El Acuerdo de Escazú volvió a ocupar un lugar central en la agenda ambiental regional tras la realización de su cuarta Conferencia de las Partes (COP4), celebrada del 21 al 24 de abril de 2026 en Nassau, Bahamas.

El nombre completo del tratado —Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe— refleja precisamente su espíritu. Adoptado en Escazú, Costa Rica, en 2018 y en vigor desde el 22 de abril de 2021, se convirtió en el primer acuerdo ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en incluir disposiciones específicas para la protección de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.

En la actualidad, el acuerdo cuenta con 24 firmantes y 19 Estados parte, entre ellos Argentina. Nuestro país ratificó el tratado en 2020, asumiendo desde entonces el compromiso de garantizar derechos fundamentales vinculados al ambiente: el acceso a la información pública ambiental, la participación efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones y el acceso a mecanismos de justicia cuando esos derechos son vulnerados.

Entre las principales decisiones adoptadas en la COP4 se destacan la creación del Grupo de Trabajo sobre Registros de Emisiones y Contaminantes y del Grupo de Trabajo sobre Acceso a la Justicia Ambiental, dos herramientas centrales para mejorar la calidad institucional y la capacidad de control ciudadano. También se aprobaron lineamientos metodológicos para que los Estados desarrollen hojas de ruta nacionales de implementación, con el objetivo de identificar brechas, definir prioridades y fortalecer procesos participativos.

Otro de los ejes relevantes fue el fortalecimiento de la cooperación internacional. Los países acordaron impulsar mayores sinergias entre el Acuerdo de Escazú y otros foros multilaterales ambientales, además de profundizar el trabajo conjunto con organismos del sistema de Naciones Unidas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que actúa como secretaría técnica del acuerdo, tendrá un rol clave en ese proceso.

La conferencia también dedicó un espacio importante a debatir la situación de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, un tema especialmente sensible en América Latina, considerada una de las regiones más peligrosas del mundo para quienes defienden territorios y recursos naturales.

Sin embargo, mientras la región define nuevas herramientas de implementación, la situación argentina genera preocupación entre organizaciones especializadas. Según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), si bien el país aprobó una hoja de ruta y un plan de implementación a fines de 2023, en la práctica los avances se encuentran paralizados.

Incluso distintas decisiones recientes encendieron alertas sobre posibles retrocesos. Entre ellas, el Decreto 780/2024, cuestionado por restringir el alcance del acceso a la información pública y ampliar márgenes discrecionales para limitar la entrega de información estatal. También se señalaron dificultades en procesos de participación ciudadana, como ocurrió en las audiencias vinculadas a modificaciones de la Ley de Glaciares.

La discusión que atraviesa hoy al Acuerdo de Escazú excede lo ambiental. Habla, en definitiva, de la calidad democrática de los países y de cómo se construyen las decisiones públicas en contextos de creciente presión sobre los recursos naturales. En tiempos donde la crisis climática exige respuestas rápidas, la transparencia, la participación y el acceso a la justicia aparecen cada vez más como condiciones necesarias —y no accesorias— para pensar un desarrollo sostenible en la región.