Las autoridades brasileñas informaron ayer del hallazgo de una trama de fraude fiscal dentro del Ministerio de Finanzas, que podría haber costado unos 19.000 millones de reales (5.960 millones de dólares) a los contribuyentes. La noticia se supo en medio de un escándalo multimillonario de corrupción en la compañía estatal Petróleo Brasileiro SA, conocida como Petrobras, que ha remecido al estamento político brasileño y a la frágil economía del país. Los miembros de la organización, cuyo número no fue precisado, están sospechados de haber sobornado a integrantes del Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF), un organismo del Ministerio de Hacienda que estudia las apelaciones por disputas impositivas, para que anularan o rebajaran las multas que ese organismo aplica a los contribuyentes que defraudan al fisco.
La Justicia emitió 41 órdenes de búsqueda y captura contra los sospechosos de haber participado de esa red de corrupción en Brasilia y los Estados San Pablo y Ceará. La investigación del caso se inició en 2013 y permitió descubrir que funcionarios filtraban información privilegiada a estudios de abogados y consultores en varias ciudades, para que estos captaran a empresas interesadas en recibir “facilidades” en los juicios del CARF.
El inspector de la Policía Federal Marlon Cajado dijo que se está requisando a 70 compañías, a las que no identificó. Miembros de la agencia de apelaciones, al igual que consultores fiscales y abogados sospechosos de actuar como intermediarios en la recepción de sobornos, también están siendo investigados.
Hasta ahora, los expertos han detectado decisiones sospechosas que costaron al Estado 5.000 millones de reales (1.700 millones de dólares) por concepto de evasión fiscal, y están analizando otros casos que podrían elevar el total a 19.000 millones de reales (u$s5.960 millones), indicó la agencia impositiva en un comunicado.
Los casos investigados llegaron a la oficina entre 2005 y 2013, mucho antes de que el actual ministro de Hacienda, Joaquim Levy, asumiera el cargo.
Aunque Levy no será responsabilizado, el escándalo podría empeorar el clima político en un momento en que la popularidad del gobierno de la presidenta, Dilma Rousseff, se ha hundido por el caso de corrupción en Petrobras y el estancamiento de la economía. “Nubla más la atmósfera”, dijo un funcionario del Ministerio de Finanzas que pidió permanecer en el anonimato ante la sensibilidad del asunto. “Nuestra única alternativa es combatir la corrupción”.
Ayer temprano, la policía irrumpió en las oficinas del CARF en Brasilia, así como las casas y despachos de consultores y abogados acusados de estar implicados en la trama en Brasilia y en los Estados de San Pablo y Ceará. Se incautaron documentos y 1,3 millón de reales, pero no hubo arrestos, informó Cajado a la prensa. El oficial aseguró que compañías industriales, agrícolas, de ingeniería civil y bancos pagaron sobornos de hasta el 10% para “manipular” los dictámenes en disputas por casos que implicaban entre 1.000 y 3.000 millones de reales en impuestos adeudados.
Los sospechosos se enfrentan a cargos por tráfico de influencias, corrupción, conspiración criminal y lavado de dinero, castigados con penas de hasta 50 años de prisión. Asimismo, se anunció que se reabrirán los casos de las firmas acusadas de pagar para obtener dictámenes favorables. (1 dólar = 3,19 reales)
