El Mundo

Porto Alegre teme por el juicio a Lula y pide mayor seguridad

El próximo 24 de enero se podría sellar el futuro del ex presidente. Sus partidarios llaman a "invadir" la ciudad donde se dictará la sentencia

Viernes 05 de Enero de 2018

El alcalde de la ciudad brasileña de Porto Alegre, Nelson Marchezan, solicitó el envío de fuerzas militares a la ciudad para evitar posibles disturbios en el juicio que podría sellar el futuro político del ex presidente Lula da Silva el próximo 24 de enero.

Marchezan envió la solicitud al actual presidente, Michel Temer, alegando que los seguidores de Lula llaman a "invadir" la ciudad del sur de Brasil, para presionar al tribunal que lo juzga. Lula podría ser inhabilitado ese día para ser candidato a la presidencia. "Solicité al presidente Michel Temer el apoyo de la Fuerza Nacional y del Ejército brasileño para actuar el día 24", escribió Marchezan en Twitter.

"Debido a las manifestaciones de líderes políticos que convocan a una invasión en Porto Alegre, tomé esa medida para proteger al ciudadano y el patrimonio público", agregó el alcalde, que publicó también el documento de la solicitud.

Lula afrontará en Porto Alegre la revisión de su condena a nueve años y medio de cárcel por corrupción, emitida el año pasado por un tribunal de primera instancia. El desenlace del segundo fallo es incierto.

Parece improbable que Lula, que puede apelar a la sentencia en libertad, sea enviado de inmediato a prisión, pero la Justicia podría inhabilitarlo para aspirar a cargos públicos en un primer paso.

Lula, de 72 años, ha anunciado que quiere aspirar a un tercer mandato presidencial en las elecciones de octubre y es ahora mismo el favorito en las encuestas con más del 30 por ciento de los apoyos. El ex presidente (2003-2010) e ícono de la izquierda latinoamericana sigue siendo muy popular entre las clases más pobres.

Vario movimientos sociales convocaron a una movilización masiva hacia Porto Alegre para el 24. Se espera que el propio Lula asista al juicio, así como su sucesora en la presidencia, Dilma Rousseff, destituida en 2016 por acusaciones de irregularidades fiscales.

El juicio contra Lula está enmarcado en el caso "Lava Jato" ("Lavado de autos"), considerado como el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil. El ex presidente debe responder aún en varios juicios vinculados con "Lava Jato".

En el primero fue declarado culpable a mediados de 2017 de haber aceptado sobornos de la constructora OAS, en forma de la reforma de un costoso departamento en la costa de San Pablo, a cambio de favorecer a la empresa en sus negocios con la energética estatal Petrobras. Fue condenado a 9 años y medio de prisión por el juez federal Sergio Moro. Este, sin embargo, le concedió la libertad en consideración a su status de ex presidente de la república. Esta condena de primera instancia puso a Lula al borde de la cárcel y de la pérdida de sus derechos políticos si es ratificada en segunda instancia por la Cámara de Apelaciones de Porto Alegre.

El "Lava Jato" es elogiado por los brasileños por haber llevado a la cárcel a una gran cantidad de políticos y empresarios corruptos, pero a la vez ha sumido a Brasil en una grave crisis institucional que no parece tener fin. La red corrupta desviaba fondos de Petrobras. La Justicia también tiene en la mira al actual mandatario, el conservador Michel Temer, muy comprometido pero por ahora a salvo por la protección del Congreso.

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