El Gobierno francés y los máximos responsables de las Fuerzas Armadas quieren sancionar con severidad a los firmantes de un reciente manifiesto, de tufo golpista, que denunciaba el peligro de “desintegración” del país e incluso de guerra civil. Unos 8 mil militares, la mayoría retirados, firmó la carta abierta, lo que da idea de la escala del desafío.
El jefe del Estado Mayor, el general François Lecointre, concedió una entrevista a Le Parisien en la que se expresó en términos muy duros con los signatarios de la carta abierta que publicó hace uno días la revista ultraconservadora Valeurs actuelles . Las sanciones pueden llegar a la expulsión.
La inmensa mayoría de los firmantes, entre ellos veinte generales, son militares jubilados o en una situación de reserva –que en Francia se denomina “segunda sección”–, un estatus que permite llamarlos de nuevo al servicio si hay necesidad. Una investigación interna ha detectado a 18 militares en activo, incluidos cuatro oficiales, entre los que suscribieron la incendiaria declaración. Ellos son los que serán castigados con mayor dureza. Más castigo cuanto más alto sea el rango, según Lecointre. Pero también serán sancionados los que estén en “segunda sección”. Lo que no se prevé en ningún caso, porque la ley no lo permite, es que a los jubilados pueda serles retirada la pensión que cobran.
Según Le Parisien , a los firmantes iniciales, más de un millar, se han añadido muchos más, hasta un total de 8.000, lo cual significa un desafío no desdeñable. Lecointre y el Ministerio de Defensa insistieron en que se trata de una minoría respecto a los 210.000 militares en activo y que el grueso de ellos respeta su deber de no intromisión política. Desde el otro lado se señala off the record que muchos miles más no firmaron por temor a las sanciones, que pueden arruinar una carrera.
La polémica carta abierta, dirigida al Gobierno y al Parlamento, contenía expresiones insultantes, como “las hordas de los suburbios”, y daba por inevitable, si las cosas seguían empeorando, una sangrienta intervención del ejército para restablecer el orden y proteger a la población.
El documento no habría tenido tanto eco sin la irrupción de la líder ultraderechista Marine Le Pen, presidenta del Reagrupamiento Nacional (RN) y candidata presidencial, quien dio la razón a los militares descontentos y les pidió que se sumaran a su proyecto político. Esa instrumentalización de la retórica golpista generó muchas reacciones.
La exministra de Justicia Rachida Dati, alcalde de distrito en París y miembro de Los Republicanos (LR, centroderecha), estuvo de acuerdo con el análisis global de los militares revoltosos. “Es la realidad”, dijo, si bien criticó que quienes llevan uniforme hagan política.