Año nuevo, problema viejo, un último esfuerzo. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, inauguró 2016 dispuesto a intentar, una vez más, encarar un fuerte dolor de cabeza que lo lleva persiguiendo durante todo su mandato, del que le queda apenas este año: cómo contener la violencia de las armas, un problema que alcanzó niveles de "epidemia" en todo el país, según el mandatario. Y todo apunta a que está dispuesto a saltarse el Congreso si hace falta para lograr algún avance en esta "tarea pendiente", como lo denominó el viernes.
Obama adelantó sus prioridades políticas de 2016. Y en lo más alto está la elusiva cuestión de las armas. Mañana, en su primer día de trabajo en la Casa Blanca tras sus vacaciones en Hawaii, se reunirá con la máxima responsable de Justicia, la fiscal general Loretta Lynch, para estudiar qué acciones unilaterales puede adoptar para aumentar los controles de armas, aún pasando por encima al Congreso. "Hace unos meses, ordené a mi equipo que analizara qué acciones (ejecutivas) puedo dictar para ayudar a reducir la violencia de las armas. Y este lunes, me reuniré con nuestra fiscal general para discutir opciones", dijo.
El mandatario no reveló de qué medidas concretas hablará con Lynch, pero según medios, algunas de ellas estarían dirigidas a endurecer las reglas para los vendedores de armas, generalizando entre otros el requisito de contar con una licencia para esta actividad. Eso a su vez les obligaría a los vendedores a tener que verificar los antecedentes de los compradores antes de completar la venta de un arma. Mientras que las armerías ya lo hacen, las transacciones realizadas en las numerosas ferias de armas del país no aplican la norma gracias a una laguna legal que les permite alegar, al menos hasta ahora, que no son, técnicamente, minoristas. El paquete de acciones ejecutivas podría darse a conocer la semana que viene. No es la primera vez que el presidente demócrata trata de promover medidas para contener la violencia de las armas o, cuanto menos, controlar el acceso a las mismas. Lo intentó —y llegó a creer que lo conseguiría— tras la matanza de Newtown, en diciembre de 2012, cuando fueron masacrados 20 niños y seis adultos. Las iniciativas fueron frenadas en el Senado, que se negó a aprobar sus propuestas de ampliar los procedimientos de verificación de antecedentes y prohibir las armas de asalto, así como los cargadores de gran capacidad.
Oposición del Congreso. El presidente sigue chocando con la oposición del Congreso pese a los reiterados tiroteos masivos que sufrió el país desde entonces. En todo su mandato, Obama tuvo que pasar por más de 15 masacres. Tampoco el atentado de San Bernardino en el que fueron abatidas 14 personas a inicios de diciembre, logró convencer a los reticentes de la necesidad de hacer algo para controlar quién
Obama dejó traslucir esa impaciencia y frustración cada vez que tiene que hacer una comparecencia pública tras una nueva matanza. Pese a todas las tragedias, "el Congreso sigue sin hacer nada", lamentó. Aun así, dijo, lo intentará una vez más, "porque recibo demasiadas cartas de padres, profesores y niños como para quedarme sentado sin hacer nada". Dijo no estar solo en su convicción de que "la Segunda Enmienda garantiza el derecho a portar armas" pero que a la vez "podemos proteger ese derecho a la par que impedimos que un grupúsculo de irresponsables y peligrosos inflijan daño a escala masiva".
Irónicamente, para los texanos fanáticos de las armas, la verdadera celebración del nuevo año tuvo lugar el viernes en las escalinatas del Capitolio de la capital del sureño Estado, Austin. Ahí se concentraron todos aquellos dispuestos a hacer uso inmediato de la nueva ley que entró en vigor con la llegada de 2016 y que permitirá, por primera vez desde finales de la Guerra Civil estadounidense, que los portadores de armas con licencia puedan mostrar su arma en público, en vez de tener que llevarla oculta. Casi un millón de personas —de los 27 millones de habitantes que tiene Texas- podrán hacer uso de esta ley que logró pasar el Congreso local pese a las advertencias de los detractores, que temen el efecto que puede tener en la población ver cómo la gente se pasea mostrando abiertamente su arma.
La organización Open Carry (portar armas abiertamente), impulsora de la ley, celebró por el contrario el cambio de la normativa como un primer paso hacia su objetivo último de que se le permita a todos los dueños legales de armas portarlas en público sin necesidad de solicitar una licencia para ello y de pagar también una tasa. "Si puedes comprar y tener legalmente una pistola, deberías poder portar esa arma legalmente sin tener que rogarle permiso al gobierno", según la organización.
