Temiendo por su seguridad debido al aumento de la delincuencia en Brasil, Paulo Alberto se inscribió en un club de tiro hace tres años y aprendió a disparar. Sin embargo, debido a las complicadas leyes en el país que impiden la portación de armas, dice tener pocas opciones para protegerse afuera de su casa. "Las leyes actuales son muy estrictas y terminan ayudando a los rufianes", dijo Alberto entre rondas de tiro en el club Calibre 12 en Sao Gonçalo, frente a la Bahía de Guanabara, en Río de Janeiro. "Necesitamos leyes que faciliten tanto poseer como portar armas".
Es una opinión que muchos comparten, incluso el nuevo presidente Jair Bolsonaro. El martes último, Bolsonaro, un ex capitán del ejército que saluda a sus partidarios haciendo como si sus manos fueran una pistola, dio el primer paso para aumentar considerablemente el número de armas de fuego en Brasil, el país con más homicidios totales en el mundo. Por decreto, Bolsonaro eliminó el requisito para que quienes quieran tener un arma justifiquen a la policía federal por qué la necesitan, creando en su lugar una gran variedad de circunstancias válidas. Las categorías son tan amplias —los ciudadanos que viven en zonas rurales, aquellos en áreas urbanas con altos índices de homicidios, los propietarios de comercios, los coleccionistas de armas y los cazadores— que prácticamente cualquier ciudadano de 25 años o más que quiera un arma de fuego podrá poseer una. Los que deseen tenerla todavía deberán cumplir con requisitos que incluyen no tener antecedentes penales, someterse a un examen psicológico y capacitarse en un campo de tiro. Y la restricción que más odian los defensores de las armas —la del derecho de los civiles a portarlas— permanece intacta, al menos por ahora.
Bolsonaro dijo que se procurará "promover más reformas ante el Poder Legislativo", haciendo referencia a las leyes de portación de armas. Dichos cambios motivan a los partidarios de la posesión de armas de fuego, y son una posible bendición para los que las producen. En el primer día de Bolsonaro en el puesto a principios de mes, las acciones del fabricante de armas de fuego Forjas Taurus subieron 30 por ciento.
Pero para los grupos defensores de los derechos civiles, los expertos en seguridad y muchas personas en los barrios asolados por la violencia, los posibles cambios son aterradores. Múltiples estudios en Brasil y Estados Unidos demostraron que la disponibilidad de más armas deriva en tasas de homicidios más elevadas. Es un futuro preocupante en un país que, según las cifras más recientes disponibles, en 2017 rompió su propio récord de homicidios con casi 64.000 asesinatos, 70 por ciento de ellos por armas de fuego. "Estamos hablando de vida y muerte", dijo Ilona Szabo, cofundadora de Igarape, un centro de investigación que se enfoca en la seguridad pública. "No es algo con lo que se deba jugar en el país con más homicidios del mundo".
Szabo y otros expertos en seguridad argumentan que, en lugar de ampliar el acceso a las armas, las leyes actuales sobre éstas deberían aplicarse con mayor rigor. En un cáustico editorial titulado Decreto irresponsable, el diario O Globo de Río de Janeiro dijo que de por sí ya hay poca supervisión de los propietarios de un arma, y apuntó a una investigación de la legislatura estatal del Estado en 2001 que encontró que la mayoría de las armas traficadas ilegalmente comenzaron siendo legales. "No hay una garantía de que el facilitar la posesión (de armas) vaya emparejado con ningún control efectivo", señaló.
El decreto de Bolsonaro no mencionó un fortalecimiento en el actual sistema de reporte de armas. En contraste, extendió el período de renovación de licencia de cinco a 10 años. En el Congreso, los cabilderos pro armas conocidos como la "bancada de la bala" dejaron claro que su enfoque es la desreglamentación, y no añadir más requisitos administrativos. Desde que se aprobó una ley para endurecer las que regulan las armas en 2003, esa bancada presentó varios proyectos de ley para ampliar el acceso y la disponibilidad de las armas de fuego. Entre ellos había algunos que sancionaban el transporte de armas ocultas, aumentaban el número de armas que un individuo puede poseer y cuántas municiones puede comprar.
Dichas iniciativas no consiguieron prosperar en los cuatro gobiernos anteriores encabezados por mandatarios del Partido de los Trabajadores. Pero los analistas políticos dicen que la contundente victoria de Bolsonaro en las elecciones de octubre, combinada con una profunda frustración por la violencia, significa que existe una buena posibilidad de que sean aprobadas.
Por la prohibición
Sin embargo, las encuestas mostraron una y otra vez que la mayoría de los brasileños no están convencidos de que tener más armas sea una buena idea. Un sondeo de Datafolha publicado a fines de 2018 encontró que el 61 por ciento de las personas encuestadas creen que las armas de fuego deberían estar prohibidas y que representan una amenaza para los demás. La encuesta, en la que fueron entrevistadas 2.077 personas, tuvo un margen de error de 2 por ciento. En forma similar a los argumentos planteados por la Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos, los partidarios de leyes de armas más flexibles a menudo argumentan que "las armas no matan a la gente; la gente mata a la gente".
El debate llega en medio de un contexto desconcertante: Nadie sabe cuántas armas ya están en circulación en Brasil, una nación de 210 millones de habitantes y limítrofe con más de media docena de países. Luego de la ley de 2003 para restringir la posesión de armas, los estudios estimaron que el número de éstas era de aproximadamente 17,5 millones, de propiedad tanto legal como ilegal. Desde entonces, sin embargo, expertos en seguridad dicen que no se realizaron estudios definitivos, en parte porque el monitoreo de las armas nunca se ha financiado ni implementado adecuadamente.
Quienes están a favor de que haya menos regulaciones arguyen que, debido al fracaso de los gobiernos anteriores en garantizar la seguridad, los ciudadanos tienen derecho a protegerse con armas de fuego. Pero un incidente en que estuvo involucrado el mismo Bolsonaro parecería ilustrar cómo portar armas no necesariamente significa estar protegido. En 1995, el entonces legislador viajaba en su motocicleta cuando fue confrontado por dos hombres armados en Barra de Tijuca, un vecindario adinerado de Río.
A Bolsonaro le robaron la moto y una pistola Glock 380 que tenía permiso para portar por haber pertenecido al ejército. "Incluso armado, me sentí indefenso", dijo el mandatario a los diarios locales en esa época. Pese al incidente, Bolsonaro y otros funcionarios del gobierno argumentan que la población civil necesita de armas para defenderse. El senador Major Olimpio, del partido de Bolsonaro, dijo que el Congreso actuaría para repeler partes de la legislación de desarme de 2003. "Es una gran falacia decir que las armas incrementarán la violencia", dijo Olimpio. "En los delitos hay armas ilegales involucradas".