Uno de los principales acusados en el caso de corrupción por el que la infanta Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe de España, y su marido están siendo juzgados junto con otras 15 personas admitió ayer su culpabilidad y complicó la situación judicial del cuñado del monarca con su declaración en el tribunal.
Jaume Matas, que fue jefe del Ejecutivo regional de las Islas Baleares, admitió haber contratado a la empresa del marido de la infanta, Iñaki Urdangarin, para llevarse bien con la Casa Real, y haber pagado a éste una comisión ilegal de unos 300.000 euros como mediador para conseguir un patrocinio deportivo al gobierno balear. “Nos interesaba estar bien con Urdangarin y, especialmente, con la familia real”, dijo Matas ante el tribunal de Palma de Mallorca que juzga desde enero a 17 personas, incluidos la hermana y el cuñado del rey Felipe.
“Asumo mi culpa e intentaré restituir el daño producido”, manifestó el ex jefe del gobierno balear, que antes fue ministro de Medioambiente de España por el Partido Popular (PP), durante el gobierno de José María Aznar.
Iñaki Urdangarin y Diego Torres, su entonces socio en el Instituto Nóos, la empresa situada en el centro de la trama de corrupción, son los principales acusados del proceso. Según los fiscales, se habrían embolsado alrededor de seis millones de euros de dinero público con suculentos contratos con administraciones públicas aprovechando la condición de Urdangarin de yerno del rey Juan Carlos I.
Jaume Matas, que se enfrenta a 11 años de cárcel, desvinculó ayer al padre del actual monarca de todo el entramado al asegurar que nunca intercedió ante él por Urdangarin. Al respecto, Jaume Matas dijo que “la única intervención de don Juan Carlos fue una llamada de felicitaciones cuando José Luis Ballester fue nombrado director general (del Deporte)”. El fiscal pide 19 años y medio de cárcel para el marido de la infanta Cristina. Ella está acusada de cooperante de dos delitos fiscales cometidos por su marido y se enfrenta a la petición de ocho años de cárcel de la acusación popular. El final del juicio se espera para junio.
Este caso hizo tambalear los cimientos de la monarquía española y contribuyó decisivamente a la abdicación del rey Juan Carlos I en su hijo en junio de 2014. Desde su proclamación, Felipe VI levantó un muro de contención institucional frente a su hermana y su yerno, con los que también la relación personal está rota.
Allanamientos en el PP. En tanto, el conservador Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy volvió a estar en el epicentro de una operación por presunta corrupción: la Guardia Civil española entró en la tarde de ayer en las oficinas de su sección regional de Madrid en busca de pruebas de una presunta financiación ilegal. El PP de Madrid está dirigido por la ex ministra y ex presidenta regional Esperanza Aguirre, concejal del ayuntamiento de la capital española desde junio del año pasado.
Las fuerzas de seguridad ingresaron también en la sede de OHL, una de las mayores constructoras de España, entre otros registros que practicaban esta tarde, según informaron medios españoles.
En las oficinas del Partido Popular madrileño, que están en el mismo edificio del centro de la capital española en el que está la sede central del partido de Mariano Rajoy, los agentes revisaron la computadora del ex gerente regional. La operación estuvo dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y tiene relación con una causa ya en marcha desde hace tiempo.
