Uruguay sin delitos de lesa humanidad

Montevideo.- La Suprema Corte de Justicia de Uruguay ratificó que las violaciones de derechos humanos de la última dictadura militar son delitos comunes, no de lesa humanidad, por lo que prescribirán el 1º de noviembre próximo. El pronunciamiento es en respuesta a un pedido de aclaración presentado por la fiscal Mirtha Guianze, a raíz de una primera sentencia emitida por la Corte que condenó a los militares José Gavazzo y Ricardo Arab a 25 años de prisión como responsables de 28 "homicidios muy especialmente agravados", informaron ayer medios de prensa locales. Esa sentencia descartaba la imputación solicitada por Guianze, que había acusado a Gavazzo y a Arab de delitos de desaparición forzada, considerados de lesa humanidad.

El fallo de la Corte explicó que al momento de los hechos, en 1976, no existía el delito de desaparición forzada, creado por ley en octubre de 2006, por lo cual no puede imputarse ese ilícito. De acuerdo con este dictamen, los crímenes de la dictadura (1973-85) son ilícitos comunes, por lo que prescriben el 1º de noviembre, considerando todas las extensiones posibles, entre ellas que no se compute el período de la dictadura.

El Frente Amplio, coalición de izquierda en el gobierno, fracasó el 19 de mayo en la Cámara de Diputados en lograr la aprobación de un proyecto que impulsaba anular la Ley de Caducidad, que dio impunidad a policías y militares que violaron los derechos humanos.

Prescripción. Ese frustrado texto incorporaba la jurisprudencia internacional en materia de crímenes de lesa humanidad y no computaba el período 1986-2011, en vigencia de la Ley de Caducidad, a efectos de postergar la prescripción de la mayoría de los casos.

La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (por la que se desiste de juzgar a asesinos y torturadores) fue aprobada en 1986 durante el primer gobierno tras la restauración democrática, y ratificada en 1989 y 2009 en sendos y plebiscitos, aunque cuestionados en su validez por los mecanismos utilizados.

La administración del presidente Tabaré Vázquez (2005-10) dio una nueva interpretación a la Caducidad, lo que permitió encarcelar al ex dictador Gregorio Alvarez (1981-85) y a otros 16 ex militares y policías por crímenes cometidos durante el régimen.

Juicios

El presidente José Mujica estudia qué hacer con “los juicios de 88 casos a los que mandatarios anteriores no hicieron lugar”. Según una fuente del Frente Amplio, el Ejecutivo está estudiando “la apertura de todos esos casos” juntos, o “caso por caso”, y su “andamiento por el artículo cuarto de la Ley de Caducidad”, pero antes del 1º de noviembre.