Hay acuerdos que se firman y acuerdos que se cumplen. El que el MERCOSUR suscribió el 16 de septiembre de 2025 en Río de Janeiro con los cuatro países de la Asociación Europea de Libre Comercio –Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein– pertenece, por ahora, a la primera categoría. Fue firmado en representación de Argentina por el canciller Gerardo Werthein, junto a sus pares de Brasil, Uruguay y Paraguay. Lo que viene después –ratificación parlamentaria, implementación, adaptación productiva– es donde se juega si este tratado transforma realidades o queda como un hito diplomático sin correlato en la economía real.

Para Santa Fe, la respuesta a esa pregunta no es neutral. La provincia genera el 78% de las manufacturas de origen agropecuario que se embarcan desde Argentina. Eso la convierte, automáticamente, en una de las jurisdicciones con más para ganar –y, si no se prepara, también más para perder.

Un acuerdo que no es solo de aranceles

Lo primero que hay que entender del MERCOSUR-EFTA es que no se trata de un tratado comercial convencional. Como acuerdo de base amplia, cubre comercio de bienes, servicios, inversiones, propiedad intelectual, compras gubernamentales, competencia, barreras técnicas al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, y un capítulo específico sobre comercio y desarrollo sostenible. Ese último capítulo no es decorativo: a diferencia de lo que ocurre en muchos tratados donde las cláusulas ambientales funcionan como ornamento diplomático, aquí las partes asumieron compromisos verificables en materia de clima, biodiversidad, gestión de recursos naturales y estándares productivos. Son obligaciones que condicionan el acceso a los beneficios arancelarios, no declaraciones de buenas intenciones.

Lo que el capítulo ambiental dice –y lo que exige

Los mercados de Suiza, Noruega o Islandia no son neutros en sus exigencias: tienen consumidores informados, regulaciones estrictas y gobiernos que han condicionado sus tratados comerciales al cumplimiento de compromisos ambientales verificables. No se trata de una preferencia cultural ni de marketing: está escrito en el texto del acuerdo.

El Capítulo 13, dedicado a Comercio y Desarrollo Sostenible, establece compromisos que merecen leerse en detalle. Las partes se obligan a implementar de manera efectiva el Acuerdo de París y la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático –no simplemente “adherir” o “respetar”, sino implementar–, reconociendo que el comercio debe contribuir activamente a la lucha contra el calentamiento global.

En materia forestal, las obligaciones son igualmente concretas: combatir la deforestación, promover la certificación de bosques y garantizar la trazabilidad en el comercio de madera y productos derivados. En 2020, EFTA incorporó nuevas disposiciones en su modelo de capítulo de desarrollo sostenible sobre gestión forestal, cambio climático, biodiversidad, pesquerías y acuicultura, agricultura y sistemas alimentarios sostenibles, y conducta empresarial responsable, y el acuerdo con el MERCOSUR adopta todas ellas.

Hay una cláusula que merece atención especial por su concreción: el tratado integra compromisos para eliminar gradualmente el uso de promotores de crecimiento hormonales en la carne. Para Argentina, cuya ganadería no depende de esas prácticas en la medida en que lo hace Brasil –la carne argentina ya es históricamente más limpia en ese aspecto–, este punto no es una carga sino una ventaja comparativa. Quien ya produce bien, tiene menos que ajustar y más para mostrar.

El acuerdo crea además mecanismos de diálogo en materia de bienestar animal, biotecnología, límites máximos de residuos de plaguicidas y resistencia antimicrobiana. También incorpora el reconocimiento del conocimiento tradicional de comunidades locales y pueblos indígenas, y compromisos en materia de biodiversidad y participación femenina en el comercio internacional.

Una dimensión frecuentemente subvalorada es la del principio de no regresión: las partes se comprometen a no bajar sus estándares ambientales o laborales para ganar competitividad comercial. Para Argentina, eso implica un compromiso institucional que requiere continuidad independientemente del color político de cada gobierno. Es una cláusula que obliga hacia adelante, no solo hacia afuera.

Para el productor que ya trabaja en buenas prácticas agronómicas, ese conjunto de exigencias no es un impedimento: es el argumento de venta. El problema surge cuando la certificación no existe, cuando la trazabilidad es precaria o cuando la documentación ambiental es inexistente. En esos casos, el precio preferencial del acuerdo no alcanza si la puerta de entrada sigue siendo la misma que para quien no cumple.

¿Estamos preparados?

La pregunta incómoda es esta: ¿puede el sistema productivo santafesino y argentino responder a esa demanda de credenciales ambientales con lo que tiene hoy?

La respuesta sincera es: en parte sí, en parte todavía no.

A favor, Santa Fe cuenta con capacidad productiva, infraestructura logística –el Puerto de Rosario sigue siendo el corredor de salida más importante de la agroindustria sudamericana–, instituciones académicas y científicas de primer nivel, y un entramado industrial que ya exporta con estándares de calidad reconocidos internacionalmente. Suiza es uno de los principales inversores en Argentina: solo en el primer trimestre de 2025, las inversiones directas alcanzaron los 916 millones de dólares. Eso indica que el interés existe, y que la relación no empieza de cero. Noruega, por su parte, cuenta con el fondo soberano más grande del mundo, superior a los dos billones de dólares, e invierte en más de 7.200 empresas a nivel global. Que ese capital empiece a mirar proyectos productivos en el sur del MERCOSUR no es una hipótesis improbable: es una consecuencia lógica del marco que acaba de firmarse.

Además, ocho de los diez principales productos que Santa Fe exporta están contemplados en el acuerdo, lo que genera oportunidades directas de desarrollo. Y el primer país del MERCOSUR en ratificar el acuerdo tendrá derecho a utilizar el 100% de las cuotas negociadas hasta que el resto de los socios se incorporen.

En contra, persisten debilidades estructurales que ningún tratado resuelve por sí solo. La certificación ambiental de las cadenas productivas es todavía fragmentaria. El monitoreo de huella de carbono en el agro es incipiente. Los biocombustibles –uno de los sectores con mayor proyección para Santa Fe– enfrentan el riesgo de ser clasificados por Europa como cultivos de alto riesgo por cambio indirecto de uso del suelo. Y la ratificación parlamentaria del acuerdo en Argentina sigue pendiente, en un contexto donde el Congreso tiene agenda propia y los tiempos institucionales raramente acompañan las urgencias comerciales.

Los puntos críticos del debate

Sería deshonesto presentar este acuerdo como una oportunidad sin tensiones. Algunos análisis independientes advierten que un aumento del comercio bilateral podría incrementar las emisiones agregadas si no se acompaña de cambios reales en los modos de producción. Un estudio publicado en Environmental Sciences Europe proyectó que el comercio adicional bajo el acuerdo podría generar incrementos en las emisiones de CO2e tanto en los países EFTA como en el MERCOSUR. Cifras acotadas en términos globales, pero que ponen el dedo en la llaga: más volumen exportado sin transformación productiva no es sinónimo de desarrollo sostenible.

A eso se suma una crítica que los propios investigadores hacen sobre los capítulos de sostenibilidad en los acuerdos de libre comercio: tienden a reiterar obligaciones de acuerdos multilaterales preexistentes sin establecer mecanismos de sanción efectivos cuando esas obligaciones no se cumplen. El capítulo prevé consultas y paneles de expertos, pero no penalidades comerciales automáticas. Esa es una limitación real que el entusiasmo diplomático no debería ocultar.

Frente a estas tensiones, el camino no pasa por rechazar el acuerdo –hacerlo sería un lujo que Argentina no puede permitirse en el actual contexto geopolítico y económico– sino por entender la apertura de mercados como el incentivo concreto para acelerar la transición hacia una agroindustria con menor huella ambiental, mayor valor agregado y cadenas productivas verificables. El tratado es una condición necesaria, no suficiente.

Lo que Santa Fe puede hacer antes de que el Congreso se mueva

El Acuerdo MERCOSUR-UE, en vigor desde el 1 de mayo pasado, ya está enseñando una lección que conviene no ignorar: los sectores mejor posicionados no son los que esperaron a que el tratado entrara en vigencia para prepararse. Son los que anticiparon los estándares requeridos.

Con EFTA, la ventana temporal es ahora. Mientras Noruega y Suiza avanzan en sus procesos parlamentarios con la mira puesta en que el acuerdo esté operativo en los próximos meses, los países del MERCOSUR aún deben iniciar sus respectivos procesos de ratificación. Ese tiempo no es una demora: es una oportunidad concreta para que las empresas certifiquen sus procesos ambientales, para que el Estado diseñe programas de acompañamiento a pymes exportadoras, y para que las instituciones académicas y científicas de la región desarrollen protocolos de medición adaptados a nuestra realidad productiva.

EFTA reconocerá 108 indicaciones geográficas argentinas, como el cordero patagónico, vinos de Córdoba y La Rioja, y productos de la Patagonia. Que Santa Fe desarrolle las suyas, que certifique sus cadenas, que construya el relato verificable de cómo produce lo que produce, es una decisión que puede tomarse hoy, con o sin ratificación parlamentaria.

El mundo no va a esperarnos. Pero tampoco nos está pidiendo lo imposible: nos está pidiendo que hagamos bien lo que ya sabemos hacer, y que podamos demostrarlo.