Nueva York. — El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció su intención de suspender durante seis meses la aplicación de uno de los cuatro capítulos de la polémica ley Helms Burton, aprobada en 1996 para endurecer el embargo a Cuba. En una carta enviada a los presidentes de los comités de asuntos exteriores y de asignaciones de la Cámara de Representantes y el Senado, Obama aseguró que la suspensión "es necesaria para los intereses nacionales de Estados Unidos y para acelerar la transición a la democracia en Cuba". Según explicó el mandatario, la suspensión de la ley entrará en vigor a partir del 1º de agosto y, de acuerdo con la legislación, durará seis meses.

De hecho, Obama no hace más que prolongar la suspensión ya en vigor —y a punto de expirar— durante la era de su predecesor en el cargo, el republicano George W. Bush, quien también mantuvo congelada la medida pese a que endureció otras sanciones contra Cuba. También el antecesor de Bush, el demócrata Bill Clinton, congeló esta previsión de la ley firmada bajo su mandato.

La suspensión afecta al capítulo tercero de la ley, que permite iniciar acciones judiciales en Estados Unidos contra empresas que negocian con bienes norteamericanos confiscados por la revolución castrista.

El anuncio se conoció un día después de que Washington y La Habana reanudaran en Nueva York las conversaciones sobre migración suspendidas hace seis años. Esas negociaciones comenzaron en 1994 tras la masiva oleada de cubanos que llegaron a las costas de Florida en pleno "período especial", la grave crisis económica que atravesó Cuba tras el derrumbe del bloque soviético, y fueron interrumpidas en 2003 por Bush.

La denominada "ley para la libertad y la solidaridad democrática cubana", más conocida como Helms Burton, fue promulgada por Bill Clinton el 12 de marzo de 1996. Identificada por los nombres de sus principales promotores, el senador por Carolina del Norte Jesse Helms y el representante por Illinois Dan Burton, la legislación endureció en su momento las medidas contra el gobierno cubano. Establece que cualquier compañía no estadounidense que tenga tratos con Cuba puede ser sometida a represalias legales, y que los dirigentes de la empresa pueden ver prohibida su entrada en Estados Unidos. Esto significaba que compañías internacionales debían elegir entre tener relaciones comerciales con Cuba o con Estados Unidos. La norma señala además que su propósito es ayudar al pueblo cubano a "recuperar su libertad y prosperidad y a sumarse a la comunidad de países democráticos que florece en el hemisferio occidental".