Caracas. — La petrolera estatal de Venezuela y “caja” del gobierno de Hugo Chávez sufrió un duro golpe, al recibir embargos por un monto de 12.300 millones de dólares por pedido de la multinacional estadounidense Exxon Mobil, como parte de un reclamo de indemnización por la nacionalización que le impuso el gobierno de Caracas a sus inversiones. Ayer el gobierno de Chávez reaccionó denunciando lo que llamó “terrorismo judicial” de Exxon, y calificó de “completamente falso” que la estatal Pdvsa haya sufrido el embargo, que sin embargo luego reconoció parcialmente.
  El ministro de Energía venezolano y titular de Pdvsa, Rafael Ramírez, aseguró en una rueda de prensa que las exportaciones petroleras, el flujo de caja y las operaciones de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) no se verán afectados por la medida. La noticia, sin embargo, tuvo un doble efecto financiero negativo inmediato, sobre los bonos de deuda de Venezuela y sobre la cotización de la petrolera.
  “Estamos sorprendidos (de) que una empresa (por Exxon) que se jacta de tener tales niveles de seriedad y operaciones en todo el mundo pretenda tenernos a nosotros en una situación de terrorismo judicial, de terrorismo legal”, se quejó Ramírez. Sin embargo, el funcionario reconoció que los fallos judiciales —en EEUU y Gran Bretaña— han congelado “temporalmente” fondos por 300 millones de dólares, aunque se mostró confiado en suprimir esa medida cautelar y ganar la puja judicial contra Exxon.
  La deuda soberana venezolana se derrumbó por el fallo judicial, que congela activos y cuentas bancarias de Pdvsa como parte de la batalla judicial en la que Exxon pide una multimillonaria compensación por la nacionalización en 2007 de un gran proyecto petrolero que desarrollaba en Venezuela. Los bonos del país borraron ayer las ganancias de más del 2 por ciento que habían acumulado este año.

Origen del conflicto. El presidente Hugo Chávez, un feroz enemigo de Estados Unidos, ordenó el 1º de mayo de 2007 tomar el control, operativo y accionario, de los cuatro complejos mejoradores de crudos pesados de la Faja Petrolífera del Orinoco. La polémica medida se saldó con la salida del país de Exxon y Conoco Phillips. Otras firmas aceptaron la nacionalización bajo las condiciones que impuso Chávez.
  Desde los años 90 estas empresas desarrollaron la explotación de los crudos pesados a su riesgo, dando valor a unos yacimientos que hasta entonces no contaban en los cálculos de reservas de Venezuela ni Pdvsa. Las multinacionales se quejan de que Chávez, una vezqsue ellas hicieron el desarrollo tecnológico y la inversión que Pdvsa no podía afrontar, las sacó del medio y se apropió de sus instalaciones. Dos de las petroleras interpusieron entonces sendos recursos de arbitraje contra Venezuela.
  Ramírez acusó a la Exxon Mobil de buscar “desestabilizar” a Venezuela, miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep). “Tenemos una empresa trasnacional que pretende atemorizarnos, que pretende que nuestro gobierno retroceda, que pretende que nuestro Estado retroceda en sus decisiones (de nacionalización) y eso no lo van a lograr”, afirmó un ofuscado Ramírez.

Relación bilateral al rojo. Por las dudas, el gobierno estadounidense afirmó ayer que no tenía ninguna influencia en la iniciativa judicial de Exxon. El caso, sin embargo, se suma al sonado affaire de Antonini Wilson y los cuatro presuntos agentes venezolanos detenidos en Miami. La demanda de Exxon llega cuando las relaciones bilaterales atraviesan su peor momento en décadas.
  El diario venezolano El Universal informó en su edición online que “dos órdenes judiciales emanadas de cortes en Nueva York y Londres mantienen congeladas las cuentas y los activos de Petróleos de Venezuela en el exterior por 12.300 millones de dólares”, a pedido de Exxon.

Demanda en Nueva York. La primera de las medidas surgió de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que ordenó congelar las cuentas de Pdvsa en Estados Unidos. En Londres, el 24 de enero un tribunal ordenó la congelación de hasta 12 mil millones de dólares “en activos directos e indirectos” de la petrolera venezolana en Inglaterra y Gales, pero con posibilidad de ampliarse a otros países donde Pdvsa mantenga operaciones. “Pdvsa tiene participación en dos refinerías en el Reino Unido y mantiene dos oficinas comerciales en Londres”, puntualiza El Universal. La medida del tribunal alcanza a los activos de Pdvsa en Holanda y las Antillas Holandesas, en el Caribe. Allí, “Pdvsa es arrendataria de la refinería Isla, en Curaçao, y posee a Bopec, un terminal de almacenamiento para 5 millones de barriles en Bonaire”, enumera el diario de Caracas.
  Las medidas de embargo forman parte del pedido de arbitraje que Exxon inició el 10 de octubre pasado contra Venezuela ante el Centro Internacional de Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial. El reclamo ante el Ciadi de Exxon respondió a su “retiro forzoso” de la llamada “asociación estratégica” con Pdvsa en el Orinoco. Allí la firma contaba con dos proyectos.
  La demanda en el Ciadi de Exxon no es la única contra Venezuela en esa sede. También como resultado de la nacionalización de los proyectos del Orinoco hay otros dos reclamos: de Conoco Phillips y de la italiana ENI. Ninguna de las tres empresas aceptó la conversión forzada de sus contratos previos en empresas mixtas con mayoría estatal que impuso Pdvsa por orden de Chávez.
  En mayo de 2007 Chávez anunció la nacionalización de la Faja del Orinoco, donde Exxon y las otras firmas habían hecho inversiones durante una década.

Petróleo sintético. Los proyectos de la Faja estaban valuados, según informó por entonces The Times, en unos 30 mil millones de dólares, con una capacidad para convertir diariamente 600 mil barriles de crudos pesados en lo que se llama “petróleo sintético”. Además de Exxon, Conoco y ENI, que finalmente no aceptaron las nuevas condiciones impuestas por Venezuela, en la cuenca del Orinoco han invertido Chevron, British Petroleum, la francesa Total y la noruega Statoil.
  Luego del anuncio de mayo pasado, las empresas esperaban ser compensadas por el cambio de las condiciones jurídicas de sus inversiones. Entonces el ministro Ramírez advirtió a las empresas que los cálculos para los nuevos acuerdos se harían en base al “valor libro” de los proyectos y no a las expectativas de ganancia a futuro, con valores mucho mayores.
  Ramírez dijo ayer que los activos globales de PDVSA están valuados en 107.000 millones de dólares y que el reclamo de Exxon no ascendería ni a la mitad de los 12.000 millones de dólares que reclama.