La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff no será investigada por presunta implicación en escándalo de corrupción en Petrobras que sacude al país desde hace meses. En la lista de 54 presuntos implicados en la trama que el procurador general Rodrigo Janot entregó esta semana al Supremo Tribunal Federal para que se inicien investigaciones, se incluía también un pedido para archivar la investigación sobre la presidenta, citada en algunas de las declaraciones de testigos y acusados.
El motivo que dio Janot para pedir que se archiven las investigaciones, según publica el diario Estado de Sao Paulo, es que a un presidente sólo se le puede investigar por irregularidades cometidas durante su ejercicio en la jefatura de Estado, mientras que las citaciones estarían referidas al periodo entre 2003 y 2010, cuando fue Ministra de la Casa Civil y también presidenta del Consejo de Administración de Petrobras.
La operación, también conocida como "Lava Jato" (lavado rápido), investiga el desvío de entre 10.000 y 20.000 millones de reales (3.000 y 6.000 millones de euros) de Petrobras mediante el amaño sistemático de adjudicaciones de obras públicas con empresas constructoras, cuyos empresarios, como los políticos implicados y los responsables de la petrolera, recibían generosas «mordidas» de los precios acordados en los proyectos.
En cuanto al que fue rival de Rousseff en el segundo turno de las elecciones presidenciales del pasado mes de octubre, el senador Aécio Neves, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), Janot también pidió que se archivara su investigación debido a que las menciones a su persona no son suficientes para considerarle sospechoso.
El magistrado de la Corte Suprema Teori Zavascki se encuentra inmerso en el estudio de cinco cajas de documentos recibidas del procurador además de la lista, que podría dar a conocer hoy rompiendo el sigilo de los documentos.
Comprometidos. Según medios de prensa brasileños, la nómina incluye a numerosos congresistas EM_DASHentre ellos los presidentes de la Cámara baja, Eduardo Cunha, y del Senado, Renan CalheirosEM_DASH, así como a ex ministros de los gobiernos de Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) y de la actual presidenta Rousseff. El pedido de investigación se basa en denuncias hechas por el ex director de Abastecimiento de Petrobras Paulo Roberto Costa y del cambista Alberto Yousseff, arrestados hace un año en el marco de una investigación de la policía federal sobre evasión de impuestos y lavado de dinero. En un intento de reducir sus condenas, Costa y Yousseff firmaron un acuerdo de delación premiada mediante el cual suministraron al Ministerio Público informaciones sobre una red de corrupción que, entre 2004 y 2012, desvió unos 3.700 millones de dólares de Petrobras para pagar sobornos a funcionarios y financiar partidos políticos.
Gritos e insultos. En tanto, el comienzo de una investigación en el Congreso brasileño sobre la corrupción en la estatal Petroleo Brasileiro SA estalló ayer en un intercambio de gritos, cuando legisladores acusaron a quien encabeza la pesquisa de buscar manipular el resultado. Varios legisladores protestaron contra la decisión del presidente de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de la Cámara baja, Hugo Motta EM_DASHdel oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB)EM_DASH de designar a encargados de comandar las investigaciones sin consultas previas a sus pares.
La disputa se debió a la decisión de Motta de crear varios subcomités con sus propios relatores, una medida que algunos insinuaron socavaría el poder del relator principal del comité, Luiz Sergio, miembro del Partido de los Trabajadores al que pertenece la presidenta Dilma Rousseff. Los relatores, debido a que controlan la redacción del reporte final del comité, tienen mucho poder sobre las conclusiones oficiales.