Organizaciones de la sociedad civil manifestaron su rechazo a la reforma de la Ley de Glaciares que se debate en el Congreso y advirtieron sobre posibles consecuencias legales y ambientales si avanza el proyecto.

Durante la audiencia pública en la Cámara de Diputados, en la que hubo más de cien mil inscriptos, el Director de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli, calificó la iniciativa como “gravemente inconstitucional” y anticipó que “el resultado va a ser una judicialización”, especialmente si se transfieren competencias a las provincias para definir qué áreas deben protegerse. Además, advirtió que los glaciares “no son compatibles con la actividad minera” y destacó que el debate refleja una decisión “política” más que técnica.

En la misma línea, Sebastián Fermani, Director de Conservación de Fundación Vida Silvestre, expresó su “profunda preocupación” por la modificación de la ley, al considerar que representa “un retroceso en los umbrales de protección ambiental” y pone en riesgo un recurso estratégico para el país. También destacó que los glaciares aportan recursos a más del 36% de las cuencas hídricas del país, pese a ocupar sólo el 0,25% del territorio nacional. Fermani subrayó que, en un contexto de cambio climático, el debate debería enfocarse en fortalecer la protección ambiental y no en debilitarla, y remarcó que “es imposible sostener el crecimiento económico si los recursos naturales se degradan o se agotan”.

Las audiencias públicas, que se desarrollaron el 25 y 26 de marzo, reflejan la magnitud del debate social en torno a la protección de los glaciares y el futuro del desarrollo productivo en Argentina.