El Mundo

Petrobras: condenan a grandes empresarios

Sentencias ejemplares en Brasil. El ex titular de la constructora Camargo Correa recibió 15 años. Un director de la petrolera fue confiscado y multado por 17 millones de dólares.

Martes 21 de Julio de 2015

El presidente de la gigante de la construcción brasileña Camargo Correa, Dalton Avancini, y el ex director de Petrobras Paulo Roberto Costa fueron condenados junto a otros acusados a hasta 15 años de prisión por corrupción y fraude contra la petrolera estatal. Sin embargo, gracias a la colaboración activa en la causa de los condenados, detenidos desde el año pasado, próximamente comenzarán a cumplir el resto de la pena en régimen domiciliario o de semilibertad. Se trata de las primeras sentencias contra grandes empresarios del escándalo Petrobras, que ha llevado a una profunda crisis al gobierno de Dilma Rousseff, a su Partido de los Trababajadores (PT) e incluso al ex presidente Lula da Silva.

El juez a cargo del caso, Sérgio Moro, condenó al ex director de Petrobras Paulo Roberto Costa a 12 años de reclusión por corrupción y lavado de dinero y a los ex directivos de Camargo Correa a entre 15 y nueve años de prisión por "corrupción activa, lavado de dinero y pertenencia a una organización delictiva". Dalton Avancini, en prisión desde noviembre, recibió la condena más severa. Estas fueron las primeras sentencias de empresarios privados desde que el caso Petrobras o "Lava jato" (lavadero de autos) estalló en marzo del año pasado, cuando se descubrió la extensa trama ilegal que actuaba en la estatal y en la que participaban las principales constructoras de Brasil, numerosos directores de Petrobras y decenas de políticos oficialistas.

El ex presidente de Camargo Correa, Dalton Avancini, y el ejecutivo Eduardo Leite recibieron una pena de 15 años y diez meses de prisión cada uno. Por su parte, el ejecutivo Joao Ricardo Auler fue condenado a nueve años y seis meses de prisión. Los tres están acusados de haber cometido fraudes en contratos vinculados a obras en las refinerías Getúlio Vargas y Abreu e Lima, así como en el complejo petroquímico de Río de Janeiro.

El director de Petrobras, Paulo Roberto Costa, firmó un acuerdo de delación a cambio de rebajas de la pena. Costa fue el principal delator de la trama de sobornos. Por esa razón, y teniendo en cuenta que está preso desde marzo del año pasado, cumplirá régimen de prisión domiciliaria hasta el 1º de octubre. Costa ya había sido condenado a siete años por la misma causa en abril pasado, junto a otras siete personas. Desde octubre, Costa podrá salir de su casa durante el día y entre semana. En octubre de 2016 pasará al régimen semiabierto, que significa que podrá salir a trabajar y se le descontará un día de condena por cada tres trabajados. El ex director tendrá que pagar una multa de cinco millones de reales (1,6 millones de dólares) y se le confiscaron 50 millones de reales (16 millones de dólares), originados en los fondos desviados. Igualmente, los tres empresarios de Camargo también gozarán de beneficios, porque también ellos firmaron acuerdos de delación premiada y cumplieron parte de su condena en prisión, donde están desde noviembre pasado en el caso de Avancini.

"Doleiro". También fue condenado a ocho años y cuatro meses de cárcel el cambista ("doleiro") Alberto Youssef, uno de los principales operadores del esquema ilegal. Youssef también colabora con las investigaciones. Como Costa, recibe su segunda condena en pocos meses. El mecanismo de "delación premiada" ha tenido en este caso y en muchos otros de corrupción en Brasil un peso definitorio para romper los pactos de silencio.

Las principales constructoras nacionales formaron un cártel mediante el cual defraudaban licitaciones y firmaban contratos "inflados" mediante el pago de sobornos a ejecutivos de Petrobras. Luego el dinero era blanqueado a través de empresas de fachada. Al menos 2.000 millones de dólares fueron de esta forma extraídos de las arcas de Petrobras y fueron a dar a fortunas personales, como las de Costa, o al Partido de los Trabajadores, cuyo tesorero, Joao Vaccari, está detenido desde abril pasado.

"El núcleo formado por las constructoras, aprovechándose de la garantía de altos lucros gracias a la eliminación de la competencia, distorsionó los fundamentos de la república de Brasil, como la libre competencia y el pluralismo político", dice la acusación contra los empresarios del Ministerio Público Federal. Los fiscales mencionan al "club de las constructoras", que se reunían periódicamente para repartirse las licitaciones, combinar los precios de los contratos y distribuir sobornos.

Además de los perjuicios económicos ocasionados a la mayor empresa pública del país, la red ilegal "defraudó el proceso electoral democrático", porque realizaron cuantiosas donaciones a partidos y candidatos, que no eran otra cosa que pago de sobornos disfrazados. "Sin sombra de dudas (el fraude) perjudica la realización de elecciones de los representantes del pueblo, una vez que los partidos políticos y candidatos que no poseen tal relación de promiscuidad son víctimas de competencia desleal en el proceso electoral", sostienen los fiscales. Según empresarios detenidos, entre las campañas que recibieron fondos desviados están las de la presidenta Dilma Rousseff y Lula da Silva. También fueron acusados por los detenidos dos de los ministros más próximos a Rousseff: el jefe de gabinete, Aloizio Mercadante, y el titular de comunicación social de la Presidencia, Edinho Silva.

¿Te gustó la nota?

Dejanos tu comentario