Entrevista con Juan Facciano, presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables

La utilización de energías renovables en los procesos productivos es una práctica que poco a poco gana cada vez más terreno en el mundo. En vistas de la situación de crisis climática y del papel que pueden llegar a tener las energías renovables para atenuar sus impactos negativos, la diversificación de las matrices productivas para dar lugar a la incorporación de las mismas se ha tornado un aspecto altamente necesario
29 de diciembre 2022 · 11:33hs

Santiago Sosa

Área de Relaciones Internacionales FNGA

Dentro de la familia de las energías renovables se destacan los biocombustibles, combustibles obtenidos a partir de fuentes renovables, como pueden ser semillas o plantas. Son de combustión limpia, afectan favorablemente a la reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) debido a su bajo nivel de emisiones y son fáciles de transportar, lo cual juega a favor para el aumento de su demanda y la consecuente reducción de la demanda de petróleo. Contribuyen, además, a generar nuevos puestos de trabajo y nuevas industrias, lo que da cuenta de que acarrean beneficios no sólo a nivel ambiental, sino también a nivel socioeconómico. En Argentina existen actualmente 51 empresas elaboradoras de biocombustibles.

El bioetanol, el biogás y el biodiésel (elaborado a partir de semillas y lípidos naturales combinados con alcohol) son ejemplos de biocombustibles. En nuestro país, el sector de biodiésel en particular ha tenido un amplio desarrollo desde su surgimiento en 2007. De acuerdo con datos publicados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, la Argentina cuenta con una capacidad de producción de aproximadamente 4.6 millones de toneladas por año, habiéndose consolidado como uno de los cuatro principales países productores de biodiesel a nivel mundial y como uno de los dos primeros exportadores mundiales.

Para conocer más sobre el tema, entrevistamos a Juan Facciano, presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (CASFER), acerca de la industria de biocombustibles en general y del biodiésel en particular, sus potencialidades y ventajas.

1) ¿Qué es CASFER?

La Cámara Santafesina de Energías Renovables es una entidad que representa a la totalidad de las elaboradoras PyMEs de biocombustibles de la provincia de Santa Fe, pero que también se constituyó con el objetivo de promover y contribuir al desarrollo de la industria de las energías renovables en el ámbito de la provincia, no sólo de las bioenergías, sino también de otras fuentes de energía de origen renovable, tales como la energía eólica, energía solar fotovoltaica, biogás y biomasa.

2) ¿Qué aportan los biocombustibles -entre ellos, el biodiesel- a la Argentina en materia de inversiones y empleo?

La producción y utilización de biocombustibles, entre ellos, el biodiesel, contribuyen al desarrollo de las economías regionales, agregando valor en origen (industrialización de la ruralidad), sustituyendo importaciones, diversificando y complementando la matriz energética a través de combustibles de origen nacional y renovables, preservando el ambiente y la salud pública.

En materia de biodiesel, nuestro país, además de ser uno de los principales productores y exportadores, se caracteriza por tener una industria segmentada y con distribución federal, con 33 plantas que suman una capacidad de producción instalada superior a las 4.300.000 toneladas anuales, que demandaron inversiones superiores a los US$ 2.000 millones, localizadas en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, San Luis y Santiago del Estero.

Ningún otro país productor de biodiesel tiene la segmentación (grandes, medianos y pequeños productores) y distribución que posee la Argentina.

Dentro de la distribución geográfica de la industria del biodiesel en nuestro país, resulta necesario mencionar la importancia de la provincia de Santa Fe, no sólo por la cantidad, capacidad y segmentación de las plantas, sino también por la ubicación de las mismas (Arroyo Seco, Alvear, Roldán, San Lorenzo, Puerto General San Martín, Piamonte, Sa Pereira y Calchaquí).

Casi el 80% de la capacidad de producción de biodiesel del país se encuentra en la provincia de Santa Fe, convirtiéndola en la cuarta provincia generadora de energía después de Chubut, Neuquén y Mendoza, si la calculamos en “barriles”, como la industria de los hidrocarburos.

En materia de sustitución de importaciones -con el consiguiente ahorro de divisas-, es importante mencionar que nuestro país importa más del 30% del gasoil que consume. Durante 2020 -año de pandemia- se importaron 2.2 millones de metros cúbicos de gasoil, por un valor de 860 millones de dólares, mientras que en 2021 la cifra ascendió a 3.9 millones de dólares, y al mes de agosto de 2022 se llevaban importados 3.9 millones de metros cúbicos de gasoil por 3.143 millones de dólares.

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La producción de biocombustibles en general, y del biodiesel en particular, juega un rol fundamental en el entramado productivo de la cadena de agregado de valor de la agroindustria (de la soja en el caso del biodiesel, y del maíz y de la caña de azúcar para el bioetanol). La industria del biodiesel tiene un enorme papel, motorizando el desarrollo de industrias vinculadas. Por ejemplo, aguas abajo, impulsa el crecimiento de la industria de la glicerina y derivados. A través de nuevos usos surgidos durante los últimos años, la glicerina ofrece múltiples alternativas de equilibrio, tales como la producción de plásticos biodegradables, alimentación animal, pasta dental, explosivos, cosmética o la formulación de químicos. En el caso de aguas arriba, se genera demanda sostenida de químicos como el metanol o el metilato, con capacidad de producción doméstica.

La producción de biocombustibles constituye una fuente generadora de empleo genuino y calificado, que va más allá de la producción en sí de éstos, dando origen y/o potenciando el desarrollo de otras industrias (metalmecánica, aceiteras a prensa, empresas de transporte, desarrollo de nuevas aplicaciones tecnológicas al servicio del sector, etc.).

3) ¿Cuáles son las ventajas ambientales del uso de biocombustibles?

La utilización de biocombustibles genera un ahorro en la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) superior al 70%, y en algunos supuestos de biocombustibles de segunda generación el ahorro es superior al 90%.

En materia ambiental, la utilización de los biocombustibles contribuye al cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos por nuestro país y vinculados a la mitigación de los efectos del cambio climático. A modo de referencia, podemos mencionar que, a través de cuatro leyes nacionales, nuestro país asumió fuertes compromisos vinculados a la mitigación de los efectos del cambio climático, a saber: Ley Nº 24.295 de 1993, por la que se aprobó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; Ley Nº 25.438 de 2001, por la que se aprobó el Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrado en 1997 y convertido en tratado internacional el 16 de febrero de 2005; Ley Nº 27.270 de 2016, por la que se aprobó el Acuerdo de París, celebrado en el Marco de la XXI Cumbre de Cambio Climático en diciembre de 2015 y ratificado en la sede de la Organización de Naciones Unidas en abril de 2016; y Ley Nº 27.250, de 2019, por la que se establecieron los Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.

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4) ¿Cuál es el potencial de la industria?

El potencial de la industria de los biocombustibles debe ser aprovechado al máximo de su capacidad y factibilidad técnica, económica y ambiental, tanto por el Estado nacional como por las provincias.

Para ello, es necesario incrementar los porcentajes actuales de corte automotor, promoviendo la utilización de mayores porcentajes de corte o biodiesel en estado puro (100%), tanto de primera como de segunda generación, e incursionar en nuevos nichos de mercado, tales como el transporte de carga y pasajeros, maquinaria vial y agrícola, minería, ferrocarril, transporte fluvial y marítimo, aviación y generación eléctrica.

Por otra parte, es necesario que las provincias también regulen, reglamenten y promuevan el uso local de biocombustibles, independientemente de los mandatos nacionales.

5) ¿Qué necesita el sector? ¿Cuáles son los actuales problemas coyunturales del mismo?

Al tratarse de una actividad regulada por el Estado nacional y ser una industria de capital de trabajo intensivo, el sector requiere:

  • Previsibilidad y seguridad jurídica, especialmente en lo que se refiera a los mecanismos de determinación y publicación periódica de precios, y que los mismos garanticen poder cubrir los costos y una rentabilidad razonable.
  • Que el Estado nacional, conjuntamente con las provincias, retome la promoción de la industria de los biocombustibles, a través de políticas de Estado de alcance federal.
  • Medidas concretas para incrementar los mandatos de corte actuales y la apertura de nuevos nichos de mercado.
  • Igualdad de trato para todos los jugadores de la industria de la energía.

6) ¿Qué está haciendo CASFER para potenciar la producción y las inversiones, y generar más empleos verdes?

El aporte de CASFER consiste en continuar trabajando para demostrar las razones de triple impacto (ambiental, social y económica) que justifican la necesidad y conveniencia de una mayor utilización de biocombustibles en beneficio del país, la industria, la comunidad, el ambiente y la salud pública.

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ARTÍCULO 2

Título: Ambiente convocó a una consulta pública en torno a la deuda medioambiental

Lucía Salvalaggio

Área de Comunicación de la FNGA

A un año de la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible lanzó una audiencia popular virtual a fin de involucrar a la sociedad civil en cada uno de sus puntos. La misma estará disponible hasta el 19 de diciembre.

El 28 de noviembre, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación anunció a través de la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación la realización de una audiencia pública en torno a la implementación del Acuerdo de Escazú en Argentina, a un año de su entrada en vigor.

La mencionada consulta popular tiene por objeto sumar la voz y los aportes de la sociedad civil a este proceso a partir de la generación de un debate pluralista sobre la base de 6 grandes ejes: gobernanza; creación y fortalecimiento de capacidades; derecho a acceder a información pública ambiental; participación pública en los procesos de toma de decisiones; acceso a la justicia en cuestiones ambientales; y personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.

Asimismo, esta instancia cuenta con un diagnóstico sobre el estado de implementación de las disposiciones del acuerdo en nuestro país, incluyendo un exhaustivo análisis normativo a nivel nacional y provincial, junto con entrevistas a actores clave provenientes del ámbito público nacional, organizaciones de la sociedad civil, universidades y representantes del sector privado, quienes brindaron información sobre el ejercicio actual de los derechos de acceso y sobre las oportunidades y desafíos que se presentan en territorio nacional y regional para su plena garantía. Paralelamente, a fin de completar el diagnóstico, Ambiente convocó un proceso de consulta a gobiernos jurisdiccionales.

La audiencia, que ya está disponible, se extenderá hasta el 19 de diciembre, y se podrá participar accediendo a través de la página web, donde se podrá optar por uno o más ejes de debate, a partir de los cuales los participantes votarán el orden de preferencia de las opciones dispuestas por el gobierno en cuanto a las formas de implementación del acuerdo.

Sobre el Acuerdo de Escazú

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, es el primer acuerdo regional ambiental de la región y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Su nombre deriva de la ciudad costarriqueña homónima en la cual fue firmado inicialmente tras seis años de negociaciones el 4 de marzo de 2018, año en el cual 24 países de América Latina y el Caribe se suscribieron a él.

Particularmente, la República Argentina aprobó el presente acuerdo mediante la Ley 27.566 en 2020, presentando su instrumento de ratificación el 22 de enero de 2021, confirmando formalmente su compromiso de trabajar proactivamente en el cumplimiento de las disposiciones previamente pactadas. La Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, a cargo de Cecilia Nicolini, fue designada como punto focal técnico para su implementación en el país.

A la fecha, otros 12 países de la región ratificaron el acuerdo: Antigua y Barbuda, Bolivia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y Las Granadinas, San Cristóbal y Nevis, Santa Lucía y Uruguay.

El Acuerdo de Escazú tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva de los Derechos de Acceso a la Información Ambiental en la región, así como también se propone crear y fortalecer las capacidades de negociación y cooperación de los actores ambientales, fomentar la participación pública en el proceso de toma de decisiones y favorecer el acceso a la justicia en asuntos ambientales, a partir de la consolidación de instrumentos legales que permitan la protección y seguridad jurídica de los defensores ambientales.

Este no tiene carácter punitivo ni atenta contra la soberanía de los Estados firmantes, puesto que se basa en el principio de cooperación entre las partes y no está sujeto a ningún órgano judicial internacional.

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ARTÍCULO 3

Título: Ley de envases: se reanuda la controversia en la Cámara de Diputados

Tras haber caducado en el 2021, nuevamente se discute en el Congreso Nacional el proyecto de ley que busca regular la gestión de los envases incluyendo a los recicladores urbanos.

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El proyecto de ley de envases, promovido por el oficialismo y por organizaciones sociales tales como la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, volvió a ser discutido en una reunión informativa el pasado 15 de noviembre en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, presidida por Leonardo Grosso (Frente de Todos).

Durante el 2021, el Frente de Todos había logrado un dictamen tras el aval de las Comisiones de Recursos Naturales y de Presupuesto, pero éste nunca llegó a someterse a votación en el recinto y caducó en diciembre, debido a la renovación de la Cámara. El proyecto, nuevamente presentado, generó grandes controversias, ya que parte de la oposición, el sector empresarial y algunos gremios advierten que se trata de un "impuestazo encubierto" que generará mayor inflación y desempleo, y que busca generar una caja "enorme" para destinar fondos entre "municipios amigos que, a su vez, la reparten con las organizaciones amigas".

Estas críticas se sostienen sobre la intención de la ley de crear una tasa ambiental, que deberá ser afrontada por los productores responsables de los envases puestos en el mercado para la generación de un sistema propio de recolección y reutilización. Esa tasa sería de hasta el 3%, y con lo recaudado se crearía un fideicomiso administrado por el Banco Nación. Ya durante la discusión en comisiones del año pasado, varios diputados y sectores empresariales se posicionaron en contra. El ahora exdiputado Gustavo Menna (UCR) fue uno de los más críticos, ya que según él, el texto no deja en claro cómo se distribuye el dinero recaudado a partir de esa tasa. "En teoría, va a los municipios pero se desconoce en función de qué y qué va a pasar con los municipios que no tengan recuperadores". Asimismo, el diputado Luciano Laspina (PRO) sostuvo en su momento que "es un impuesto y no una tasa de asignación específica de supuesto reciclado que va a concentrar el Estado nacional, casi sin participación de las provincias. Muy pocos países del mundo aplican una tasa como este proyecto, los demás países tienen un sistema de gestión público-privada".

En cuanto al sector privado, ya en el tratamiento en comisiones del 2021, la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol se mantuvo reticente frente a esta legislación. Florencia Canzonieri, directora ejecutiva de esa cámara, planteó: "No estamos de acuerdo en crear un nuevo tributo, ni nos parece que los fondos los maneje exclusivamente el Estado, (pero) sí (podría llevarse a cabo) con una administración mixta". A su vez, la Federación Argentina de Trabajadores de Aguas, Gaseosas y Afines (FATAGA) también se posicionó cuestionando la medida: "Los trabajadores de FATAGA adhieren a los esquemas de reciclaje inclusivo, pero advierten que la tasa que se quiere aplicar para financiar esa actividad redundará en mayores costos de producción e inevitables incrementos de precios".

Desde el oficialismo, los argumentos son otros: sostienen que este proyecto promueve una gestión ecológica de los envases en todo el país, para reducir su impacto sobre el medio ambiente y también sobre la población que se dedica al reciclado. Natalia Zaracho, cartonera, activista social y diputada nacional del Frente Patria Grande (FdT), reclamó por la sanción de esta ley y dijo que "la tasa del 3% queremos que vaya exclusivamente para generar conciencia ambiental y fortalecer los espacios que viene teniendo la tarea del reciclado". Asimismo, frente a las críticas, el Frente de Todos defendió el proyecto aludiendo a que "una tasa no es un impuesto, es el pago que se realiza por un servicio. Si estamos de acuerdo que el servicio de reciclado de envases es una necesidad, eso tiene un costo que debe ser financiado", y remarcó que las empresas tienen una alternativa frente al pago de la tasa ambiental: generar envases retornables y ocuparse del depósito, devolución y retorno.

Por otro lado, el proyecto se fundamenta, más allá de los objetivos ambientales, en la inclusión social de los trabajadores cartoneros, prometiendo mejorar las condiciones laborales de los recicladores urbanos. Sobre esto, Menna planteó que "tampoco les resuelve nada, porque el proyecto dice sólo retóricamente que tienen derechos, pero (en la práctica) no les dan ni una ART".

Este contexto controversial en torno a la ley de envases abre la puerta al análisis de qué tipo de legislación ambiental queremos como sociedad. Es importante tener en cuenta que, en un país con problemas socioeconómicos estructurales como es el caso de Argentina, la legislación ambiental debe ser acordada con el sector productivo y la sociedad civil, y debe garantizar que no se incrementen los costos de producción, para que no termine afectando a los consumidores. Asimismo, la transparencia es otro factor clave a considerar: si el Estado está implicado en los procesos de gestión ambiental, debe poder dar cuenta de todos los detalles de su accionar, con información pública y efectivo control de la ciudadanía.

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