Durante el tercer día de cierre forzado del gobierno federal, el presidente Barack Obama desafió a los republicanos a “terminar con esta farsa” y convocar a una votación de la ley de financiamiento en la Cámara de Representantes. Obama lanzó este desafío porque tiene una certeza: a estas alturas, los republicanos que desafiarían a la cúpula partidaria y a su ala de derecha serían los suficientes para aprobar el financiamiento de emergencia del Estado nacional (“gobierno” para los estadounidenses). De parte republicana, el jefe de la Cámara, John Boehner, emitió señales de paz hacia la Casa Blanca, al dejar trascender que no dejaría que la deuda pública de EEUU entre en default a mediados de mes. Como la financiación del gobierno federal, el techo de la deuda pública, que no para de crecer, depende de la aprobación del Congreso antes del 17 de octubre. Los republicanos dominan la Cámara de Representantes, mientras los demócratas de Obama son mayoría en el Senado.
Votos suficientes. Obama dijo que ya hay suficientes legisladores republicanos dispuestos a aprobar el proyecto de financiamiento si el presidente de la Cámara de Representantes, Boehner, permite que se realice una votación, pero que el líder se niega porque “no quiere enojar a los extremistas al interior de su partido”, en referencia al Tea Party, el ala de extrema derecha de los republicanos, y que según los analistas políticos ha estado poniendo contra las cuerdas a Boehner sobre la cuestión fiscal y la vinculada reforma de la salud, el llamado “Obamacare”. La noche del lunes pasado, el gobierno federal comenzó su cierre o “shut down” por falta de fondos. La oferta que hacían los republicanos para evitarlo y entregar fondos era que a cambio se volviera a dejar en suspenso el Obamacare, que entró en vigencia el 1º de octubre pese a la parálisis federal.
“Mi mensaje simple de hoy es «convoca a una votación»», dijo Obama durante un discurso en una empresa de construcción de Maryland. “Realiza una votación. Termina con esta farsa y con la paralización ahora mismo”, desafió Obama a Boehner. “Todo esto se trata de una cosa, la obsesión republicana con la Ley de Salud Accesible (el Obamacare). Esto parece que es la única cosa que une al Partido Republicano ahora”, fustigó el presidente demócrata.
El mandatario advirtió que mientras el cierre del gobierno es costoso y doloroso, una cesación de pagos causada por una falta de acuerdo para elevar el límite de la deuda generaría una crisis mucho más aguda.
Aunque algunos republicanos moderados han comenzando a cuestionar la estrategia de su partido, hasta el momento Boehner los ha mantenido unidos tras su plan de ofrecer una serie de pequeños proyectos de ley que reabrirían partes determinadas del gobierno, las más afectadas por el cierre. Los demócratas rechazan la propuesta de una reanudación fragmentada.
Sobre el techo de la deuda, ayer el Washington Post (un medio muy crítico de los republicanos y afín a los demócratas), aseguró que Boehner “aparentemente compartiendo la alarma de Obama sobre un posible default de la deuda, dijo a sus colegas que actuaría para elevar el techo de deuda, aún en el caso que esto implique apoyarse en el voto de los demócratas”. No quedaba claro, sin embargo, si Boehner hizo pública esta posición a modo de globo de ensayo para testear la reacción del radical Tea Party.
Alerta del Tea Party. Este ha liderado los esfuerzos republicanos contra la reforma del sistema de salud conocida como “Obamacare”. El Tea Party envió un correo electrónico a sus partidarios para alertarlos de que un máximo de 12 republicanos habían indicando que estaban dispuestos a “abandonar la pelea” y sumarse a los demócratas en una votación para ar financiamiento sin condiciones. “Necesitamos su apoyo inmediato para poner presión sobre los republicanos débiles a fin de aprobar una solución que permita a Estados Unidos evitar el desastre del Obamacare, y al mismo tiempo financiar por completo al gobierno federal”, arengaron por mail los radicales de derecha, que como demuestra el texto, no renuncian aún hoy a ligar la reforma de la salud, que finalmente entró en vigencia este martes, de la financiación del gobierno federal. La ley del Obamacare está aprobada desde hace tres años, pero hasta esta semana los republicanos habían logrado evitar su vigencia mediante el mismo mecanismo que ahora les falló: amenazar con dejar sin fondos al gobierno federal para lograr la postergación del nuevo sistema de salud, que permite el acceso a este servicio a unos 20 millones de estadounidenses pobres.
El peligro de default. En un informe publicado ayer que detalla el potencial impacto de un default, el Tesoro advirtió que el no pago de las cuentas de la nación a partir del 17 de octubre podría castigar a empresas y familias estadounidenses con una recesión peor que la de 2007 a 2009. “Una cesación de pagos no tiene precedentes y tiene el potencial de ser catastrófico: los mercados de crédito se congelarían, el valor del dólar podría desplomarse, las tasas de interés se elevarían desmesuradamente”, alertó el Departamento del Tesoro. “Los efectos negativos podrían verse en todo el mundo y podría haber una crisis financiera y una recesión similares o peores a los eventos del 2008”, aseveró. En agosto de 2011, el Congreso incrementó el límite de endeudamiento de la nación antes de que el país incurriera en incumplimiento de pagos, pero sólo después de un prolongado debate. El enfrascamiento político casi llevó al default y esto motivó que la calificadora Standard & Poor’s redujera la calificación crediticia de Estados Unidos. “Como vimos hace dos años, la prolongada incertidumbre sobre si nuestra nación pagará sus facturas totalmente y a tiempo daña nuestra economía”, dijo ayer el Tesoro. “Posponer un aumento al tope de endeudamiento hasta el mismísimo último minuto es exactamente lo que no necesita nuestra economía: una herida autoinfligida que daña a familias y negocios”, agregó el secretario del Tesoro, Jacob Lew.
En tanto, el cierre federal ha comenzado a afectar al sector de las manufacturas y grandes compañías. Boeing y United Technologies señalaron que podría haber retrasos en entregas y licencias sin goce de salarios para miles de empleados. Las compañías que dependen de trabajadores federales para que inspeccionen o aprueben productos o requieren del dinero estatal para financiar operaciones señalaron que se estaban preparando para bajar el ritmo o detener sus actividades si el primer cierre parcial de la administración federal en 17 años se extiende hasta la semana próxima.
