El Mundo

Se acelera la crisis catalana: el jueves se declararía la independencia

El Parlamento regional seguramente se anticipará a la intervención, que el viernes sancionará el Senado español

Martes 24 de Octubre de 2017

La crisis institucional más grave de las últimas décadas en España entró hoy en una semana decisiva que podría acabar con la declaración unilateral de independencia el jueves en Cataluña y la intervención de la región por parte del Estado central un día después.

Son los dos pasos extremos que Madrid y Barcelona intentaban evitar con la esperanza de encontrar una salida negociada a la crisis. Con todas las vías de diálogo cerradas, ambas partes avanzan ahora hacia el "choque de trenes" temido desde hace meses: un escenario de conflicto frontal con consecuencias imprevisibles.

La situación siguió ayer su escalada, cuando el "Parlament" catalán al mando de Carme Forcadell convocó para este jueves a un pleno extraordinario en el que podría declarar la independencia. La cita llega un día antes de que el Senado español apruebe la aplicación del artículo 155 de la Constitución, con el que Madrid va a relevar al Ejecutivo catalán y frenar así su plan secesionista.

El presidente del "govern" en Barcelona, Carles Puigdemont, había pedido convocar ese pleno horas después de que el gobierno central de Mariano Rajoy anunciara el sábado la intervención de la región, un paso inédito en 40 años de democracia.

"Las instituciones catalanas y el pueblo de Cataluña no podemos aceptar este ataque", afirmó Puigdemont en un mensaje televisado. Aunque no aludió a una declaración de independencia unilateral (no aceptada por España) en el pleno, todas las fuerzas que lo apoyan piden dar ese paso como respuesta a la aplicación del artículo 155.

"Hay que plantear todas las iniciativas y acciones jurídicas necesarias para defenderse", coincidió el jefe parlamentario de la coalición gobernante Junts pel Sí, Lluís Corominas, sin dar más detalles. Es un secretismo habitual en el proceso soberanista, para evitar que la Justicia frene de antemano esas medidas unilaterales y fuera del marco constitucional.

El efecto concreto de la declaración de independencia sería limitado. No se espera que ningún país reconozca una "república catalana independiente". En cambio, podría costar caro a Puigdemont: el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, adelantó el fin de semana que prepara para ese caso una denuncia contra el "president" por rebelión, un delito penado con hasta 30 años de cárcel.

En otro hito de la semana, Puigdemont quiere al parecer ejercer su derecho de presentar alegaciones ante el Senado de España antes de que se apruebe el artículo 155, aunque por el momento no se fijó fecha para esa comparecencia. El Senado aclaró que debería ser el mismo jueves.

El gobierno catalán abrió una crisis sin precedentes organizando un referéndum soberanista el 1º de octubre pese a que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional, que luego lo declaró nulo e ilegal. Basándose en la victoria del "sí" a la ruptura con España (los partidarios del "no" se ausentaron de la consulta), Puigdemont anunció la independencia hace dos semanas en el Parlamento regional, pero la suspendió de inmediato y pidió diálogo con Madrid.

Tras dos pedidos de rectificación no atendidos por Puigdemont, Rajoy anunció el sábado la aplicación del artículo 155, que le permite tomar "las medidas necesarias" para forzar a Cataluña a cumplir la ley y la Constitución. Un paso arriesgado para el que se aseguró el apoyo del rey Felipe VI, de gran parte de la oposición y de Europa. No hay dudas de que la Cataluña de Puigdemont y aliados nacerá como una criatura efímera y sin reconocimiento alguno.

La Constitución establece que la intervención debe ser aprobada por el Senado, responsable de la representación territorial, donde el Partido Popular de Rajoy tiene mayoría absoluta y sumará además los votos de los socialistas del PSOE y los liberales de Ciudadanos.

Entre las medidas decididas está la destitución del gobierno catalán completo y la convocatoria a elecciones en la región en un plazo de seis meses. También se tomará el control de la Policía regional (los Mossos d'Esquadra) y de la televisión autonómica TV3.

"El sábado pondremos en marcha las medidas con el fin de preservar la autonomía", adelantó ayer la vicepresidenta del gobierno españlol, Soraya Sáenz de Santamaría. La intervención comenzará de forma gradual, seguramente con el control de las finanzas regionales, que en gran parte ya han sido intervenidas.

El artículo 155 indignó a los sectores independentistas, que lo calificaron de "agresión" y "golpe de Estado", por lo que se espera una semana tensa también en las calles. La Candidatura de Unidad Popular (CUP), pequeño partido antisistema que apoya a Puigdemont, convoca a la "lucha no violenta".

El domingo se celebrará una marcha opuesta en Barcelona convocada por Sociedad Civil Catalana, la entidad que reunió a cientos de miles de personas en las calles de la ciudad hace dos semanas a favor de la unidad con España.

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