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Estatales cesanteados por la dictadura podrán reintegrarse

Santa Fe. — Empleados del Estado provincial que fueron cesanteados durante los años de la dictadura militar tendrán una nueva oportunidad de solicitar la reincorporación.

Jueves 10 de Enero de 2008

Santa Fe. — Empleados del Estado provincial que fueron cesanteados durante los años de la dictadura militar tendrán una nueva oportunidad de solicitar la reincorporación. Así lo dispone la ley 12.833 que la Legislatura sancionó el 29 de noviembre último, y que el gobernador Jorge Obeid promulgó días antes de terminar su mandato.

  La ley se originó oportunamente a raíz de una iniciativa del defensor del pueblo de la provincia, Carlos Bermúdez, quien había enviado en 2004 un proyecto de ley a las Cámaras acompañado de una resolución en la que aconsejaba a los legisladores que dieran lugar a la norma en respuesta a la presentación que en el organismo había efectuado un cesanteado por el último gobierno de facto.

 

Estado parlamentario. El proyecto de ley enviado por el defensor perdió estado parlamentario, pero luego fue rescatado por el diputado Roberto Mirabella y terminó convirtiéndose en la ley que promulgó Obeid. Desde entonces está corriendo el plazo de 90 días que se estipuló para que los interesados puedan solicitar su reincorporación a sus antiguos empleos.

  El proceso se inició en el 2003 cuando el abogado santafesino Carlos Aníbal Pacheco pidió la intervención de la Defensoría para subsanar lo que entendía era la persistencia de una situación de injusticia.

  Esta consistía en que con el retorno de la democracia existió en la provincia una ley, la 9.528 de fecha 26 de octubre de 1984, que facilitó a los empleados despedidos por la dictadura recuperar sus puestos, pero que esa norma tuvo escasa o nula difusión por lo que su eficacia quedó trunca y no alcanzó a quienes aún estaban fuera de la provincia o del país.

 

Viviendo afuera. Pacheco fue una de esas personas a las que los efectos de la ley 9.528 no alcanzaron por no encontrarse viviendo en el territorio provincial en el plazo que se preveía para hacer la gestión pertinente de la que el mencionado no se enteró siquiera.

  Por tal razón, el defensor del pueblo dictó el 22 de octubre de 2004 la resolución 336 teniendo en consideración no sólo la situación personal del presentante, sino también la de tantos otros ciudadanos que se encontraban atravesando similar situación y reparaba en el hecho de sostener que la norma no fue dada a conocer oportunamente, impidiendo este hecho, el ejercicio del derecho por ella conferido.

 

Reparar daño causado. Bermúdez coincidió en su resolución con desacreditar el axioma, según el cual el derecho se presume conocido por todos e interpretó que la voluntad del legislador en 1984 había sido reparar el daño causado por disposiciones emanadas del gobierno de facto durante el período 1976 a 1983.

  El diario de sesiones de la Cámara de Diputados del 2 de febrero de 1984 habló de "un acto de justicia" por lo que el defensor pidió en 2004 que se amplíe ese beneficio a aquellos que involuntariamente habían quedado al margen de dicha reparación y envió un proyecto para que reabriera el plazo de reingreso por 60 días.

  La ley, rescatada por Mirabella, aprobada el 29 de noviembre pasado y promulgada en los primeros días de diciembre último, fija ese plazo en 90 días que están actualmente corriendo.

  "Amplíase por el término de 90 días, a partir de la promulgación de la presente ley, el plazo estipulado en el artículo 11 de la ley 9.528, a efectos de realizar la presentación pertinente con el objeto de solicitar la obtención del beneficio de reintegro a la administración pública, ante el Ministerio o Secretaría de Estado que corresponda", dice su artículo primero.

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