El Mundo

Rousseff roza el abismo tras la detención del tesorero del PT

Corrupción en Brasil. La reclusión de Joao Vaccari Neto acerca peligrosamente el escándalo de Petrobras a las campañas electorales de la presidenta.  

Domingo 19 de Abril de 2015

En menos de 24 horas, dos noticias "bomba" dejaron al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff al borde del abismo. A primera hora del martes, el tesorero nacional del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), Joao Vaccari Neto, fue arrestado por sus nexos con el escándalo de corrupción en Petrobras. Por la tarde, el Tribunal de Cuentas encontró indicios de delito de responsabilidad fiscal durante su primer gobierno. Ambas noticias castigan aún más a un gobierno debilitado por una creciente crisis política, sumergido en paupérrimos índices de popularidad (13 por ciento) y cercado por una oposición que busca fundamentos jurídicos para dar cabida a un clamor popular: la apertura de un juicio político contra la presidenta, que puede derivar en su destitución.

La petición de "impeachment" fue la principal reivindicación en las dos jornadas de protestas antigubernamentales que se realizaron en marzo y abril pasado, y es apoyada por el 63 por ciento de los brasileños. Joao Vaccari Neto, secretario de Finanzas del PT, desde 2010, fue arrestado bajo sospecha de haber intermediado la transferencia de recursos desviados de la petrolera para alimentar las finanzas de su partido. A esto se suma otra sospecha, aún más grave para el gobierno: la de que parte de esos fondos ilícitos hayan sido destinados, al menos en parte, a las dos campañas electorales de Rousseff (2010 y 2014). "El hecho dará munición a una oposición que dio una clara señal de que dejará la postura pasiva y buscará el enfrentamiento. Todavía no se puede decir si la prisión de Vaccari será el argumento (jurídico para el juicio político), pero es, sin duda, lo más poderoso que la oposición tiene hasta ahora", afirma Alan Gripp, del diario O Globo.

El arresto de Neto, segundo tesorero del PT en ir tras las rejas, aproxima "peligrosamente" el escándalo de Petrobras a las campañas de Rousseff, dijo el analista político Merval Pereira. Previamente ya fue a prisión Delúbio Soares, condenado por un caso de corrupción ocurrido durante el primer gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva. A las dudas sobre la legalidad de las finanzas de las campañas de Rousseff se suma la aprobación de un informe del Tribunal de Cuentas de Brasil (TCU) que considera delito de responsabilidad fiscal las maniobras realizadas por el Tesoro para "maquillar" el déficit del gobierno en 2014. El informe fue aprobado por unanimidad y se refiere a la retención, por parte del Tesoro, de recursos destinados a pagar beneficios sociales.

Bicicleteo fiscal. El llamado "bicicleteo" fiscal está siendo analizado desde hace tiempo por la oposición, que ve allí una brecha para iniciar un proceso de "impeachment". De comprobarse que el gobierno incurrió en el delito de responsabilidad fiscal, el caso pasaría a la Fiscalía. En base a esos dos presuntos delitos de responsabilidad fiscal, el presidente del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), senador Aécio Neves, dijo esta semana por primera vez con claridad: "El «impeachment» no es una palabra prohibida".

Neves, que fue derrotado por Rousseff en la segunda ronda electoral en 2014, explicó que por el momento su partido no decidió iniciar el juicio político. Pero "tenemos el deber de evaluar cada una de las denuncias, y si se considera que hubo la caracterización de delito de responsabilidad, éste (el juicio político) es una posibilidad prevista en la Constitución", advirtió. Neves se reunió con los presidentes de otros cinco partidos opositores, con quienes formarán un "bloque" con el fin de aunar esfuerzos en la búsqueda de indicios que den solvencia jurídica para iniciar el juicio a Rousseff. También participaron los líderes de más de 20 movimientos apartidarios, los mismos que sacaron a las calles a 2,5 millones de personas en las dos protestas anti-Rousseff de este año.

Los políticos fueron instados a decir "sí o no" a las demandas de los grupos apartidarios, a lo que Neves respondió: "Quiero dejar claro que vinimos acá para decir un sonoro sí a la demanda de las calles y queremos el apoyo de las redes sociales, de los movimientos".

Según el legislador, que el apoyo "de las calles" es "el impulso que el Congreso necesita para hacer valer ese sentimiento". "Ustedes tienen el instrumento que nos faltaba, que es el apoyo popular. Quiero decir que en este momento comenzamos a hacer historia", vaticinó el senador socialdemócrata, en lo que puede interpretarse como una demostración más de que la posible salida forzada de Rousseff del poder ya está instalada en la agenda nacional.

política y negocios

Bachelet lanza una reforma constitucional

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, envió un proyecto de reforma constitucional al Congreso para endurecer las penas por corrupción en el financiamiento de campañas electorales y establecer normas que regulen las relaciones entre negocios y política, como respuesta a los escándalos que afectan a todo el espectro ideológico, incluso a la familia de la mandataria. Por su parte, representantes de los opositores movimiento Evópoli y el partido Renovación Nacional (RN) valoraron el proyecto de reforma constitucional enviado por Bachelet, pero reclamaron penas más severas para irregularidades en la financiación de campañas electorales. El proyecto busca reducir los daños causados por los escándalos que desencadenaron una grave crisis política y de credibilidad.

Daños. En el palacio de La Moneda, la jefa de Estado señaló que el proyecto interpreta "la voluntad de dar un nuevo paso en el fortalecimiento de la democracia y su legitimidad" y reconoció que la confianza se ha visto dañada con los casos conocidos en el último tiempo. "Debemos frenar de raíz las acciones que se han ido enquistando", indicó. Remarcó que "como servidores públicos debemos ponernos una vara más alta y asegurar que sólo los que están dispuestos a actuar según los intereses de Chile estarán en los más altos puestos de la nación". Frente al impacto en el exterior donde el país figuraba con los índices de más baja corrupción, Bachelet dijo que "Chile requiere determinar claramente cuáles son las fronteras entre la política y los negocios, para frenar prácticas de corrupción y faltas a la ética". "Al mismo tiempo Chile necesita reglas claras para el financiamiento de campañas y sanciones que sirvan de ejemplo para los candidatos que no cumplen la ley", dijo. La iniciativa se conoce a una semana de que el Consejo Contra la Corrupción, creado en marzo y presidido por Eduardo Engel, presentara una propuesta al Ejecutivo.

En aquel momento la crisis no escalaba a los niveles de hoy, donde los detalles de las empresas Penta, Caval y Soquimich comprometieron a parlamentarios que debieron declarar en la Fiscalía. Penta salpicó a la pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI), Caval al hijo y la nuera de Bachelet y Soquimich, de Jorge Ponce Lerou, ex yerno del dictador Augusto Pinochet, a gran parte del oficialismo. Aparte del aspecto legal, en el caso Soquimich llama la atención de la opinión pública que políticos luchadores contra la dictadura aparezcan hoy obteniendo financiamiento del "yernísimo" que construyó su fortuna gracias a sus vínculos familiares con Pinochet.

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