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Nicaragua justificó la confiscación de un canal de TV opositor

El gobierno sandinista de Nicaragua declaró que no devolverá a sus dueños el canal de televisión "100 por ciento Noticias", cuyo edificio fue allanado y permanece clausurado y bajo ocupación policial desde el 21 de diciembre pasado.

Lunes 07 de Octubre de 2019

El gobierno sandinista de Nicaragua declaró que no devolverá a sus dueños el canal de televisión "100 por ciento Noticias", cuyo edificio fue allanado y permanece clausurado y bajo ocupación policial desde el 21 de diciembre pasado.

La declaración, cuya copia obtuvo Associated Press, consta en un informe enviado por el gobierno de Daniel Ortega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

El documento de 24 páginas y fechado el 20 de septiembre justificó la ocupación policial de las instalaciones de la televisora privada, en respuesta a una solicitud de la CIDH para que el medio de comunicación sea devuelto a sus propietarios.

"El Estado de Nicaragua reafirma que la ocupación de las instalaciones al canal ‘100 por ciento Noticias' fue realizada en el marco de una investigación penal y de conformidad con el ordenamiento jurídico", subrayó el texto. También defendió el arresto durante seis meses del director del canal, Miguel Mora, y de su jefa de redacción, Lucía Pineda, por "involucrarse directamente en el fallido intento de golpe de Estado", como el gobierno designa a las protestas populares que estallaron en 2018. Mora y Pineda "utilizaron este medio para transmitir programas de opinión política social completamente sesgada, instigando, promoviendo odio y violencia", dice el texto oficial. El sandinismo reconoce así que imputa el "delito de opinión" al medio confiscado.

Los periodistas aludidos y activistas de derechos humanos rechazaron los argumentos del gobierno, por que "avalan un acto confiscatorio, prohibido por las leyes de Nicaragua. Ortega nos robó y cometió un acto ilegal. Nuestra detención violó el derecho a la libre expresión e información en el país. Seguiremos denunciando y exigiendo que nos devuelvan lo robado", dijo Pineda. Para Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos el gobierno "envió un documento mentiroso a la CIDH. Avala la confiscación de propiedades, que están prohibidas expresamente en el artículo 44 de la Constitución Política".

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