Trump abre la puerta a la deportación masiva de sin papeles

Millones de personas que viven sin autorización en Estados Unidos podrían ser deportadas, incluyendo quienes simplemente fueron arrestados por violaciones de tránsito, de acuerdo con una redefinición radical de las prioridades en la aplicación de las leyes migratorias, anunciadas ayer por el gobierno del presidente Donald Trump.

Cualquier inmigrante que vive en el país de manera ilegal y está acusado o ha sido hallado culpable de cualquier delito, incluso gente que no pasó de ser sospechosa, ahora será una prioridad de las autoridades migratorias del orden, de acuerdo con memorandos del Departamento de Seguridad Nacional firmados por el secretario John Kelly. Eso podría incluir personas que han sido arrestados por robos menores, como robo de prendas, o delitos menores.

Los memorandos eliminan directrices mucho más limitadas establecidas por el gobierno de Barack Obama y que se enfocaban estrictamente en inmigrantes hallados culpables de delitos graves, que representaban una amenaza a la seguridad nacional o que habían cruzado la frontera recientemente.

Los dos documentos amplían potencialmente el número de personas susceptibles de ser detenidas y deportadas y avanza en la contratación de 15.000 nuevos agentes destinados a ello.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), todo el que haya violado las leyes de inmigración es susceptible ahora de ser detenido y, en último término, deportado.

"El objetivo final es la deportación masiva", coincidieron organizaciones civiles y de defensa de los inmigrantes. "No, para nada", respondió a esta interpretación el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, en su rueda de prensa diaria.

Uno de los memorandos identifica también los lugares en los que va a empezar a construirse el polémico muro en la frontera con México para evitar la entrada de inmigración ilegal. Llega en la misma semana en la que los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional, Rex Tillerson y John Kelly, viajan al país del sur para reunirse con la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

"Todos los que hayan violado leyes de inmigración está sujetos a la aplicación de estos procedimientos, incluyendo la expulsión del país", indicó el departamento de Kelly en las directrices sobre cómo cumplir con las disposiciones del presidente Trump. "Con excepciones extremadamente limitadas, el DHS no establecerá exclusiones", señaló.

Esto supone un cambio drástico frente a los años anteriores. La administración de Barack Obama situó a los inmigrantes sin papeles que hubieran cometido crímenes graves como prioritarios para la deportación. La nueva administración sitúa básicamente a todos los indocumentados como prioritarios de ser arrestados y expulsados, pese a que Trump, en una entrevista televisiva tras ganar las elecciones, cifró en 3 millones los prioritarios para deportación.

Esa cifra fue la que aproximadamente deportó la administración de Barack Obama, el presidente que más sin papeles expulsó (casi 2,9 millones) y por la que organizaciones de derechos civiles le pusieron el sobrenombre de "deportador en jefe", en un juego de palabras con su posición como "comandante en jefe".

Lo que no tocan sobre el papel los dos memorandos publicados ayer es la protección que Obama concedió a jóvenes indocumentados que llegaron al país de niños junto a sus padres y así lo destacaron explícitamente tanto el Departamento de Seguridad Nacional como el portavoz de la Casa Blanca.

Los "dreamers" se salvan

Unos 750.000 jóvenes, conocidos como "dreamers" (soñadores), están acogidos al Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca), que los protege de la deportación y les da permisos de trabajo temporales. Sería fácil localizarlos porque la administración cuenta con sus datos.

Pero organizaciones de derechos civiles y defensa de los inmigrantes advirtieron en contra de entender que los "dreamers" están a salvo. "Todo el mundo es ahora una prioridad", dijo Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes Migratorias, que habló de "potenciales violaciones de la Constitución" y de la posibilidad de acudir por ello a los tribunales. "El objetivo final es la deportación masiva", coincidió Tom Jawetz, vicepresidente de Inmigración del Centro para el Progreso Americano.

Sus organizaciones están entre las que aseguraban que Trump había iniciado ya el camino de las deportaciones masivas con el arresto, en la segunda semana de febrero, de cerca de 700 inmigrantes en redadadas del Servicio de Inmigración y Aduanas. "La represión contra criminales ilegales es sencillamente el mantenimiento de mi promesa de campaña. Miembros de bandas, traficantes de droga y otros están siendo deportados", escribió Trump en Twitter tras esas redadas.

Los 15.000 nuevos agentes que anuncian los memorandos del Departamento de Seguridad Nacional se dividen en dos grupos: 10.000 nuevos agentes del Servicio de Inmigración y 5.000 nuevos de la Patrulla Fronteriza.

Respecto al muro, ha identificado lugares cerca de El Paso (Texas), Tucson (Arizona) y El Centro (California) donde va a comenzar a levantar la barrera tras comprobar que la valla o el cercado allí existentes han dejado de ser "efectivos". Además, la Patrulla Fronteriza está analizando cuáles son las áreas prioritarias donde no existe nada para levantar un muro o una barrera física similar.

Trump ha anunciado que esta semana firmará una nueva orden ejecutiva sobre migración, que se prevé dirigida a superar la suspensión en la que la Justicia dejó su veto a los ciudadanos de siete países musulmanes.

Sara Barderas