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Miércoles 21 de Noviembre de 2018
Un juez federal estadounidense prohibió ayer temporalmente al gobierno denegar la posibilidad de asilo a inmigrantes que ingresen en el país de manera ilegal por la frontera sur, en un revés para los esfuerzos del presidente Donald Trump de bloquear una caravana de migrantes centroamericanos que avanza por México hacia Estados Unidos. Trump emitió una especie de decreto, o "proclama", el 9 de noviembre, que, contraviniendo a las leyes migratorias nacionales" e invocando la "seguridad nacional", establecía que cualquier persona que ingresara por la frontera sur entre puntos de acceso oficiales no podía solicitar asilo. El mandatario también ordenó desplegar miles de soldados en el límite con México para colaborar «in situ» con las autoridades de control de fronteras.
Pero en un fallo emitido ayer, el juez Jon Tigar hizo lugar a un recurso de organizaciones de derechos civiles que argumenta que la ley de inmigración estadounidense claramente permite a cualquier persona pedir asilo aun si entra al país entre puntos de acceso oficiales y bloqueó la aplicación de la medida mientras la Justicia resuelve el caso. "Cualquiera sea el alcance de la autoridad presidencial, él no puede reescribir las leyes inmigratorias e imponer una condición que el Congreso prohibió expresamente", dijo en su fallo el juez Tigar, de San Francisco.
La sentencia echa por tierra otra vez un intento de Trump de endurecer la frontera con México sin que el Congreso cambie las leyes, como ya quiso hacer al tratar de detener a familias de migrantes en instalaciones especiales durante largos períodos. Trump dio marcha atrás con la separación de familias migrantes a principio de año, pero fue un juez federal el que falló que el gobierno debía reunir a las familias.
El fallo de ayer queda firme durante un mes, excepto que haya una apelación. El gobierno de Trump insistió en que el mandatario tiene las atribuciones ejecutivas para restringir la inmigración en nombre de la seguridad nacional, un poder que el presidente invocó el año pasado poco después de asumir, cuando emitió una polémica veda a viajeros procedentes de varios países mayoritariamente musulmanes. La versión final del decreto fue avalada por la Corte Suprema el 26 de junio pasado luego de una larga batalla legal.
El gobierno criticó el fallo de Tigar, que fue nominado por el ex presidente demócrata Barack Obama, el antecesor de Trump. "Nuestro sistema de asilo está quebrado, y decenas de miles de personas están abusando de éste con solicitudes sin mérito", dijo un comunicado conjunto del Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Interior. "Estamos deseosos de continuar defendiendo el ejercicio legítimo y bien razonado de su autoridad para lidiar con esta crisis en nuestra frontera sur", agregó la nota.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) celebró la decisión judicial. "Esta prohibición es ilegal y pondría en peligro la vida de personas. Bloquearla es un paso fundamental a la hora de luchar contra los ataques del gobierno hacia quienes buscan asilo", señaló la oficina de ACLU en Twitter. Trump firmó este decreto en respuesta a la inminente llegada a la frontera de caravanas formadas por miles de migrantes que desde hace semanas vienen recorriendo México. En los últimos días unos 3.000 centroamericanos, 400 de ellos niños, que formaban parte de una de estas caravanas, llegaron a Tijuana, ciudad que hace frontera con la estadounidense San Diego, con el objetivo de pedir asilo en EEUU.
