El Mundo

Puigdemont y los miembros de su gobierno catalán fueron citados a declarar

Una jueza de la Audiencia Nacional acusa al ex presidente regional por los delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos

Miércoles 01 de Noviembre de 2017

La Justicia española llamó a declarar esta semana al ex jefe del gobierno catalán Carles Puigdemont por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación. "Volveré cuando tenga garantías jurídicas", había dicho él previamente desde Bruselas, donde se encuentra tras su destitución por parte de Madrid. El tribunal de la Audiencia Nacional admitió la querella presentada por la Fiscalía General del Estado contra el líder independentista y los miembros del que fuera su Ejecutivo al entender que actuaron "con el objeto de preparar y celebrar un referéndum para conseguir (...) la proclamación de una república catalana independiente de España".

La gran incógnita ahora es si Puigdemont acudirá a declarar como imputado a la sede del tribunal los próximos días 2 y 3 de noviembre, cuando fue citado. Tampoco se sabe con certeza qué ocurrirá en caso de que no comparezca. Si finalmente declara ante la Justicia, la Fiscalía podría pedir para él y para sus 13 ex consejeros medidas cautelares como el ingreso en prisión provisional, como ocurrió el 16 de octubre con Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, dos líderes separatistas catalanes denunciados por presunta sedición. La jueza que dictó su ingreso inmediato en la cárcel es la misma que llamó a declarar ayer a Puigdemont. Además de las citaciones, la jueza Carmen Lamela acordó en su auto fijar a los 14 querellados una fianza de 6,2 millones de euros con apercibimiento de embargo si no la depositan en tres días.

El líder catalán anunció ayer en Bruselas, en una rueda de prensa que despertó una gran expectación mediática, que no volverá a España si no tiene "garantías jurídicas" y aseguró que no pretende escapar a la acción de la Justicia, sino enfrentarse a ella "políticamente". El delito de rebelión está penado en España con hasta 30 años de prisión, mientras que el de sedición y malversación pueden suponer hasta 15 y ocho años, respectivamente. Puigdemont aseguró que la querella de la Fiscalía "es un ejemplo de máxima beligerancia por parte del gobierno español". "Se refiere a hechos políticos, persigue una idea y no un delito", dijo, advirtiendo de que podría "comportar la prisión preventiva y multas". "El de rebelión es un delito equiparable al terrorismo. Nunca hemos actuado con violencia y se nos compara con terroristas, por eso necesitamos la ayuda de Europa", dijo también el ex consejero catalán de Interior Joaquim Forn, quien está en Bruselas con Puigdemont.

El viaje del líder independentista a Bélgica propició desde el lunes muchas preguntas y especulaciones. Ayer descartó pedir asilo a ese país y aseguró que se trasladó a la capital de la Unión Europea para "poner de manifiesto el problema catalán" y "mostrar al mundo el grave déficit democrático que existe en el Estado español". Junto al ex líder catalán estuvieron algunos de los miembros del que fuera su gabinete, todos ellos destituidos en la madrugada del sábado por Madrid a tenor de las medidas implementadas por el gobierno de Mariano Rajoy para frenar el proceso independentista catalán.

Desde Bruselas, Puigdemont pidió ayuda a Europa, pero las autoridades de la región mostraron hasta ahora su respaldo al gobierno de Rajoy en la crisis abierta por el desafío separatista catalán. En la rueda de prensa, ofrecida en inglés, francés, español y catalán, el ex jefe del Ejecutivo regional explicó que una parte del "Govern" —concretamente nueve miembros— se desplazaron a Bruselas, mientras que el resto, encabezados por el ex vicepresidente Oriol Junqueras, sigue en Cataluña "haciendo la actividad política como miembros legítimos del gobierno de Cataluña". "No hemos abandonado nunca al gobierno. Vamos a seguir trabajando a pesar de las limitaciones", dijo. "Estamos aquí en la legalidad y sin incumplir nada, que quede claro. No nos hemos tenido que esconder", apuntilló después ante las preguntas de los periodistas.

El Parlamento catalán aprobó el viernes una resolución para crear una "república" independiente en Cataluña, que fue suspendida hoy de forma provisional por el Tribunal Constitucional español a instancias de un recurso del gobierno español. Ese mismo día, el propio jefe del Ejecutivo anunció la destitución del "Govern" catalán en bloque, la disolución del Parlamento catalán y la convocatoria de elecciones en la región para el 21 de diciembre.

Puigdemont confirmó ayer que reconocerá el resultado de esos comicios, a los que concurrirá su formación, el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT), y retó a Madrid a hacer lo mismo. "Las elecciones son un gesto democrático, no nos dan miedo. Si el Estado español quiso hacer un plebiscito, lo vamos a aceptar", dijo.

Ingenuidad

Un ex miembro del ex gobierno de Puigdemont reconoció ayer que la declaración de independencia fracasó y acusó de ingenuos a algunos de sus colegas de gobierno. "Este proceso por la independencia partió de la ingenuidad de que era un proceso fácil, de que se podía hacer de forma rápida y que no tenía costos", afirmó.

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