Una polémica ley de amnistía abre grietas en el Frente Amplio uruguayo

Montevideo.- La coalición gobernante de Uruguay, el izquierdista Frente Amplio, sufrió un quiebre interno tras la votación en el Senado de una ley para anular la amnistía a militares de la última dictadura: uno de sus principales senadores renunció y otro quedó al borde de la expulsión por no acompañar el voto.

El Senado aprobó el martes por 16 votos contra 15 la derogación de una amnistía que amparó a militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante el régimen de facto. El proyecto pasará ahora a la Cámara de Diputados.

Pero aun cuando los diputados voten en la misma dirección, la amnistía de 1986 podría continuar vigente "porque puede suceder que la Suprema Corte de Justicia declare la inconstitucionalidad de la ley sancionada en la noche del martes", explicó el politólogo Oscar Botinelli, de la empresa Factum.

"Falta la decisión de los diputados y, además, sabemos que hay militares que están anunciando plantear recursos contra la misma (ante la Corte Suprema). Hay que esperar", dijo por su parte la fiscal penal Mirtha Guianze.

Guianze, entre otros, logró enviar a prisión al ex comandante en jefe del ejército y presidente de facto, Gregorio Alvarez, por 39 casos de desaparición y homicidios.

"Mayoría dos veces". La amnistía fue ratificada por la ciudadanía en dos plebiscitos realizados en 1989 y en 2009. Sin embargo, pese a esas instancias, siempre fue criticada por organizaciones de derechos humanos que reclaman el esclarecimiento de todos los crímenes de la dictadura y también por la Corte Interamericana de DDHH, de la Organización de Estados Americanos (OEA).

"Siento en el corazón y en la conciencia que la mayoría del Frente Amplio se equivoca. Este viraje es un gravísimo error. En el pueblo ya hubo mayoría dos veces", dijo el senador Eleuterio Fernández Huidobro al anunciar su renuncia, luego de votar favorablemente la eliminación de la ley.

Fernández Huidobro es un ex tupamaro detenido en 1972 y liberado en 1985 junto con el actual presidente José Mujica. Su banca sería ocupada por el diputado Carlos Gamou, quien a su vez será reemplazado por un suplente.

"Para el Frente Amplio la situación ahora es extremadamente difícil. La cuestión es por qué no rechazó la amnistía hace seis años, cuando también tuvo amplias mayorías legislativas", aseguró Botinelli.

"Fraude electoral". A la renuncia de Fernández Huidobro se suma la probable expulsión del senador Jorge Saravia, bisnieto de un caudillo del Partido Nacional que libró guerras civiles para consolidar la república.

Al votar en contra de la eliminación de la amnistía, Saravia sostuvo que "constituye un ataque a la conciencia cívica del pueblo", y recalcó que se cometió "un fraude electoral" al no respetarse los pronunciamientos ciudadanos.

No obstante, otro sector del Frente Amplio se mostró muy convencido de anular la ley de amnistía. "El Frente lo va a procesar naturalmente y saldrá fortalecido", aseguró ayer el senador Oscar López Goldaracena. También agregó que "se producirán los dolores de parto naturales cuando se tratan estos temas", pero "no habrá sacudones y eso se verá en las próximas instancias electorales". Una de ellas son las elecciones nacionales de 2014.

"Vergüenza nacional". Por su parte, el senador socialista Daniel Martínez opinó que "el tema habrá que procesarlo" y "la historia dirá" si fue un error. "Ahora se necesita cabeza fría y visión unitaria. Lo importante es que se elimina una ley que era una vergüenza nacional", aseguró.

Desde Qatar, donde se encuentra actualmente de visita oficial, el canciller Luis Almagro, uno de los impulsores de la norma que se aprobó este martes, opinó que "no es un tema más para Uruguay", y se mostró "muy contento" por lo que consideró "una gran noticia" para el país y su gente.

"Es paradójico que una fuerza que siempre luchó por la libertad, la justicia y los derechos humanos haya tenido tantas dificultades para terminar con esta ley", dijo por su lado desde París Zelmar Michelini, hijo mayor del ex legislador uruguayo del mismo nombre, secuestrado y asesinado el 20 de mayo de 1976, en Buenos Aires, por fuerzas represivas de Uruguay y Argentina.

Ante el impacto político que provocó el pronunciamiento del Congreso uruguayo, el presidente José Mujica ratificó ayer que no vetará la ley si, como se supone, tiene un trámite favorable también en Diputados. l (AP y DPA)