Barcelona

Rajoy destituyó al gobierno catalán y convocó a elecciones para diciembre

Tras la declaración unilateral de soberanía, el líder español disolvió el Parlamento regional, tomó el control de la policía y de órganos de prensa estatales

Sábado 28 de Octubre de 2017

La tensión acumulada desde hace semanas en España por el desafío soberanista en Cataluña estalló ayer en una crisis sin precedentes cuando el "Parlament" en Barcelona aprobó la creación de una república y Madrid respondió disolviendo la Cámara y el gobierno regional y convocando elecciones autonómicas. Ambos pasos, inéditos en 40 años de democracia en España, abren ahora un nuevo capítulo con consecuencias imprevisibles que se extenderá por lo menos hasta el 21 de diciembre, la fecha fijada por el gobierno central de Mariano Rajoy para la llamada a las urnas.

Es posible que la destitución de los líderes encuentre una feroz oposición en Cataluña, donde miles celebraron ayer la declaración de independencia. Rajoy dijo que decidió "convocar cuanto antes esas elecciones libres, limpias y legales que puedan restaurar la democracia en la comunidad autónoma". Los nuevos poderes también le permitirían tomar el control de la policía y los órganos de prensa estatales.

El primer foco de conflicto en una jornada histórica se abrió en Barcelona, donde el Parlamento regional aprobó una resolución presentada para crear una "república independiente" en un plazo no estipulado: la ruptura decisiva con la que amenazaba desde hace meses el gobierno separatista de Puigdemont. "Constituimos la república catalana como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social", dice la resolución presentada y respaldada por el grupo Junts pel Sì del "Govern", el partido antisistema CUP (Candidatura de Unidad Popular) que lo apoya. "Vienen horas en las que tendremos que mantener el pulso de este país, tendremos que mantenerlo en el terreno de la paz, el civismo y la dignidad", vaticinó Puigdemont tras el voto en la Cámara, mientras miles de personas celebraban eufóricas en las calles dando por hecho la creación de la nueva república.

Terremoto político

Los juristas explicaron que el texto se limita a instar al "Govern" a iniciar un "proceso constituyente" que acabe en una Constitución catalana pero no implica una declaración de independencia, porque las fórmulas decisivas figuran en una parte no sometida a votación. Sin embargo, el voto en el "Parlament" abrió un terremoto político y una catarata de reacciones políticas, judiciales y económicas, comenzando por la más drástica: la aprobación en el Senado de las medidas pedidas por el gobierno de Rajoy para intervenir en la autonomía de Cataluña mediante el artículo 155 de la Constitución.

Tras esa aprobación, un Consejo de Ministros discutió en Madrid las primeras medidas de la intervención, que fueron más allá de lo previsto por la inesperada convocatoria de elecciones en diciembre, un paso pensado inicialmente para un plazo máximo de seis meses en el plan original del gobierno. Además de la destitución del "Govern" y la convocatoria a las urnas, Madrid aprobó disolver las delegaciones del gobierno catalán en el extranjero (excepto la de Bruselas) y diversos organismos autonómicos. También acordó el cese de los delegados del "Govern" en Madrid y Bruselas y del director de la policía autonómica catalana. "Vivimos hoy (por ayer) una jornada triste en la que la sinrazón se impuso a la ley y derribó la democracia en Cataluña", dijo Rajoy, que justificó las medidas como un modo de responder al "secuestro inadmisible a la mayoría de los catalanes y el hurto de una parte de su territorio al conjunto de los españoles". El líder conservador insistió en que la intervención en Cataluña no busca suspender su autonomía, sino restaurarla, y anunció por eso las elecciones: "Son las urnas, las de verdad, las que tienen ley, controles y garantías las que pueden sentar las bases de la convivencia". Madrid recurrirá también ante el Tribunal Constitucional la resolución independentista aprobada en el Parlament catalán. Además, la Fiscalía General del Estado confirmó que presentará previsiblemente el lunes una querella contra los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña y del "Govern" por un delito de rebelión, castigado con hasta 30 años de prisión. El riesgo de esas consecuencias penales explicarían la ambigua fórmula usada en la resolución aprobada ayer en el "Parlament", un modo de Puigdemont para contentar al independentismo y minimizar los frentes legales. El despojo de los poderes locales por Madrid probablemente será visto por los catalanes como un acto humillante y provocador. Se convocó a protestas mañana, y empleados del gobierno regional podrían aplicar un plan de desobediencia y retiro de cooperación.

Repercusiones

Las reacciones dentro y fuera de España se multiplicaron toda la jornada. "Sentimos vuestro dolor y angustia como dolores y angustias propias", dijo el socialista Pedro Sánchez, líder de la oposición. "Estoy convencido de que la unión entre compatriotas prevalecerá. Cataluña seguirá siendo España". Desde Bruselas, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ratificó el apoyo de la Unión Europea (UE) a la postura del gobierno de Rajoy: "Nada cambia para la UE. España sigue siendo nuestro único interlocutor", escribió en Twitter. "Espero que el gobierno español favorezca la fuerza de los argumentos, no el argumento de la fuerza". Socios europeos como Alemania, Italia o Francia, latinoamericanos como Colombia o Argentina y organismos como la ONU o la OTAN cerraron filas con Rajoy y anunciaron que no reconocerían una independencia unilateral de Cataluña. También Washington repitió su apoyo a Madrid. "Cataluña es una parte integral" del país, indicó el Departamento de Estado. "EEUU apoya las medidas constitucionales tomadas por el gobierno español para mantener España fuerte y unida".

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