Un juez de la Corte Suprema del Perú decretó la prisión preventiva por 18 meses del ex presidente Pedro Castillo. El juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley Soria dictó la sanción de prisión preventiva contra el ex presidente Castillo, investigado por el presunto delito de rebelión y conspiración en la modalidad de abuso de autoridad. Hasta ahora Castillo estaba detenido de manera condicional, desde el pasado miércoles 7 de diciembre. El debate entre la Fiscalía, la defensa y el juez duró varias horas y se transmitió en vivo a través de redes sociales y portales.

La hipótesis de la Fiscalía sobre el delito de rebelión y conspiración contra Pedro Castillo se fundamenta en el mensaje de la Nación que dio el pasado 7 de diciembre, el entonces presidente al anunciar el cierre del Congreso y gruesas reformas en el sistema judicial. Castillo no tenía facultades constitucionales para ordenar esas medidas.

En audiencia, el fiscal adjunto Alcides Chinchay, argumentó que, después de la iniciativa de golpe de Estado, el exmandatario fue detenido en flagrancia, cuando se dirigía junto a su familia a la embajada de México para pedir asilo político.

En esa línea, explicó que Castillo para lograr su cometido se comunicó con el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Raúl Alfaro Alvarado, y le pidió que desalojara el Congreso e impidiera el ingreso de los congresistas y que además procediera con la detención de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Ese día, miércoles 7 de diciembre, se anunciaba una sesión para destituir a Castillo. Los números para hacerlo superaban ampliamente el umbral establecido por la Constitución, de manera que Castillo decidió adelantarse al Poder Legislativo. Al fallar su intento, el Congreso lo destituyó y la fiscal Benavides ordenó su arresto provisorio, que ahora fue confirmado por el Supremo.

El fiscal refirió, además, que el ex jefe de Estado no se encontraba solo en su despacho presidencial, sin en compañía de Aníbal Torres (asesor), Betssy Chávez (ex primera ministra); Willy Huerta (ex ministro del Interior) y Roberto Sánchez (ex ministro de Comercio Exterior) en su despacho, al tomar la decisión de dar lo que se considera "un golpe de Estado".

Por su parte, la defensa de Pedro Castillo indicó que su patrocinado no llegó a cometer el delito de rebelión, debido a que no se alzó en armas. Asimismo, expuso que no existe peligro de fuga, puesto que el ahora investigado no trató de fugarse del país.