Escenario

El bozal legal a la mucama de Mirtha, eje de una polémica

 El Inadi acusó hoy a la jueza civil Cecilia Federico de haber incurrido en “discriminación de clase” contra Rosita.

Jueves 26 de Abril de 2012

Buenos Aires.- El Inadi acusó hoy a la jueza civil Cecilia Federico de haber incurrido en “discriminación de clase” cuando puso un “bozal legal” a la mucama Lina Rosa Díaz, quien denunció que trabajó “en negro” durante 21 años para la actriz y ex conductora televisiva Mirtha Legrand.

El organismo argumentó que la medida cautelar dictada ayer por la magistrada contra Díaz, conocida como Rosita, sobre quien la ex conductora dijo que sólo servía en la mesa de sus almuerzos televisivos y que era empleada del canal que emitía el programa, “limita el derecho de una persona de condición humilde a expresar los posibles abusos laborales de que pudo haber sido víctima”.

Añadió que impone una “limitación del ejercicio de la libre expresión de ideas y opiniones, derecho ampliamente garantizado por nuestra legislación y la propia jurisprudencia vigente, en pos de reforzar la protección de la parte más poderosa de la relación asimétrica de empleo, la cual, paradójicamente, goza de amplio acceso a los medios de comunicación”.

“No podemos olvidar que las trabajadoras domésticas se encuentran entre los grupos más vulnerados en lo que a trabajo rentado se refiere, tratándose de una actividad que es comúnmente ejercida por mujeres de bajos recursos y/o migrantes”, advirtió el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).

El organismo, en un comunicado titulado “El Inadi expresa su preocupación por el 'bozal legal' de Mirtha Legrand a Lina Rosa Díaz”, agregó que “la diferente posición económica que media entre quien contrata y quien presta el servicio en el empleo doméstico trae aparejado muchas veces una discriminación de clase”.

En ese sentido, sostuvo: “En este caso, nos encontramos ante la parte vulnerable de una relación asimétrica que peticionó ante las autoridades el amparo de sus derechos, en un marco en el que, por lo general, las victimas carecen de los recursos económicos y/o el conocimiento sobre los derechos que los amparan”.

“Así, la denuncia pública efectuada por Díaz cumple, indirectamente, un importante rol de concientización sobre los derechos que amparan a las trabajadoras domésticas”, añadió.

Ayer, Federico emitió un fallo con el que prohibió a Díaz volver a mencionar a la actriz y comunicó su decisión “a todos los medios de comunicación para que se abstengan de reproducir las declaraciones ya efectuadas por la demandada”.

La medida cautelar sostiene que, si bien Legrand es “una persona pública de fama reconocida”, eso “no implica que su vida privada o situaciones domésticas tengan que ser difundidas a través de terceros sin su consentimiento”.

La magistrada adujo que “se impone proteger la intimidad de la actora (Legrand) sobre la posibilidad de que la demandada (Díaz) siga brindando información en la prensa, dado que no se trata de hechos de interés público”.

La jueza sostuvo que “el ejercicio del derecho de libertad de expresión e información no es absoluto en cuanto a las responsabilidades que el legislador pueda determinar a raíz de los abusos producidos mediante su ejercicio, sea por la comisión de delitos penales o actos ilícitos civiles”.

“En el presente proceso, se produce el enfrentamiento de dos derechos constitucionalmente resguardados: el derecho a la información de los medios y el de intimidad de las personas, y debe resolverse la cuestión ponderando los valores en juego y privilegiando uno sobre otro”, concluyó. (DyN)

¿Te gustó la nota?

Dejanos tu comentario