La ocupación de un autobús cargado de droga oculta pudo ser el móvil del ataque armado y la desaparición de los 43 estudiantes en la ciudad mexicana de Iguala hace casi un año, según el informe de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta nueva investigación contradice la versión oficial de que los jóvenes fueron incinerados en un basurero de la vecina ciudad de Cocula. La fiscalía mexicana, sin embargo, ratificó ayer su trabajo.
El grupo que investigó el caso durante seis meses indicó en un informe presentado en la capital mexicana que la noche del 26 de septiembre de 2014 los jóvenes se apoderaron de cinco autobuses para trasladarse a la capital mexicana, pero la investigación oficial no da cuenta de uno de ellos. Testimonios de los estudiantes que sobrevivieron a esa noche en Iguala y documentos contradictorios en torno al vehículo, de la empresa Estrella Roja, entre otras evidencias, indicarían que este autobús sería "central" para la investigación.
La toma por la fuerza de los autobuses en Iguala por los estudiantes de magisterio o "normalistas", para desplazarse a la capital mexicana para participar en una manifestación podría haberse cruzado con la "existencia de drogas" en una de las unidades, específicamente en la de Estrella Roja, consideró el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Ante la prensa, Carlos Beristain aseguró que "el patrón de actuación" de los autores de los ataques de aquella noche muestra una intención de "no dejar salir los buses de Iguala" y "acabar con cualquier posibilidad de huida", de los estudiantes. Los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, aseguró el experto, no iban armados, ni boicotearon ningún acto político, ni atacaron a la población, como se señaló en distintas versiones. Tampoco el supuesto castigo a los normalistas como represalia por la toma de los autobuses explican "la masividad, la reacción tan hostil y la generalización de escenarios de violencia directa contra las personas y los autobuses", apunta el documento. La noche del 26 de septiembre seis personas, entre ellas tres estudiantes, murieron en los ataques y 43 más fueron detenidas y entregadas a miembros del cártel local Guerreros Unidos, quienes supuestamente los asesinaron e incineraron en un basurero de la ciudad vecina de Cocula.
Réplica oficial. Frente a estas afirmaciones, la fiscalía mexicana ratificó todo lo dicho en su investigación, que incluye la confesión de varios presuntos autores de los 43 asesinatos. El director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, declaró que los más de 100 peritos de la Procuraduría General de la República no pueden estar equivocados, por lo que esa tesis continúa como la verdad para ellos. "No podemos estar equivocados'', sostuvo el funcionario, cuya oficina ha sido una de las principales áreas que ha participado en la investigación de la desaparición de los estudiantes. "Podemos tener alguna falla, como están diciendo de los autobuses, pero en la parte pericial y científica estoy seguro de lo que se realizó en la Procuraduría'', añadió.
Los resultados del informe de la CIDH provocaron el enojo de los padres de los alumnos, quienes exigieron una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto. El mandatario dijo ayer que está dispuesto a reunirse nuevamente con los padre y aseguró que lo une a los familiares "el deseo de conocer la verdad''.
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