A finales del año 2022, puede haber pasado desapercibido este evento que todavía no cosecha la misma atención que la COP climática, pero cuya discusión resulta igual de importante. Para entender de dónde viene la COP15, cabe aclarar que COP es meramente el acrónimo en inglés de «Conferencia de las Partes». Se trata de conferencias de alto nivel organizadas por la ONU, la COP27 o climática se basa en la Convención Marco de Naciones Unidas en Cambio Climático, mientras que la COP15 en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD, por sus siglas en inglés), un tratado internacional de 1992 cuyo objetivo es conservar la diversidad biológica, promover la sostenibilidad de la diversidad biológica y mejorar el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos. Ha sido ratificado por 195 países, además de la Unión Europea, pero, por ejemplo, no por los Estados Unidos.
La COP de biodiversidad se celebra habitualmente cada dos años, pero su 15ava edición fue interrumpida por la pandemia. En 2020, debió realizarse en Kunming (China) pero el brote de coronavirus (COVID-19) postergó la realización del evento durante ese año, con un panorama que se complicó aún más con las políticas sanitarias adoptadas por el país asiático. Finalmente, se decidió que la reunión se celebre en dos partes: la primera, consistente en un segmento de alto nivel en línea, con una participación presencial limitada en Kunming, los días 12 y 13 de octubre de 2021; y la segunda parte, dispuesta también en formato presencial en la ciudad sede del CBD: Montreal (Canadá) del 7 al 19 de diciembre de 2022.
El lunes 19 de diciembre, los países lograron el consenso para el llamado Marco Mundial Kunming-Montreal para la Diversidad Biológica (también Marco Mundial para la Biodiversidad). El proceso de cuatro años de revisión y discusión encontró su fin luego de dos semanas de negociaciones con la versión final del documento. Era necesario renovar el compromiso que la misma COP había asumido para la década pasada en lo que se conoce como las "20 Metas de Aichi", que determinaron el horizonte de trabajo de la conservación entre 2010 y 2020. Con participación de delegaciones de gobierno y grupos de observadores que incluyeron organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas, jóvenes, científicos y organismos internacionales, se obtuvo como resultado un documento central con 14 páginas, cuatro objetivos y 23 metas para guiar la acción en esta década en pos de la protección y la conservación de la biodiversidad. Es importante distinguir que se trata de un marco y no de un acuerdo. La COP de biodiversidad, en ese sentido, todavía no logró lo que la COP climática consiguió en la adopción del Acuerdo de París en 2015. De está manera, el Marco acordado no es algo que los países deban llevar a sus congresos para ratificar y poner en vigor. Es un consenso de menor peso legal, pero que continúa siendo un paso en la dirección correcta.
El Marco Mundial Kunming-Montreal para la Diversidad Biológica tiene cuatro objetivos a largo plazo para 2050 relacionados con la Visión de la Diversidad Biológica, que abarcan principalmente: detener la extinción inducida por los seres humanos de las especies en peligro de extinción y reducir a la décima parte el ritmo y el riesgo de la extinción; mantener la diversidad genética y el potencial de adaptación de las especies silvestres y domesticadas, salvaguardando su potencial de adaptación; compartir de forma justa y equitativa todo beneficio de la utilización de los recursos genéticos e información de secuencias digitales sobre los recursos genéticos; y que los medios de implementación adecuados para aplicar plenamente el Marco sean accesibles de manera equitativa a todas las Partes, especialmente a los países en desarrollo y los pequeños Estados insulares en desarrollo.
Asimismo, se especifican 23 metas orientadas a la acción para adoptar medidas urgentes en el decenio hasta 2030. Entre ellas, se destaca la campaña que engloba las primeras tres metas, conocida como 30x30, que consiste en conservar efectivamente al menos el 30% de la superficie terrestre y acuática del planeta, a más tardar para el año 2030. “No es meter todo en una reglamentación de áreas protegidas duras, donde sea solamente el área sin gente, porque entonces estaríamos viviendo en un cuento”, explicó la diplomática colombiana Ana María Hernández, quien actualmente preside la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES). “Tenemos que trabajar conjuntamente con los pueblos, las comunidades y sus proyectos de vida. La meta del 30% es importante siempre que se haga de manera colaborativa con la gente”. Para entender la importancia de este compromiso, el objetivo "30x30" se puede considerar como el equivalente para la naturaleza a la meta histórica de reducción en 1,5 °C del calentamiento global.
Otra meta relevante consiste en lograr que las superficies dedicadas a la agricultura, la acuicultura, la pesca y la silvicultura se gestionen de manera sostenible, en particular a través de la utilización sostenible de la diversidad biológica, entre otras cosas, mediante un aumento sustancial de la ejecución de prácticas amigables con la diversidad biológica, tales como la intensificación sostenible, métodos arqueológicos y otros métodos novedosos, contribuyendo así a la resiliencia y al rendimiento de larga duración, así como también a la productividad de estos sistemas de producción y a la seguridad alimentaria, conservando y restaurando la diversidad biológica y manteniendo las contribuciones de la naturaleza a las personas, incluidos los servicios y las funciones de los ecosistemas.
Por otro lado, se busca aumentar significativamente la superficie y la calidad y conectividad de los espacios verdes y azules en zonas urbanas y densamente pobladas de manera sostenible, así como el acceso a ellos y los beneficios derivados de ellos, y lograr una planificación urbana atenta a la diversidad biológica, mejorando la diversidad biológica autóctona, la conectividad ecológica y la integridad.
El Marco Mundial de la Biodiversidad incluye también un esquema de movilización de recursos, un marco de monitoreo, mecanismos para la presentación de informes y desarrollo de capacidad y cooperación científica y técnica e información digital sobre secuencias de recursos genéticos, entre otros elementos. Es importante destacar esto último, ya que el texto sostiene que la implementación del Marco será respaldada por las decisiones pertinentes adoptadas en relación al plan de aplicación para el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología.
Inger Andersen, Directora Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), resaltó que la clave a partir de ahora es la implementación: “El éxito se medirá en términos de nuestro progreso rápido y consistente en la implementación de lo que hemos acordado. Todo el sistema de las Naciones Unidas está orientado a apoyar su implementación para que podamos realmente hacer las paces con la naturaleza”.
Así, la presión se hizo sentir en un aspecto clave para lograr implementar las metas a 2030: el financiamiento. Considerando el hecho de que la CBD es la única de “las tres cumbres de Río” de Naciones Unidas que no cuenta con un fondo exclusivo, y sumado el antecedente del arreglo para Pérdidas y Daños recién adoptado en la COP climática, los países latinoamericanos y africanos abocaron por aumentar el compromiso. Por un lado, se solicitó que el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) estableciera un fondo fiduciario especial (el Fondo del Marco mundial de la diversidad biológica) con el objetivo de apoyar la aplicación del Marco, asegurar flujos financieros de manera suficiente, previsible y oportuna. La otra propuesta fue la de crear un fideicomiso dentro del GEF, lo cual podría movilizar financiamiento más rápidamente, que finalmente quedó plasmada en el paquete de acuerdos que salió de Montreal. La posibilidad de crear un nuevo fondo queda abierta a la discusión en la próxima COP de biodiversidad, que se realizará en Antalia (Turquía) a finales del año 2024.
La Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica describe en su Resumen para los responsables de formular políticas, titulado “Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica”: “La pandemia de enfermedad por COVID-19 ha puesto de relieve aún más la importancia de la relación entre las personas y la naturaleza y nos recuerda a todos las profundas consecuencias para nuestro propio bienestar y supervivencia que pueden ocasionar una continua pérdida de diversidad biológica y degradación de los ecosistemas. Recorrer las diversas vías disponibles hacia la visión para 2050 implica considerar los múltiples aspectos de nuestra relación con la naturaleza y la importancia que le damos a ella. Las soluciones necesitan buscar un enfoque integrado que aborde simultáneamente la conservación de la diversidad genética, las especies y los ecosistemas del planeta; la capacidad de la naturaleza para ofrecer beneficios materiales a las sociedades humanas; y las conexiones menos tangibles pero altamente valoradas con la naturaleza que ayudan a definir nuestras identidades, culturas y creencias”.
La representación argentina expresó durante el segmento de alto nivel: “Somos el pulmón verde del planeta y queremos seguir siéndolo. Es necesario que se reconozcan los servicios ecosistémicos que brindan los ecosistemas de los países en desarrollo, porque sin nuestros bosques, humedales, glaciares y mares, el mundo no sería el mismo”.
Se denota, entonces, como una discusión que puede aparentar ser lejana, al fin y al cabo, es una de las consignas que resuena en las voces y en los carteles de las manifestaciones ambientales de nuestra región, que la resumen de la mejor manera posible: “Ni una especie menos, ni un grado más”.
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FARN: una organización comprometida con la justicia ambiental en Argentina
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La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) es una organización ambiental argentina, no gubernamental, sin fines de lucro y apartidaria, fundada en 1985. Su objetivo es promover el desarrollo sostenible a través de la política, el derecho y la organización institucional de la sociedad. Su foco está puesto en litigios estructurales y estratégicos, que logren cambiar el rumbo de las políticas públicas de daños ambientales actuales y potenciales para así mejorar la vida de las personas.
La participación de la ciudadanía es un pilar sobre el que se sostiene cada una de las acciones que realiza la Fundación. En función de ello, promueve e impulsa el cumplimiento efectivo del acceso a la información pública y a la justicia, que son las herramientas que le permiten a las personas cumplir y hacer cumplir las leyes, consensuar políticas y garantizar que se destinen recursos para prevenir los problemas ambientales.
La organización trabaja sobre problemáticas sociales y ambientales que inciden directamente en la vida de las personas y que están estrechamente vinculadas entre sí:
- Humedales. FARN acompaña e impulsa el reclamo por la sanción de una Ley de Humedales que proteja a estos ecosistemas, el cual data ya desde hace más de 10 años. Además, acompaña desde el 2010 a las 33 comunidades de la cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc (provincias de Salta y Jujuy) en la defensa de su territorio contra la megaminería de litio.
- Saneamiento del Río Matanza-Riachuelo. FARN mantiene su compromiso con el saneamiento del Riachuelo, zona en la que viven aproximadamente 8 millones de personas, hace más de veinte años. Integra, además, el Cuerpo Colegiado que controla la ejecución de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia en 2008.
- Biodiversidad. FARN es parte del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, una red internacional que promueve la creación de nuevas áreas marinas protegidas en Argentina, desde hace más de una década.
Proteger al ambiente y defender los derechos de las personas son causas que FARN impulsa en red con organizaciones locales, nacionales e internacionales. Acompaña comunidades, participa en acciones de protección en el 80% de las ecorregiones del país e interviene en decenas de casos de conflicto ambiental cada año. Además, está acreditada como organización observadora ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), las tres Convenciones de Río (Biodiversidad, Cambio Climático y Desertificación) y el Fondo Verde para el Clima.
Su trabajo es posible gracias a un equipo interdisciplinario y comprometido de cerca de 25 profesionales, y cerca de 20 voluntarios y alumnos que se forman en la Clínica Jurídica en Derecho Ambiental FARN-UBA. Las actividades de la Fundación se financian gracias al aporte de donantes individuales, empresas, fundaciones extranjeras y nacionales, como así también de organismos públicos nacionales e internacionales.
