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Suspendieron al juez Garzón por investigar los crímenes franquistas

Fue inhabilitado por voto unánime mientras se lo juzga por presunto prevaricato. Sus seguidores le brindaron una emotiva despedida cuando abandonó la Audiencia Nacional.

Sábado 15 de Mayo de 2010

Madrid. — Emocionado por el cariño de sus seguidores y casi con lágrimas en los ojos, el juez Baltasar Garzón abandonó ayer la Audiencia Nacional española tras ser suspendido cautelarmente de sus funciones por una fallida investigación de los crímenes del franquismo. El magistrado está acusado de prevaricación —el delito de dictar a sabiendas una resolución injusta— y a la espera de juicio. En un pleno extraordinario, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces en España, decidió por unanimidad suspenderlo, por lo que de forma automática fue apartado de los casos que investigaba.

Minutos después de conocerse la suspensión y a escasos metros de la sede del Consejo en el centro de Madrid, decenas de trabajadores del juzgado de Garzón se congregaron en la puerta de la Audiencia para despedirlo entre aplausos. "¡Garzón, amigo, el pueblo está contigo!", corearon ante el magistrado, que se fundió en largos y emotivos abrazos con muchos de sus empleados. La imagen, repetida una y otra vez por la televisión española, se convirtió en uno de los diez asuntos más comentados en la red social Twitter a nivel mundial.

Prácticamente a la misma hora, el ultraderechista Miguel Bernad, secretario general del autodenominado sindicato Manos Limpias (no cuenta con representación en ningún centro de trabajo de España), anunciaba el "triunfo de toda la sociedad". La suspensión de Garzón, dijo, demuestra que "nadie está por encima de la ley".

La decisión, aunque esperada, es un duro golpe para un magistrado que goza de gran prestigio internacional por su empeño en perseguir delitos de lesa humanidad en todo el mundo. Aunque la suspensión es sólo cautelar, muchos analistas entienden que este paso escribe un punto final a la carrera del juez que puso contra las cuerdas al ex dictador chileno Augusto Pinochet y contribuyó a esclarecer crímenes en países como Argentina.

Rostro universal. Garzón, de 54 años, llevaba 22 al frente del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, desde el que instruyó sumarios decisivos en la lucha contra el narcotráfico y el grupo separatista vasco ETA. También, a través de casos como el de Pinochet, se convirtió en el rostro más conocido de la Justicia universal. “No se afrontan las situaciones complejas con optimismo, sino con tranquilidad, con la tranquilidad que da saber que soy inocente de lo que se me acusa”, dijo ayer Garzón a la prensa. “Como hombre respetuoso con la ley, sólo me queda asumir la decisión”.

Organizaciones de ultraderecha acusan a Garzón de haber ignorado intencionadamente la Ley de Amnistía de 1977 cuando se declaró competente para investigar la desaparición de más de 100.000 personas durante la guerra civil y la dictadura. El autodenominado sindicato Manos Limpias y la organización Libertad e Identidad piden que sea inhabilitado por 20 años. Falange Española de las JONS, heredera del partido único sobre el que se asentó la dictadura de Franco (1939-1975), era la otra acusación, si bien finalmente fue expulsada del proceso por no presentar a tiempo una corrección de su escrito de acusación contra el juez. Al margen de esta causa, el juez tiene abiertas otras dos en el Tribunal Supremo: una por los ingresos que percibió del banco Santander durante una estancia docente en Nueva York y otra por ordenar escuchar las conversaciones entre los abogados de la trama de corrupción Gürtel y sus clientes encarcelados.

Juicio en septiembre. El juicio podría celebrarse en septiembre. Si Garzón es absuelto, la suspensión quedaría revocada con efecto inmediato y el juez recuperaría su plaza. Si es condenado, se enfrenta a una inhabilitación de hasta veinte años. “La persecución contra Garzón es un ataque a los fundamentos de la democracia. En ningún renglón de la Ley de Amnistía se dice que los crímenes del franquismo no se puedan investigar”, dijo la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que lleva años buscando desaparecidos de la guerra civil.

El gobierno español defendió la independencia de las actuaciones judiciales, pero, al mismo tiempo, exigió respeto a la presunción de inocencia de Garzón. “El proceso no ha concluido”, recordó la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. Intelectuales y grupos pro derechos humanos que habían apoyado al juez durante el largo proceso que culminó con su suspensión reiteraron su malestar. “Garzón ayudó a llevar justicia a las víctimas de atrocidades fuera de España y ahora está siendo castigado por intentar hacer lo mismo en casa”, dijo Reed Brody, portavoz de Human Rights Watch.

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