Tensión en Cataluña por la consulta popular

El jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, aseguró que la votación “simbólica” que se pretende celebrar hoy en Cataluña “no es un referéndum ni una consulta” y que “no produce efecto alguno”. El gobierno catalán impulsa una consulta “simbólica”, pese a que fue prohibida por el Tribunal Constitucional español.

   El jefe del Ejecutivo español recordó ayer en una convención de su partido que el Tribunal Constitucional paralizó tanto el referéndum independentista oficial convocado en un primer momento por el presidente del gobierno catalán, Artur Mas, como la consulta “simbólica”. Esta está igulamente convocada para hoy, 9 de noviembre, que era la fecha fijada para el referendo oficial. También las preguntas y la boletas son las mismas, factores que empujaron al Tribunal Constitucional a prohibir la segunda consulta. “Eso es bueno, porque demuestra que España es un país donde todos están sometidos al imperio de la ley. Eso es la democracia”, dijo ayer Rajoy en la ciudad de Cáceres.

   El presidente del gobierno español no reveló si tomará medidas en caso de que hoy finalmente Mas saque las urnas a la calle para medir el sentir independentista de los catalanes en la cita, que es no oficial, sin censo previo y controlada por voluntarios. El jefe del Ejecutivo catalán llamó esta semana a los ciudadanos de la región a votar “sin miedo”. El 14 de octubre anunció la celebración del sucedáneo de referéndum.

   “Mientras yo sea presidente del gobierno, la Constitución española se cumplirá, la soberanía nacional estará a salvo y nadie romperá la unidad de España”, advirtió ayer el presidente del gobierno español. “Conviene que a partir del próximo lunes se recupere la cordura y hablemos dentro del marco de la Constitución y de la ley”, instó Rajoy a Mas, quien anunció esta semana que mañana enviará una carta al gobierno español para invitarlo a hacer balance de la consulta y negociar.

   La fiscalía del tribunal superior de Justicia de Cataluña abrió un expediente para investigar si la cesión de locales públicos para ubicar las urnas puede ser un delito, informaron medios españoles. El gobierno catalán prevé que se pueda votar en 1.317 locales repartidos en 942 de los 947 municipios catalanes. En una entrevista emitida en la televisión pública catalana, Artur Mas insistió ayer en que la consulta no oficial no puede constituir un delito, porque está basada en derechos de expresión y participación. El presidente del gobierno catalán anunció que deja su ejecución en manos de 40.000 voluntarios inscriptos para hacerse cargo de las urnas y las mesas de votación, una estrategia para diluir su responsabilidad y eludir el veto del Constitucional. Pero ayer confirmó que será el Ejecutivo regional el que haga el recuento y anuncie los resultados. Las preguntas son las mismas que en el referendo oficial vetado: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado?”, y “En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?”. Más que el resultado de la votación, lo importante será la participación.

Refuerzos policiales. El gobierno español reforzará en Barcelona, la capital catalana, el número de agentes antidisturbios de la policía nacional española, con unos 300 efectivos desplazados desde otros puntos del país. En Cataluña es la policía regional, los llamados “Mossos d’Esquadra”, la que tiene la competencia primaria de la seguridad. El responsable de Interior del gobierno regional admitió esta semana que, si existiera un pronunciamiento fiscal o judicial, esos agentes tendrían que evitar la consulta. “Por poco mínimo sentido común que tengan, cualquier actuación fuera de lugar sería un ataque directo a la democracia y a los derechos fundamentales de expresión y de participación de la gente”, desafió sin embargo Mas. Los nacionalistas catalanes esperan que la orden de prohibición no se emita y que no se produzcan incidentes en torno a las urnas. El desafío está planteado y sólo resta esperar a ver cómo se desarrollan hoy los acontecimientos.