Un tribunal penal de Trípoli condenó ayer a muerte a Saif al Islam, hijo mayor del derrocado y asesinado líder libio Muammar Kaddafi, y a otros ocho altos funcionarios de su gobierno, por cargos de asesinato a manifestantes durante la rebelión de 2011, en un fallo cuestionado por la ONU, el Consejo Europeo y Human Rights Watch, entre otros. Entre los condenados se cuentan también el ex jefe de los servicios secretos de Kaddafi, Abdala al Sanusi, y su último primer ministro, Al Baghdadi al Mahmudi. Todos ellos fueron juzgados por su vinculación con la represión que siguió al levantamiento armado en febrero de 2011, que desembocó en el derrocamiento y asesinato de Kaddafi a manos de una turba furiosa, en octubre de ese año. El hijo de Kaddafi está detenido en Zintán, en el oeste de Libia, desde que fue capturado a finales de 2011. Por motivos de seguridad participó mediante videoconferencia en las vistas judiciales, que comenzaron en abril de 2014.
El proceso, para el que la confusa situación judicial imperante en Libia no asegura una instancia de apelación, se realizó en un país fracturado en dos partes tras la rebelión de 2011, con un gobierno en Trípoli (desde donde fue dictada la sentencia contra Saif al Islam) y otro impulsado por la Otán e internacionalmente reconocido, en Tobruk, que luchan por el control de los recursos naturales con apoyo de antiguos miembros del gobierno de Kaddafi, islamistas, líderes tribales y señores de la guerra que trafican con armas, drogas y personas. En consecuencia, es poco probable que la condena se lleve a cabo en el corto plazo, ya que además las milicias en el oeste de Libia se niegan sistemáticamente a entregar a Saif al gobierno y consideran que enjuiciarlo es un "derecho del pueblo".
En el juicio, donde estuvieron presentes 29 de los 38 acusados, fueron condenados también el ex presidente de los servicios secretos exteriores, Abuzid Omar Durda; el antiguo responsable de la Guardia Popular, Mansur Du; y el ex presidente de Seguridad Interior, Milad Raman. Solo cuatro de los acusados no fueron condenados a muerte, entre ellos el ex ministro de Relaciones Exteriores Abdelah Al Aati.
Reparos de la ONU. Poco después de conocida la sentencia, la ONU impugnó el proceso, declaró que el juicio "no fue justo" y deploró la condena dictada tanto a él como a otros ocho altos funcionarios del gobierno de su padre. Entre las deficiencias más graves que se detectaron figura el hecho de que no se establecieron responsabilidades penales individuales en relación con delitos concretos, además de problemas relacionados con el acceso a abogados, quejas por malos tratos y juicios realizados en ausencia del acusado.
El proceso también fue criticado por la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW), que en un comunicado desde su oficina en Nueva York aseguró que los abogados defensores carecían de acceso completo y oportuno a los archivos del caso, además de denunciar que estos no podían reunirse en privado con sus clientes, y amenazas varias.
Nación dividida. Considerado durante mucho tiempo heredero político de su padre, Saif al Islam fue detenido en la ciudad de Zintán, al suroeste de Trípoli, por milicias que se negaron a entregarlo a las autoridades de Trípoli desde su captura en noviembre de 2011. La mayoría de los otros acusados fueron detenidos en Trípoli, controlada por la milicia islamista de Fayer Libia (Amanecer de Libia), afín al gobierno rebelde de Trípoli. Nacido en Trípoli el 25 de junio de 1972, Saif al Islam EM_DASHnombre cuya traducción es "Espada del Islam"EM_DASH estudió arquitectura en Austria y completó su formación en la London School of Economics, antes de presidir la Fundación Kaddafi para el Desarrollo, creada en 1997 y desde la que actuó como mediador en conflictos o secuestros terroristas. Su nombre saltó a la esfera internacional en 2000, precisamente por su mediación en la liberación de un grupo de rehenes occidentales en poder del grupo islamista Abu Sayaf en la isla filipina de Jolo. Luego tuvo un papel relevante en las indemnizaciones que su país debió pagar en 2003 a las víctimas por el atentado de Lockerbie (ocurrido en 1988 contra un avión estadounidense de la aerolínea Pan Am), y por los ataques contra una discoteca de Berlín en 1986 y un avión de la compañía UTA en 1989, actos de los que se responsabilizó al Estado libio.
Libia es un Estado fallido, víctima del caos y la guerra civil, desde que en 2011 la comunidad internacional contribuyera al éxito del alzamiento contra el régimen de Kaddafi. De la división se benefician grupos yihadistas afines al Estado Islámico (EI) y a Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), que en los últimos meses ampliaron su poder e influencia en el país. Además, el país norafricano es desde hace meses escenario de intensos combates entre las milicias islamistas fieles a Trípoli, el EI, y el Ejército leal al Ejecutivo internacionalmente reconocido, con sede en Tobruk.