El Mundo

Se inició el juicio por la masacre que hizo caer a presidente paraguayo

Un caso emblemático. El desalojo de una hacienda tomada por campesinos dejó 17 muertos. Pocos días después era destituido el presidente.

Martes 28 de Julio de 2015

Comenzó en Asunción el juicio oral y público del caso Curuguaty, la matanza de 17 personas —11 campesinos y 6 policías— ocurrida a mediados de 2012, cuando un grupo de militantes agrarios ocupó un predio rural y se enfrentó a tiros con la policía que intentaba desalojarlos. El violento episodio dio motivo días después a la destitución por el Congreso del presidente Fernando Lugo. Con la presencia de observadores internacionales y miembros de organizaciones de derechos humanos —Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, entre ellos—, las personas acusadas renunciaron a los abogados de la defensa, lo que provocó una postergación del juicio hasta hoy. El trasfondo político y social, así como la defensa de los acusados por organismos de derechos humanos, hacen de Curuguaty un caso de indudable peso político.

Llamó la atención de los presentes y observadores que los once campesinos acusados alegaron que no confiaban en la defensa de Vicente Morales y Guillermo Ferreiro, solicitando de inmediato un defensor público. Por su parte, el fiscal Jalil Rachid volvió a ratificar que los campesinos detenidos y acusados cometieron invasión de un inmueble privado y mataron a los seis policías. "Tenemos elementos probatorios para demostrar que en este caso hubo invasión de un inmueble privado; los policías fueron los primeros en caer, policías desarmados, así como hubo también campesinos muertos, porque después de la acción hubo reacción", afirmó el fiscal Rachid.

Por su parte, uno de los abogados de los acusados, Guillermo Ferreiro —desconocido por sus propios defendidos—, dijo que espera que los jueces "tengan en cuenta el derecho paraguayo y no cometan una barbaridad". También dijo que los observadores internacionales van a dar garantías al proceso. Ferreiro, antes de ser considerado no confiable por sus defendidos, alcanzó a agregar que poseen testimonios, documentos y otros elementos que demostrarían la inocencia de sus ex defendidos.

En la sala se encontraba Nora Cortiñas, titular de la Línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo, quien llegó a la capital paraguaya desde Argentina. Lo primero que comentó a los medios fue que al intentar ingresar al juzgado con el pañuelo distintivo de las Madres le obligaron a quitárselo. "Me solicitaron que me sacara el pañuelo y que guardara la fotografía de mi hijo desaparecido", comentó.

Una de las organizaciones que defiende a los acusados, la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy) declaró por su lado que "la actuación que han tenido fiscales y jueces en este caso, desde el comienzo, implica claramente parcialidad manifiesta y mal desempeño en sus funciones. Una acusación fiscal plagada de vicios e irregularidades, una audiencia preliminar también cargada de irregularidades en perjuicio de las personas procesadas y pruebas que fueron ocultadas a abogados defensores de los campesinos", detalló la organización.

La Justicia de Paraguay aborda la resolución del episodio de sangre ocurrido el 15 de junio de 2012. Los organismos de derechos humanos dicen que el juicio se centra en los campesinos acusados de matar a los policías, mientras que no se ha desarrollado la investigación de los 11 campesinos en el predio tomado. Los acusados se enfrentan a causas penales que van desde asociación criminal e invasión de inmueble hasta homicidio doloso, con condenas que pueden llegar a los 25 años.

La situación de las tierras en disputa, la hacienda Marina Kué, sigue en discusión. Según los campesinos y los organismos que los defienden, las tierras habían sido donadas al Estado paraguayo en 1967, mientras la empresa Campos Morombí aduce ser la propietaria pero no presenta los títulos de las tierras. Según la fiscalía, la titularidad de las tierras está probada y los campesinos incurrieron en un delito al que se agrega el recurso a la violencia armada. Este punto parece probado por la muerte de seis policías aquel día de 2012.

La destitución de Lugo. El caso tiene por lo demás una resonancia política que va más allá del pleito de las tierras: devino en el detonador de la destitución del presidente Fernando Lugo. El 21 de junio de 2012, la Cámara de Diputados aprobó la apertura del juicio político contra el presidente. Al día siguiente, 22 de junio, con 39 votos a favor y 4 en contra, Lugo fue destituido por el Senado. El proceso de destitución fue calificado de "ruptura del orden democrático" por varios gobiernos latinoamericanos, y esto llevó a que Paraguay fuese suspendido del Mercosur y la Unasur. La velocidad extrema que se impuso al proceso de juicio político del presidente puso en duda que Lugo haya podido defenderse de manera apropiada. Posteriormente, en abril de 2013, se llamó a elecciones, las que ganó con amplitud el actual mandatario Horacio Cartes, del tradicional Partido Colorado.

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