Toda la clase política brasileña tiene turno con el banquillo

El fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, realizó una serie de graves denuncias en las últimas horas que ponen en la mira de la Justicia a las principales autoridades el país, a empezar por la presidenta Dilma Rousseff. Antes de pedir investigar formalmente a la mandataria por presunta obstrucción a la Justicia, Janot había denunciado al ex presidente Lula da Silva por la misma causa ante la Suprema Corte de Justicia.

El fiscal general pide incluir a Lula, tres de los principales ministros de Rousseff, otros ex ministros de ambos, senadores y diputados, en el principal proceso vinculado a la trama de corrupción que operó en Petrobras, que tramita en el Supremo. Lapidario, Janot sostiene que el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil no podría existir sin la anuencia y conocimiento de Lula.

Es la acusación más contundente que sufre el ex presidente y líder máximo de la izquierda brasileña. Además, es la primera ocasión que se lo relaciona directamente con una trama ilegal que operó durante su gobierno (2003-2010). Según Janot, las 31 personas que pretende incluir en ese proceso, entre quienes está además el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, están bajo sospecha de haber incurrido en los delitos de asociación para delinquir, lavado de dinero y corrupción. Los tres delitos, según Janot, configuran en conjunto "organización delictiva" que actuaba para desviar dinero de Petrobras. "Esta organización delictiva jamás podría haber funcionado durante tantos años y de una forma tan amplia y agresiva en el ámbito del gobierno federal sin que el ex presidente Lula participara de ella", aseveró el fiscal.

Pero además de tener en jaque a la propia presidenta de la República, sus principales ministros, al presidente de Diputados —tercero en la línea jerárquica del país y ya procesado en el Supremo por presuntos nexos con los fraudes en Petrobras—, Janot puso en la mira de la Justicia al principal líder de la oposición, el senador Aécio Neves.

Candidato derrotado por Rousseff en las elecciones de 2014, el presidente del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), la principal fuerza opositora, está bajo sospecha de haber recibido sobornos en el marco de una trama ilegal que funcionó en otra empresa estatal, Furnas, subsidiaria de la gigante Eletrobras y también vinculada, al igual que Petrobras, al Ministerio de Minas y Energía. Es así que en las vísperas de que la presidenta de la República sea suspendida temporalmente del cargo, algo que parece irreversible, las principales autoridades y líderes del país están por ser acomodados, y en algunos casos ya lo están, en el banquillo de los acusados.

Rousseff tiene varios frentes abiertos. Además del pedido de investigación en su contra realizado por Janot, y de estar a las puertas de un juicio político por presuntas maniobras fiscales, ella y el vicepresidente, Michel Temer, enfrentan un proceso en el Supremo Tribunal Electoral por sospechas de que sus campañas recibieron recursos desviados de Petrobras. Si la sospecha se constata, la elección de 2014 será anulada, ambos perderán sus mandatos y se convocarán nuevas elecciones.

Temer, quien asumirá el gobierno en forma interina por 180 días en caso de que el Senado abra el juicio político contra Rousseff el 11 de mayo, y en forma definitiva si la Cámara alta condena a la mandataria, es correligionario de Cunha en el PMDB. El vicepresidente ha sido vinculado por algunos implicados en la trama de corrupción, pero no existen denuncias directas en su contra.

Líderes procesados. Pero el PMDB tiene entre sus líderes no solo denunciados sino procesados por el caso Petrobras, como Cunha. Tercero en la línea jerárquica del país, el presidente de Diputados, quien asumiría la Presidencia en caso de ausencia del presidente en un gobierno Temer, ya enfrenta dos procesamientos en el Supremo, donde se lo acusa de haber recibido cinco millones de dólares en sobornos para facilitar contratos con Petrobras.

También es objeto de un proceso de impugnación de mandato en la Cámara baja por haber ocultado que poseía cuentas en Suiza. El cuarto en la línea de poder, el presidente del Senado, Renan Calheiros, tiene 12 procesos abiertos en el Supremo, también por sospecha de haberse beneficiado con los fraudes en Petrobras y haber participado en otros casos de corrupción. Como presidente del Senado, Calheiros, correlgionario de Temer y Cunha en el PMDB, será quien conducirá el juicio político contra Rousseff.