Tras horas de frenéticas negociaciones y de confusión informativa que confirmaba y desmentía los avances, el gobierno de Ucrania y los líderes de la oposición firmaron ayer en Kiev un principio de acuerdo para resolver la crisis política interna, que el Parlamento comenzó a implementar de inmediato. Cuando no había pasado ni una hora desde el anuncio de la firma del documento que llega tras tres meses de arduo conflicto, la Rada Suprema (Parlamento) aprobaba por amplia mayoría (386 de los 397 diputados presentes) el primer punto del acuerdo: la vuelta a la Constitución de 2004, que recorta considerablemente los poderes del presidente Viktor Yanukovich.
En una segunda votación, el Parlamento también destituyó al controvertido ministro del Interior, Vitali Sacharchenko, a quien la oposición responsabiliza de las brutales operaciones de la policía contra los manifestantes pacíficos en Kiev. El político habría huido a la vecina Bielorrusia.
Timoshenko, libre. Minutos después, el Legislativo sentaba las bases para la liberación de la encarcelada ex primera ministra Yulia Timoshenko, al decidir que las acusaciones vertidas en su contra no suponen delito. Tras siete años en la cárcel por abuso de poder, Timoshenko, , conocida como la "Princesa de la Revolución Naranja" de 2004, podría abandonar en breve la clínica de la ciudad oriental de Járkov, donde se encuentra internada desde mayo de 2012 debido a una hernia discal.
El compromiso se alcanzó bajo la mediación de una delegación de la UE —los ministros de Exteriores de Francia, Alemania y Polonia— y un representante ruso, que también prevé la formación de un gobierno de transición en un plazo de diez días. El plan contempla la puesta en marcha inmediata de una reforma constitucional que equilibre el poder del presidente, el gobierno y el Parlamento, que debe estar lista en septiembre de 2014, y la celebración de elecciones presidenciales anticipadas como tarde en diciembre de este año en vez de marzo de 2015, como estaba previsto. Además, incluye la aprobación de nuevas leyes electorales, la investigación de los actos de violencia, la renuncia del gobierno a decretar el estado de emergencia y el compromiso del Parlamento a aprobar una tercera amnistía, entre otros aspectos. También estipula el nombramiento de un gobierno de coalición con oficialistas y opositores dentro de los próximos diez días.
Asimismo, el pacto estipula que el gobierno no impondrá el estado de sitio y que ambas partes depondrán la violencia, y agrega que los manifestantes deberán entregar sus armas y desalojar edificios tomados y campamentos de protesta en todo el país, incluyendo el de la Plaza Independencia de Kiev.
Idas y venidas. El acuerdo había sido anunciado por la mañana, pero tras la negativa de la oposición a firmarlo, fue desmentido poco después. Entonces el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Frank-Walter Steinmeier, y su homólogo polaco, Radoslaw Sikorski, se reunieron de nuevo con el llamado Consejo de Maidan, en referencia a la plaza donde se manifiestan desde hace semanas, para convencerlo de su ratificación. Y finalmente lo consiguieron. Horas después, el mandatario decretó dos días de luto para este fin de semana por las víctimas mortales que dejaron los disturbios en Kiev en los últimos tres días, que oscilan entre 80 y un centenar.
A excepción de la renuncia de Yanukovich, el compromiso recoge todas las demandas de la oposición y refleja una concesión por parte del presidente, un día después de que la UE aprobara sanciones en suspenso contra funcionarios ucranianos y luego de amenazas de más penalidades por parte de Estados Unidos. Una cuestión clave ahora es saber si los manifestantes de la Plaza Independencia respetarán el acuerdo.
Por lo pronto, grupos ultranacionalistas ya adelantaron que lo rechazan, reiterando que no aceptarán nada si no renuncia Yanukovich. En un comunicado, el movimiento radical opositor Sector de la Derecha prometió que continuaría "la revolución nacional".
Las protestas comenzaron en noviembre, cuando Yanukovich se negó a firmar un acuerdo comercial con la UE por presunta presión de Rusia, que luego aprobó un préstamo de 15.000 millones de euros para la ex república soviética.
