El Mundo

Nicaragua: Ortega impone un fuerte ajuste previsional

La medida se debió retirar el año pasado por las protestas masivas que motivó. Ahora el sandinismo la planea con recortes más drásticos.

Martes 12 de Febrero de 2019

Economistas y empresarios de Nicaragua alertaron sobre el impacto recesivo que tendrá el fuerte ajuste previsional decretado por el gobierno sandinista de Daniel Ortega. La reforma del sistema previsional y del sistema de salud pública fue la que hizo estallar la ola de protestas contra el gobierno en abril del año pasado, que obligó a Ortega a retirar el proyecto de ajuste. Como las protestas continuaron, el gobierno sandinista respondió con una brutal represión que ha dejado 350 muertos, miles de exiliados y una economía muy golpeada. Ahora, el 1º de febrero, Ortega reintrodujo la reforma previsional, pero la hizo aún más drástica que la del año pasado.

"Esta medida es absolutamente mucho más drástica, pues no es gradual sino inmediata y afectará a los casi 800.000 asegurados en el país", dijo a Associated Press el economista Mario Arana, quien fue ministro de Fomento, Hacienda y presidente del Banco Central durante el gobierno del liberal Enrique Bolaños (2001-2006). Agregó que "todos los sectores de la economía se verán perjudicados", especialmente aquellos que concentran mayor empleo formal.

Según datos del Banco Central de septiembre, 755.000 trabajadores estaban afiliados al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). El paquete de reformas al INSS, que eleva los aportes de empresas y empleados, fue aprobado en enero por el Parlamento —dominado por el gobernante Frente Sandinista— y entró en vigor el 1º de febrero.

El decreto ordena que en las empresas con más de 50 trabajadores las cuotas de la patronal al INSS aumentarán de 19 a 22,5 por ciento y el aporte de los empleados de 6,25 a 7 por ciento. El incremento será mayor para atrabajadores por cuenta propia, para quienes las cuotas para recibir atención médica pasarán de 18,25 por ciento a 22,25 por ciento, mientras que el aporte al seguro por invalidez, vejez y muerte subirá de 10 por ciento a 14 por ciento.

Gustavo Porras, presidente del Parlamento, dijo que el ajuste busca "garantizar el pago de todas las pensiones y los derechos de los trabajadores conquistados durante el gobierno" de Ortega, un sandinista que ya fue presidente de 1985 a 1990 y volvió al poder en 2007.

El gobierno no explicó cómo reducirá los gastos administrativos del INSS, una entidad que en noviembre enfrentaba un déficit récord de 86 millones de dólares, un 56,3 por ciento más que en 2017. Para el economista y ex diputado Enrique Sáenz, que se fue al exilio por su oposición a Ortega, la reforma al INSS representa "un golpe brutal" para la población. Aseguró que las finanzas de la institución registraban un superávit de 60 millones de dólares cuando Ortega asumió el gobierno, y que desde entonces la situación "se invirtió drásticamente".

En 12 años la planta de empleados del INSS creció de 1.200 a 4.020 y los cargos ejecutivos pasaron de 10 a 136, mientras los gastos administrativos se duplicaron, destacó Sáenz, para quien el déficit es fruto "de una 'charanga' (malos manejos) con los fondos, incompetencia profesional y populismo irresponsable".

En su primera reforma —que derogó bajo la presión de las protestas— Ortega había propuesto aumentar los aportes de empresas y empleados y reducir un 5 por ciento las pensiones, lo que originó las primeras manifestaciones estudiantiles en Managua y en León. La rebelión social se extendió tras la violenta acción de policías y parapoliciales sandinistas contra los civiles, en su mayoría jóvenes universitarios que murieron por impactos de bala. Miles exigieron la renuncia de Ortega mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cifró en 325 el número de muertos, cientos de presos y más de 52.000 emigrados en los primeros ocho meses del conflicto, que aún persiste.

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