contaminantes.

Sin embargo, no todas son malas noticias, dado que la producción de las economías avanzadas volvió a sus niveles pre-pandémicos, pero las emisiones de CO2 no volvieron a sus niveles anteriores, sino que disminuyeron, lo cual indicaría un cambio estructural. Por ejemplo, Estados Unidos tuvo emisiones 4% inferiores al 2019, la Unión Europea emisiones 2.4% más bajas que en 2019 y Japón emisiones 2.7% inferiores a las del 2020. Esto evidencia que el número per cápita de emisiones de gases de efecto invernadero de las economías desarrolladas se encontraría por debajo de la media, con 8.2 toneladas per cápita.

Es debido a estos hechos que se destaca la importancia del financiamiento verde a nivel global, dado que en el momento en que las empresas de países industrializados implementen este tipo de iniciativas y las mismas se vuelvan rentables, se querrán expandir estos modelos de negocios a otros países, como por ejemplo, las economías en vías de desarrollo.

Una cuestión que podría complejizar la puesta en marcha de las finanzas verdes a gran escala son sus costos de implementación. Solo en el acuerdo de París, en 2015, los países presentes se comprometieron a movilizar 100 mil millones de dólares para el año 2020, para acciones de mitigación. Esto no se cumplió, mayoritariamente debido a la crisis ocasionada por la pandemia. Mediante este caso, podemos ver que uno de los fallos estructurales de este modelo de financiamiento es que no es suficiente con pedir a los gobiernos que resuelvan esta problemática por sí solos, dado que son vulnerables a sufrir crisis económicas cíclicas y estacionales, que limitan su capacidad de financiar una transición económica verde. Para crear un cambio duradero se debe atraer al capital privado, ya sea a través de incentivos fiscales, subvenciones o cualquier tipo de herramienta que atraiga inversiones, porque resulta contradictorio querer y poder hacer un cambio global sin un componente tan crucial como este.

Sin embargo, lo que numerosas veces ahuyenta al capital privado de las finanzas verdes no son necesariamente las presiones políticas ni sociales, ni tampoco el hecho que sean inversiones cuyos frutos se puedan observar recién en el largo plazo; sino que el principal factor que aleja al mismo de estos sistemas sostenibles es, según Sandra Guzmán ,fundadora y coordinadora de la Agenda Internacional del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC), el alto costo de implementación, el cual ronda aproximadamente en un 10%.

Por otro lado, según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) “el financiamiento climático es cualquier tipo de financiación local, nacional o transnacional que se usa para apoyar e implementar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático”. Ese financiamiento, como plantea la Convención, puede provenir de diferentes fuentes: públicas, privadas y alternativas, tales como:

• Los bonos climáticos o bonos verdes: un tipo de préstamo utilizado para financiar proyectos que abordan el cambio climático. La deuda debe ser pagada en un plazo de tiempo y a un interés determinado.
• El co-financiamiento: financiamiento conjunto entre dos entidades que trabajan para financiar un proyecto que trabaje para mitigar el cambio climático.
• Canjes de deuda: es la venta de una parte de la deuda externa a cambio de inversión en actividades relacionadas con el cambio climático.

En función de ello, ¿qué acciones se están tomando desde las instituciones europeas para promover el financiamiento verde? En diciembre de 2019, se aprobó en la Comisión Europea el llamado “Pacto Verde” o “European Green Deal”. Este consiste en una serie de medidas que pretenden luchar contra el cambio climático a largo plazo, con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% antes de 2030. Esto le permitiría convertirse en el primer continente climáticamente neutro para 2050. El Pacto Verde se propone, además, como una oportunidad para construir un nuevo modelo económico tras la crisis del COVID-19, ya que crearía nuevos empleos y disminuiría la desigualdad energética. El plan establecido recoge medidas que incluyen: generar transporte sostenible, limpiar el sistema energético, restaurar la naturaleza y biodiversidad, mejorar la salud de las personas y del planeta y, finalmente, impulsar la acción global.

Para finalizar, es importante reflexionar sobre el impacto que estas medidas podrían tener en latinoamérica. Las más importantes tendrían que ver con la regulación del mercado agroalimentario, por ejemplo, a partir de la prohibición de ciertos pesticidas usados actualmente en gran parte de la industria agraria. Esto podría aumentar los costes de producción, por lo tanto los precios de los alimentos, y requeriría cambios en un sector muy importante. Mirando el lado más positivo, Europa busca socios en América Latina que ayuden con los objetivos establecidos para 2030 y 2050, siendo uno de ellos la conservación de la selva amazónica, la cual es extremadamente importante para la descarbonización y la protección de la biodiversidad. Los posibles acuerdos entre Europa y Latinoamérica son cruciales para liderar la transición económica hacia una economía sostenible, concretamente de cara a la COP15 sobre biodiversidad que se celebrará el próximo mes de octubre en China.