Lula vio ratificada por la ONU la sentencia del Supremo brasileño que el año pasado dejó sin efecto sus condenas por corrupción.
Un Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó que los investigadores brasileños del Lava Jato de Brasil violaron el debido proceso en el caso del expresidente Lula da Silva. Ratificaron así el fallo del máximo tribunal de justicia de Brasil que el año pasado invalidó dos condenas contra el ex mandatario.
El Supremo Tribunal Federal (STF), máxima instancia de justicia brasileña, determinó el 25 de marzo de 2021 que el juez federal Sergio Moro fue parcial en el caso que acabó con la condena de Lula da Silva por corrupción y lavado de dinero. Lula fue entonces liberado, pero sigue siendo investigado por la Justicia penal: el alto tribunal anuló los procesos con sentencia, pero ordenó hacerlos nuevamente.
“Estas violaciones procesales hicieron que la prohibición a que Lula se presentase a la presidencia (en 2018) fuese arbitraria y, por lo tanto, violó sus derechos políticos, incluido su derecho a presentarse a las elecciones”, según el comité de expertos. Lula, quien fue presidente entre 2003 y 2010, presentó una denuncia ante el comité en 2016 sobre cómo fue llevado a juicio en la mayor investigación de corrupción de la historia de Brasil, el Lava Jato. Este proceso, más allá de Lula, desarticuló numerosos negocios ilícitos entre la empresa estatal Petrobras y sus contratistas, principalmente la constructora Odebrecht, durante los años de gobierno de Lula y su sucesora, Dilma Rousseff.
Durante el proceso judicial, el juez Sergio Moro autorizó al fiscal la intervención del teléfono personal del ex presidente así como de sus familiares. Según el comité de Naciones Unidas, estas escuchas fueron filtradas a la prensa antes de que el fiscal presentara los cargos, lo que sería una “clara violación a su derecho de la intimidad”. También se emitió una orden de detención para interrogar a Lula que fue revelada a la prensa, que tomó fotos cuando el ex presidente era detenido, en otra “vulneración de su derecho a la libertad personal”, según el comité. Lula fue condenado a nueve años de prisión en julio de 2017 por Moro y seis meses más tarde un tribunal federal de apelaciones amplió su sentencia a 12 años. Con esta sentencia de segundo grado el ex presidente comenzó a cumplir su condena en abril de 2018. Estuvo detenido 518 días en Curitiba.
La comisión instó a Brasil a “asegurar que cualquier otro proceso penal contra Lula cumpla con las garantías del debido proceso y a prevenir violaciones similares en el futuro”. Es que el Supremo anuló los procesos con condena, pero ordenó que se rehicieran, de modo que Lula sigue siendo un ciudadano con expedientes penales abiertos.
La corrupción política no fue ajena al gobierno de Lula y su partido PT: el primer caso de corrupción estalló durante su primer gobierno y le costó el poder y la libertad a figuras centrales de su gobierno y del partido. Jose Dirceu, mano derecha del primer gobierno de Lula, fue condenado a prisión por el caso “Mensalao”, apodado así por las “mensualidades” que se pagaban a aliados en el Congreso para que aprobaran las leyes que enviaba el Ejecutivo de Lula. Años más tarde llegaría el caso Lava Jato, de mucho mayor alcance y que llevó a prisión a decenas de grandes empresarios brasileños, gerentes de Petrobaras y políticos de todos los grandes partidos brasileños, no solo del PT.
El abogado de Lula, Cristiano Zanin, dijo que la decisión del comité respalda los argumentos de que las condenas dictadas por el juez Moro “tenían una motivación política. Todo lo que le hicieron a Lula fue ilegal y arbitrario”, aseguró Zanin. El abogado aseguró que la comisión le dio al gobierno de Brasil 180 días para decir “cómo va a remediar la violación de los derechos de Lula” y hacer que sus conclusiones sean ampliamente conocidas por los brasileños.
Por Lucas Vitantonio
Por Carina Bazzoni
Por Lucas Ameriso
Por Hernán Cabrera