El gobierno de Chile buscó ayer poner paños fríos a una polémica por acusaciones de tráfico de influencias contra el hijo de la presidenta Michelle Bachelet y prometió "transparencia". El escándalo estalló luego que el Banco Chile dijo que Sebastián Dávalos Bachelet participó en una reunión con el multimillonario Andrónico Luksic, vicepresidente de la entidad privada y allegado al oficialismo, en la que su esposa solicitó un crédito para su empresa, tras el triunfo de la mandataria el año pasado. Opositores a la gobernante socialista pidieron la renuncia de Dávalos, quien se desempeña ad honorem como director sociocultural de la presidencia.
El gobierno, en medio de las exigencias de transparencia, insistió sin embargo en que el caso "es un tema entre privados" y que la mandataria "no tiene nada que ver", como subrayó el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo. Dávalos, quien ocupa en el palacio La Moneda las funciones tradicionales de una primera dama debido a que su madre no tiene esposo, recibió un crédito por 10 millones de dólares en diciembre de 2013. La operación fue resuelta un día después de que la socialista Bachelet ganara el ballotage ante la conservadora Evelyn Matthei. "Esto no fue una transacción entre privados", reclamó ante las circunstancias el rector de la universidad Diego Portales, el abogado Carlos Peña, uno de los columnistas más influyentes de Chile. Dávalos obtuvo el préstamo poniendo como garantía 10.000 dólares y tres autos Lexus.
El Banco Chile, una de las mayores entidades privadas del país, traspasó de contraparte diez millones de dólares, pagaderos en una sola cuota a un año. En ese plazo, el hijo de la jefa de Estado compró 44 hectáreas rurales a 70 kilómetros de Santiago que sabía que serían destinadas a uso urbano, vendiéndolas en 15 millones de dólares, obteniendo una ganancia de u$s5 millones.
Repunte en las encuestas. El caso estalló justo cuando Bachelet comenzaba a remontar en las encuestas, tras lograr una serie de reformas sociales y políticas comprometidas en su campaña, como las reformas educacional y electoral. Las últimas encuestas de opinión efectuadas en el país demostraron un creciente rechazo de la ciudadanía a la élite política, el que bordea 80 por ciento para la oposición y 60 por ciento para el oficialismo.
El líder del Partido Progresista, el cineasta Marco Enríquez Ominami, recalcó que los hechos "van a afectar la confianza en la presidenta" y demandó que Dávalos entregue finalmente una explicación al país. Al respecto, el vocero del gobierno dijo que Dávalos entregará próximamente una declaración de intereses. "Hay un principio básico para el gobierno, total transparencia y que la información que, por supuesto, toda la ciudadanía quiere tener a disposición, en todos sus ámbitos, aunque sea una acción entre privados", dijo ayer el vicepresidente, Rodrigo Peñailillo. El Banco de Chile está controlado por una asociación entre la poderosa familia Luksic y el Citibank. Ante la polémica, Jorge Awad, director del banco, dijo que el préstamo se ajustó a la normas de la institución.
Miembros del opositor partido Renovación Nacional dijeron en tanto que llevarán el caso a la Contraloría ya que los terrenos se valorizarían con un cambio del plan regulador que se discute en la región. "Nosotros creemos que si bien hay un préstamo de un banco a una sociedad privada, aquí el principal eje de la investigación tiene que ser el tráfico de influencias e información privilegiada", dijo el diputado Diego Paulsen.
"Tema privado". Bachelet, quien llegó al poder en marzo de 2014, se encuentra de vacaciones en su casa de verano en el sur del país. "Por supuesto que en esto ella no corresponde ni tiene nada que ver con eso, son temas privados, entre privados", agregó Peñailillo.
El escándalo, que recibió una intensa atención en los medios, podría afectar el apoyo a la mandataria, que repuntó en enero tras seis meses en baja. "Es esperable que este hecho, en la medida que no se responda en forma contundente y creíble, afecte la popularidad de la presidenta y su gobierno", dijo el analista Guillermo Holzmann. "La cuestión ya no es si hay ilegalidad o no, sino la percepción que queda en la opinión pública", agregó.
La polémica ocurre en momentos en que legisladores del bloque opositor a la mandataria están acusados de recibir aportes irregulares de otro banco para sus campañas.
Bolivia afina la demanda marítima
El presidente de Bolivia, Evo Morales, informó ayer que antes de mayo se reunirá con el equipo jurídico para revisar el documento de la demanda a Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU, con sede en La Haya. "Antes de mayo me reuniré con los abogados (extranjeros y bolivianos) en Santa Cruz o Cochabamba, porque muchos de ellos no pueden venir a La Paz", dijo a periodistas de la ciudad de Oruro, sudoeste de Bolivia.
La Corte de La Haya dará respuesta en mayo a la objeción presentada por Chile. Luego se definiría el cronograma del litigio presentado por Bolivia para que la CIJ recomiende a Chile dialogar con Bolivia para definir una salida soberana al océano Pacífico. "Desconocer a la Corte Internacional de Justicia es como desconocer el derecho internacional", dijo Morales sobre la objeción chilena. Además destacó el trabajo que realiza el vocero internacional de la causa marítima, el ex presidente Carlos Mesa, quien viajó a Nueva York para reunirse con varios embajadores europeos. En marzo presentará el "Libro del Mar" en Chile y el Vaticano. La visita no es la primera que el ex mandatario efectúa a la sede de las Naciones Unidas con este motivo, pues en septiembre pasado hizo otra, en la que explicó la demanda marítima al secretario general de la organización, Ban Ki-moon.
Mediación papal. Morales ratificó que el Papa Francisco hará en julio una visita pastoral a Bolivia en su gira sudamericana que incluirá a Paraguay y Ecuador. El mandatario boliviano lamentó la susceptibilidad de las autoridades chilenas por una probable mediación papal en litigio de ambos países sudamericanos.
Bolivia demanda desde 2013 ante la CIJ que Santiago de Chile negocie con La Paz de manera oportuna, eficiente y de buena fe un acceso soberano al Pacífico.
Pero Chile alega que nadie puede obligar a un país a ceder soberanía y rechaza la petición boliviana de negociar una salida al mar, recordando que ambos países fijaron libremente sus límites en 1904.
"La Corte no tiene jurisdicción para conocer un asunto que ha sido resuelto por un tratado válido y vigente desde hace 110 años", según el canciller chileno, Heraldo Muñoz.
