El presidente catalán, Carles Puigdemont, descartó ayer convocar elecciones y frenar sus planes de independencia, lo que acerca una toma de control regional por parte del gobierno central, con el riesgo de fuertes protestas en Cataluña. En una jornada de montaña rusa política en Cataluña, Puigdemont delegó en el "Parlament" la respuesta a la anunciada suspensión de facto de la autonomía regional. Su coalición advirtió que ésta tomará forma de declaración de independencia. "He estado dispuesto a convocar estas elecciones siempre y cuando se dieran unas garantías que permitieran su celebración en absoluta normalidad", dijo Puigdemont en un solemne discurso en la sede del gobierno regional, retrasado varias veces durante la jornada. Pero "no hay ninguna de estas garantías que justifiquen hoy la convocatoria de elecciones", añadió, echando por tierra la posibilidad de una distensión en la peor crisis de los últimos años en el país.
Poco después, en una comisión en el Senado, el gobierno español de Mariano Rajoy empezaba la defensa de la intervención de la autonomía para frenar la espiral independentista en esta región de 7,5 millones de habitantes y con una quinta parte de la riqueza nacional. "Queremos abrir una nueva etapa en la que la ley se respete", afirmó la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ante los senadores, que deben dar su autorización hoy a aplicar el artículo 155 de la Constitución. "Cumplimos con una obligación legal porque la primera responsabilidad de un gobierno es la de respetar y hacer respetar las leyes", dijo la "número dos" del gobierno española. El artículo, nunca usado desde la reinstauración de la democracia en España, permite la intervención de la región por parte del poder central. Bajo su amparo, el Ejecutivo de Rajoy busca destituir al gobierno de Puigdemont, supervisar la actividad del Parlamento catalán o tomar control de la policía o los medios de comunicación públicos regionales.
Esto puede desatar fuertes protestas en Cataluña, cuya sociedad está muy orgullosa del autogobierno regional recuperado tras la muerte del dictador Francisco Franco (1939-1975).
Aún sin resignarse, la oposición en el Parlamento regional imploró a Puigdemont que convoque elecciones regionales durante la sesión iniciada ayer y que podría culminar hoy con la declaración de secesión. "Todavía está a tiempo de volver a la legalidad y convocar elecciones", declaró Inés Arrimadas, dirigente de Ciudadanos, principal partido de oposición a los independentistas en Cataluña.
"Mañana (viernes) propondremos que la respuesta a esta agresión (...) sea continuar el mandato del pueblo de Cataluña en el referéndum del 1º de octubre", advirtió no obstante Lluís Corominas, el portavoz de la coalición de gobierno, Juntos por el Sí. Los independentistas se sienten legitimados por el referéndum inconstitucional celebrado el 1º de octubre, ganado ampliamente por los separatistas pero con una participación del 43 por ciento y celebrado sin apenas garantías.
En la variopinta alianza de partidos separatistas, la mayoría exigía proclamar una república independiente pero dentro del partido conservador de Puigdemont, PDeCAT, existían presiones para no hacerlo, según una fuente del gobierno regional. En los últimos días se multiplicaron las mediaciones entre Puigdemont, Rajoy e incluso la Casa Real para evitar el choque frontal entre ambas instituciones, explicaron fuentes envueltas en esta interlocución. El objetivo era conseguir que se convocaran elecciones en Cataluña a cambio de que Madrid no aplicara el artículo 155. Estuvo cerca de conseguirse ayer por la mañana, hasta que Puigdemont terminó por descartarlo. Si declaran la independencia, le puede costar a Puigdemont y su gobierno una denuncia por rebelión, pasible con penas de hasta 30 años de prisión.
Sociedad fragmentada
La cuestión divide profundamente a la sociedad catalana, que lleva semanas en tensión ante las imprevisibles consecuencias de este conflicto. Por el momento, más de 1.600 empresas trasladaron su dirección social a otras partes de España y las asociaciones y foros empresariales advierten que si se alarga la crisis, también podría afectar al empleo y las inversiones. También se teme la repetición de escenarios de violencia como los vistos cuando la policía intentó impedir la celebración del referéndum del 1º de octubre.
El gobierno español mantiene una amplia presencia policial en la región mientras que numerosos comités de ciudadanos independentistas se organizan en los últimos días para impedir la aplicación del artículo 155, planteando ocupaciones de edificios o incluso huelgas continuadas. "Queremos tanto la independencia, vamos a seguir manifestándonos y reivindicando nuestros derechos", dijo Judith Campos, de 19 años en una manifestación de miles de estudiantes por la secesión. "Estamos impacientes de tener ya la República catalana. Ya debería haber pasado!" exclamó, Natalia Torres, de 19 años.
Pero los numerosos no independentistas de la región tampoco piensan aceptar la separación y el domingo prevén manifestarse en el centro de Barcelona con el lema "Todos somos Cataluña".
No bajan los brazos. Miles de catalanes prometen seguir presionando por la autonomía plena regional.
