El saneamiento en la provincia de Santa Fe no es sólo una preocupación de las poblaciones sino de las mismas autoridades. Y no es para menos, si se tiene en cuenta que sólo 15 ciudades son asistidas por el Estado, mientras que nada menos que 347 localidades no tienen este beneficio consumen agua de calidad insuficiente. Para colmo, el 53 por ciento de la población santafesina no tiene cloacas y prácticamente la totalidad carece de un sistema de tratamiento de afluentes.

El panorama no fue descripto por nadie de la oposición ni por un experto foráneo, sino por el subsecretario de Aguas, Hugo Orsolini, el funcionario provincial con responsabilidad directa en la problemática, cuando LaCapital lo interpeló acerca de la ecuación actual que surge entre poblaciones con agua potable y cloacas y las que carecen de tales servicios.

Aquí, una radiografía de lo que ocurre en la provincia.

En la provincia rige un modelo de prestación "claramente discriminatorio", por el cual el 60 por ciento de la población (las 15 ciudades aludidas) es asistida por el Estado santafesino, con una amplia cobertura de agua potable, pero el 40 por ciento restante —agrupada en 347 localidades— no es asistida y consume agua con calidad que no se ajusta a las normas de aplicación.

Pero el modelo agudiza la discriminación cuando se examina el servicio de desagües cloacales. Las poblaciones asistidas por la empresa estatal Aguas Santafesinas tienen una cobertura en la recolección de efluentes domiciliarios del orden del 65 por ciento de sus usuarios, y sólo un 6 por ciento de los afluentes recibe tratamiento. En el 40 por ciento de la población restante —no asistida por el Estado provincial— es apenas del orden del 19 por ciento, y se estima que el 15 por ciento recibe tratamiento.

¿Por qué semejantes desequilibrios? "En rigor —dice Orsolini— semejante atraso se debe a la histórica ausencia de una política que aborde integralmente el saneamiento y ponga la mirada en la salud de la población".

Gestión de recursos. La gestión de los recursos hídricos reconoce claramente dos etapas: la vigencia de las instituciones rectoras como lo fueron Obras Sanitarias de la Nación (OSN) y Agua y Energía Eléctrica (AyEE) y la desnacionalización de las actividades productivas.

A nivel nacional, en las décadas del ’50 y del ’60 tanto OSN como AyEE registraron avances notables en la expansión del saneamiento y el aprovechamiento de los recursos hídricos en el país. Desde marzo de 1976 comenzó un proceso de desnacionalización de las actividades productivas y luego de un período de endeudamiento externo de las empresas estatales, destinadas a "mostrar su ineficiencia", comenzó la transferencia paulatina de las actividades que desarrollaban a empresas multinacionales. Entre 1984 y 1988 no se logró revertir este proceso y a partir de 1989 sobrevendría el desguace, liquidación y venta de empresas estatales.

En la provincia. A partir de la restricción de los servicios a sólo 15 localidades por parte de Obras Sanitarias de la Nación se creó, en 1970, el Servicio Provincial de Agua Rural con el objeto de alentar, proyectar y prestar apoyo técnico a las restantes poblaciones para que desarrollaran sus propios servicios de saneamiento. "Ahí —cuenta Orsolini— "comenzó a consolidarse el modelo discriminatorio".

Luego, en 1994, se dictó la ley 11.220 de provisión de agua y desagües cloacales a Reconquista, Gálvez, Esperanza, Rafaela, Firmat, Santa Fe, Capitán Bermúdez, Funes, Granadero Baigorria, Casilda, Cañada de Gómez, Rosario, Villa Gobernador Gálvez y San Lorenzo. Esas son las ciudades incluidas en la concesión que durante 10 años tuvo Aguas Provinciales de Santa Fe. A esas mismas 15 ciudades siguió asistiendo el Estado con su empresa Assa desde 2006 cuando aquella se retiró.

El interior, hoy. Las 347 poblaciones no asistidas por el Estado se encuentran en situaciones diferentes. Algunas lograron un servicio de agua ajustado a la norma. Muchas otras padecen lo que el secretario define como "déficit alarmantes": agua de pozo con concentraciones de arsénico, sales, sulfatos, cloruros, nitratos. Gente expuesta a enfermedades hídricas, más allá de las 75 poblaciones que directamente no tienen servicio de distribución por red.

El panorama es peor en materia cloacal. En las mismas 347 poblaciones el servicio de desagües cloacales es realmente precario.

Mucho por hacer. Mientras desde la provincia prometen una política que, dicen, garantice el servicio de agua y cloacas como un bien social, sea participativa y ecuánime (que llegue a todo el territorio) también desde la empresa prestataria estatal y desde las mismas localidades buscan desarrollar programas para paliar el enorme déficit.

Cuando Assa definió su plan de obras para este año, tuvo en cuenta una serie de obras para el saneamiento cloacal de sus ciudades asistidas. Así, por ejemplo, se proyectaron plantas de tratamientos de efluentes cloacales en Rafaela, Esperanza, Gálvez, Rufino y Reconquista; expansión de redes en Capitán Bermúdez, Granadero Baigorria, Rafaela, San Lorenzo, Santa Fe y Gálvez.

Otras localidades, como Chabás, transfirieron la explotación a una cooperativa y ya están a punto de poner en marcha el servicio. Roldán obtuvo un préstamo de la Nación para tender redes para el barrio El Charquito, y en Pérez la cooperativa local intenta impulsar la red y ya obtuvo un subsidio nacional. El problema del saneamiento cloacal se convirtió en una política fundamental de Estado. Pero todo indica que tendrá que pasar mucho tiempo para llegar a toda la provincia.

Informe: equipo de corresponsales de La Capital