Washington. — Nueva Jersey está a punto de ser el primer Estado
norteamericano en cuatro décadas que suprime la pena de muerte, y los oponentes de tal castigo
esperan que otros Estados sigan el ejemplo. La Cámara baja estatal votó el jueves por 44-36
suprimir ese castigo. El Senado lo hizo el lunes por 21-16 votos y el gobierno estatal se apresta a
promulgar. la ley. Fue precisamente el padre de una víctima de asesinato el que inició la campaña
hace ocho años para erradicar la pena de muerte en Nueva Jersey. La próxima semana, Lorry Post, que
perdió a su hijo, habrá conseguido su objetivo.
El gobernador Jon Corzine sentenciará oficialmente con su firma que la
pena de muerte pasa a ser un tabú al menos en su Estado. Ningún reo fue ajusticiado aquí desde
1963.
Lento pero seguro. Grupos defensores de los derechos humanos como Amnistía Internacional o
Human Rights Watch ya hablan de un “día histórico”, y así lo considera también el
centro de Información sobre penas de muerte en Washington. En palabras de su director Richard
Dieter, la decisión que se toma en este Estado norteño constituye una señal de que en Estados
Unidos se está empezando a cambiar de opinión al respecto. “Lento pero seguro”, así
espera él que se mueva el asunto en Estados Unidos y se dirija hacia unos estándares que en otros
países occidentales ni se cuestionan.
Cuán aislado se encuentra Estados Unidos en el tema de la pena de muerte
frente al mundo democrático civilizado, tal como sus dirigentes lo entienden, volvió a quedar de
manifiesto en noviembre. El comité de derechos humanos se pronunció en la asamblea plenaria de la
ONU con clara mayoría contra el denominado “castigo capital” y se presentaron a la
comunidad internacional estadísticas poco halagüeñas. Según esos datos sólo en 66 países se sigue
aplicando la pena de muerte y Estados Unidos sólo es aventajado en el listado de ejecuciones por
China, Irán, Pakistán, Irak y Sudán. A ojos de la comunidad internacional, el hecho de seguir
aplicando la pena de muerte es una “mancha vergonzosa” en la imagen de Estados Unidos,
al igual que Guantánamo y los métodos de interrogatorio de la CIA, que el resto del mundo considera
torturas. De los 50 Estados norteamericanos, 37 cuentan con la pena de muerte.
La constatación de las organizaciones de derechos humanos de que se ha
iniciado un proceso de cambio de mentalidad es mucho más que un “pensamiento deseable”.
No sólo ha remitido el número de ejecuciones desde 1996 en un 60%, sino que también han disminuido
considerablemente en Texas, el Estado donde más “alegremente” se cumplía con la pena
capital. Son varias las encuestas que apuntan que ya son mayoría los ciudadanos estadounidenses que
prefieren una cadena perpetua para los peores crímenes a la pena de muerte, siempre que exista
posibilidad de elegir entre ambas alternativas.
Anticonstitucionalidad. En 2004, la pena capital fue declarada anticonstitucional en Nueva
York y todos los intentos de volver a introducirla fracasaron.
En varios Estados norteamericanos, entre ellos California, existen
comisiones que investigan los pros y los contras de la pena de muerte, y de hecho la ejecución de
la condena en todo el país se ha congelado hasta que el Tribunal Supremo tome una decisión. Se
trata de decidir si se sigue permitiendo la inyección letal como método de ejecución, pero según
estimaciones de juristas y de grupos defensores de los derechos humanos, este debate refleja
asimismo una sensibilidad por la problemática de la pena capital. “Estados Unidos se
encuentra en un período de ponderación”, afirma en Los Angeles Times Austin Sarat, profesor
del Amherst College en el Estado de Massachusetts, que ha escrito dos libros sobre la pena de
muerte. Según su pronóstico, la pena capital se irá eliminando Estado a Estado, “aun cuando
éste sea un largo camino a recorrer”.
En lo que sí coinciden todos es en señalar que esta evolución no está
relacionada con la crítica internacional, algo que también confirman las encuestas, según las
cuales lo que más pesa en el cambio de opinión a favor de una cadena perpetua es el peligro de que
personas inocentes puedan ser ejecutadas.
En realidad, unas 125 personas que han estado en el corredor de la
muerte han sido puestas en libertad tras comprobarse su inocencia. Y como tantas veces ocurre, en
el tema de pena de muerte también juega un papel importante el dinero. Así, los que estaban a favor
de abolir la pena capital en Nueva Jersey argumentaron —según medios de prensa— que un
preso en el corredor de la muerte cuesta a las arcas del Estado unos 72.600 dólares, mientras que
un preso “normal” sólo 40.120 dólares.
Los que se oponen a las ejecuciones preferirían que el cambio de
pensamiento se deba principalmente a la convicción de que las ejecuciones sencillamente son
indignas de un Estado de derecho y contradice todos los estándares de la humanidad, pero igualmente
se alegran de esta situación. l