Sábado 01 de Mayo de 2021
La nueva reforma tributaria del presidente de Colombia, Iván Duque, no gusta a los miles de ciudadanos que volvieron a salir ayer a las calles de las principales ciudades del país para pedir el retiro definitivo de la propuesta. Duque anticipó que revisará a fondo la reforma fiscal. En paralelo, la Fiscalía colombiana anunció una investigación sobre seis homicidios ocurridos durante los cuatro días de manifestaciones.
Duque ya retiró las propuestas más polémicas, como el aumento del IVA a bienes y servicios o la ampliación de la base de contribuyentes al impuesto de la renta. Sin embargo, los ciudadanos siguen en pie de guerra, convocados por el Comité Nacional de Paro.
Tras una madrugada con violencia en varias urbes, que dejó un muerto por arma de fuego en Cali, miles de colombianos protestaron este 1º de mayo por cuarto día consecutivo, contra la reforma fiscal que, denucian, castiga a la clase media en plena tercera ola de la pandemia de coronavirus.
Sindicatos, estudiantes, opositores y organizaciones de comerciantes marcharon en numerosas localidades en el Día Internacional de los Trabajadores.
En Bogotá, la marcha se dividió en dos: una parte se dirigió a la central Plaza de Bolívar, cercana a la sede del Poder Ejecutivo, y otra a la casa de Duque, cuya popularidad es de un 33%. Además de la capital, se registraron marchas en Medellín, Cali, Barranquilla y Neiva, así como en ciudades intermedias.
Si bien en su mayoría se desarrollaron de forma pacífica, se registraron incidentes en Barranquilla, donde un grupo de manifestantes atacó una cadena de almacenes, y Cartagena, donde incendiaron barricadas. En tanto, en Medellín, el alcalde Daniel Quintero alertó sobre las amenazas y ataques contra la red de transporte público y manifestantes. “Amenazas graves que tomamos muy en serio para hoy 1º de mayo. Por un lado, grupos radicalizados planean ataques al Metro. Por el otro, grupos de (autodefensas) Convivir quieren aprovechar el desorden para disparar a manifestantes. Hemos dispuesto efectivos para defender la vida e infraestructura”, tuiteó.
Desde el inicio de las protestas, el pasado miércoles, se produjeron una serie de disturbios en el centro y el suroeste del país, que llevaron a la militarización de la ciudad de Cali, epicentro de las movilizaciones. El gobierno decidió enviar más de 700 soldados, 500 hombres de la fuerza antidisturbios Esmad, 1.800 policías, dos helicópteros y 60 motos.
De los seis homicidios investigados por la Fiscalía, cinco ocurrieron en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, con 2,2 millones de habitantes.
Organizaciones de derechos humanos y congresistas de la oposición han denunciado que los homicidios por impacto de armas de fuego podrían ascender a 14 y se dieron en medio de abusos de la fuerza pública.
Desde Cali, el ministro de Defensa, Diego Molano, afirmó que los desmanes fueron orquestados por “organizaciones criminales”, entre las que se encuentran “disidencias” que no se acogieron al acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016. La cartera de Defensa de Molano solo reconoció un civil muerto, y 209 policías heridos, un uniformado fallecido y 185 arrestos realizados en los últimos días. Ni la Defensoría del Pueblo ni la Procuraduría, encargada de vigilar el ejercicio de los funcionarios públicos, se han pronunciado. Legisladores informaron que cuatro de las víctimas podrían haberse dado por “el accionar de la policía”.
Por otra parte, Twitter eliminó una publicación del ex presidente lvaro Uribe, quien apelaba al “derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad”, lo que la red social consideró “glorificación de la violencia”.
Las protestas contra la reforma tributaria, con la que el Gobierno pretendía recaudar unos 6.300 millones de dólares entre 2022 y 2031 para estabilizar las finanzas publicas, se dan mientras Colombia atraviesa una tercera ola de Covid, con más de 2,8 millones de contagios y casi 74.000 fallecidos. Colombia es el cuarto país más afectado de América Latina en proporción a su población.
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