Legisladores santafesinos y entrerrianos del Frente Amplio Progresista (FAP) alertaron que no obstante la derogación de la polémica ley 10.092 de la vecina provincia, que establecía la explotación de las islas fiscales a través de una sociedad anónima promoviendo la siembra de arroz, se busca continuar la idea. "Pese al rechazo que generó la iniciativa para privatizar las islas fiscales, algunos funcionarios entrerrianos siguen buscando la manera de reflotar este proyecto", aseguró el diputado nacional santafesino Antonio Riestra.
Lo dijo en el marco de una reunión que mantuvo días atrás con los legisladores entrerrianos Enrique Fontanetto y María Emma Bargagna, para analizar la situación de las islas fiscales del Paraná. En este contexto, acordaron elaborar una agenda de trabajo común para "proteger, conservar y aprovechar de forma sostenible los recursos de este ecosistema".
"Nos preocupa que el gobierno de Entre Ríos no abandona la intención de explotar intensivamente las islas del Delta", acotó Riestra. Y es que días atrás, el propio Fiscal de Estado entrerriano, Julio Rodríguez Signes, dejó en claro que "seguimos trabajando a pesar de la derogación. A partir de ahora tenemos que discutir qué hacemos en el Delta, qué producimos, cómo lo producimos y con quién los producimos. Yo entiendo que tenemos que hacerlo con productores entrerrianos y con nuestros productos, porque no puede ser que haya un millón de hectáreas exclusivamente para ganadería", dijo para encender nuevamente la polémica.
Vale recordar que en el mismo proyecto que fue remitido a la Legislatura para que dejara sin efecto la norma de la polémica, se aclaró que "no dejaremos sumido en el abandono uno de los territorios más fértiles de la República Argentina, como ha ocurrido hasta ahora. Hacerlo, sería un atentado contra los intereses de la provincia, contra la oportunidad y la obligación moral de producir más alimentos para el mundo". Y reiteró su convocatoria "a todos aquellos sectores que de buena voluntad quieren aportar a estos objetivos a elaborar sus propuestas y proyectos".
Además, el primer mandatario entrerriano destacó la "necesidad imperiosa y cada vez más creciente de dar al agua dulce un mejor uso, justamente en la producción de alimentos, antes de que se pierda en el mar. Todo ello, reiteramos, en el marco de la preservación del medio ambiente".
Potestad. No antes sino después de la derogación de la ley 10.092 y en el propio texto del veto de ésta, el gobierno entrerriano dispuso la elaboración de un registro de inmuebles que pertenecen al dominio público y privado del Estado; profundizar las acciones penales y civiles contra los ocupantes ilegales de bienes del dominio público provincial y la revisión de la situación dominial de la totalidad de las tierras que componen el Delta entrerriano.
En este sentido, el fiscal de Estado señaló que en el humedal el gobierno de Entre Ríos posee más de 170 mil hectáreas, del millón que existen en el Delta de esta provincia. Especificó que en el departamento Victoria se registran 128.682 hectáreas fiscales y de éstas, 101. 578 están arrendadas o con permiso de uso; 20.365 están usurpadas o intrusadas con reclamo judicial por parte del gobierno y otras 6.740 en comodato. En el departamento Gualeguay, Entre Ríos posee otras 42.147 hectáreas, de las cuales 14.523 están alquiladas o con permisos de uso y 27.624 tienen intrusos o están en contienda judicial.
De lo detallado, se deduce que Entre Ríos posee exactamente 170.829 hectáreas fiscales y de éstas, 122.841 están arrendadas, en comodato o con permiso de uso y 47.989 están ocupadas ilegalmente.
Fallido. Cabe recordar que en un intento de volver productivas estas tierras, en 2004 el Estado entrerriano sancionó la ley 9.603 de arrendamiento de lotes fiscales exclusivamente para la ganadería, apicultura y ciertos emprendimientos turísticos. La norma, que en su momento también generó polémica por la superpoblación de hacienda y la excesiva quema para la renovación de pasturas, se aplicó formalmente entre 2006 y 2009. Lo rescatable es que esta reglamentación prohibía de plano la siembra y fumigación en el humedal virgen. De allí que su derogación -incluida en el texto de la 10.092- generó alarma y la movilización de proteccionistas y principalmente vecinos y funcionarios de esta orilla santafesina, y luego de la propia capital entrerriana, que derivó en el veto.
El texto de la ley 9.603 especificaba que los contratos de alquiler de tierras serían por el término de 3 años, con opción a renovación, pero el gobierno determinó no innovar bajo el argumento que la iniciativa no era rentable para la provincia ya que muchos arrendatarios no abonaban el canon correspondiente, otros abandonaron los emprendimientos y otros casos los adjudicatarios no pudieron siquiera ingresar a los lotes asignados por licitación, porque estaban usurpados.
En la nebulosa como ha sido históricamente, las islas fiscales entrerrianas -un patrimonio virgen pero a la vez una especie de tierra de nadie- están hoy en su mayoría administradas precariamente, de acuerdo a lo que se deduce del detalle del fiscal de Estado, que encabeza la lucha por recuperarlas, incluso aquellas privadas que han sido apropiadas ilegalmente o mediante juicios de usucapión.
Criterio. Nadie cuestiona esta cruzada de rescate, aunque muchos critican el fundamento que el Ejecutivo utiliza para garantizar la conservación de las tierras fiscales bajo su tutela , es decir, darles una utilidad productiva para evitar las ocupaciones ilegales.
"Compartimos la necesidad del gobierno de Urribarri de recuperar el dominio sobre los bienes públicos, pero esto no debe servir de coartada para introducir en las islas fiscales actividades económicas que provocarán un impacto social y ambiental muy severo para toda la región", advirtió el diputado Riestra.
En este sentido Agustín Federik, presidente de la Cámara baja radical entrerriana, dijo tras una reunión con el propio Rodríguez Signes días atrás, que "nadie discute la defensa del patrimonio provincial pero una cosa es defenderlo y otra es atacar el ecosistema. Una explotación agrícola implicaría una violación a la Constitución y a las disposiciones de la ley 9.603", advirtió.
