Santa Cruz, con gobernador y Parlamento propios

La Paz. — La región boliviana de Santa Cruz puso en marcha su autonomía con la creación de una Asamblea Legislativa o Parlamento, mientras el prefecto, Rubén Costas, se erigió en gobernador. El vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera, calificó todo lo actuado en Santa Cruz como carente de cualquier "efecto legal".

Las decisiones de Santa Cruz tienen lugar once días después de la aprobación en las urnas por abrumadora mayoría de un estatuto de autonomía. García Linera declaró que las autoridades de Santa Cruz, "podrán llamarse como quieran. Lo legal y constitucional es un nombre, prefecto, y unas facultades, y eso será lo que se cumplirá y respetará".

Bolivia mantiene un régimen centralista, pese al creciente reclamo de federalismo de al menos seis de las nueve regiones o prefecturas del país. En 2005 por primera vez los prefectos fueron elegidos por el voto popular y ya no designados por el poder central.

El ahora gobernador Costas cerró la última sesión del Consejo Departamental, que a partir de ayer pasó a llamarse Asamblea Legislativa Departamental, y que tiene la misión de convocar a elecciones en 90 días para elegir a sus nuevos miembros.

Una vez designada, el nuevo Parlamento regional aprobó su primera ley, la que ratifica la vigencia del estatuto y cambia la nomenclatura de las instituciones. Santa Cruz pasó a convertirse así en "Departamento Autónomo". A la primera sesión de la nueva Asamblea Legislativa se incorporaron delegados de cinco pueblos indígenas. Uno de ellos, José Urañavi, dijo que "la autonomía es también un anhelo nuestro". El miércoles Costas creó una delegación de Comercio Exterior y Exportación. Su primer desafío como gobernador será derogar un decreto presidencial que impone restricciones a la exportación de aceite comestible, del que la región es la primera productora del país.

Salario mínimo. Otro desafío será aplicar un salario mínimo de 1.000 bolivianos, como prometió, equivalentes a 136 dólares, casi el doble del salario mínimo nacional fijado por el gobierno central.

La administración cruceña también pretende cobrar a las petroleras las regalías, que son atribución del gobierno de La Paz. El estatuto cruceño aprobado da a las autoridades departamentales el control en la distribución de las tierras y de los ingresos impositivos, algo que las pone en abierto conflicto con el gobierno nacional.