Un panel de expertos internacionales que investigaron la desaparición de 43 estudiantes en México concluyó que existen evidencias de tortura contra los acusados para que sostengan la versión oficial de los hechos. Los investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también denunciaron que fueron obstaculizados por las autoridades, lo cual les impidió avanzar en el esclarecimiento del caso, que ha conmocionado a todo México y puesto en apuros al gobierno federal. La desaparición de “Los 43” ocurrió hace 19 meses en el estado de Guerrero.
Los estudiantes de magisterio desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014 tras ser detenidos por policías municipales en la ciudad de Iguala, en Guerro, al sur de México. Cuatro meses después y tras la captura de varios sospechosos, las autoridades anunciaron que los policías habían entregado los jóvenes a sicarios del cártel local de los Guerreros Unidos, quienes los mataron y calcinaron en un basurero y los lanzaron en bolsas a un río cercano. Esta versión nunca fue aceptada por los familiares y por diversos organismos de derechos humanos. En el lugar señalado sólo se halló material de ADN correspondiente a uno de los 43 desaparecidos.
Segundo informe. Ahora, en su segundo y último informe, el grupo de expertos de la CIDH consideró que hubo falta de voluntad para investigar de las autoridades y del ejército. Los panelistas rechazan el intento gubernamental de sostener la tesis de la fiscalía federal, sobre que los estudiantes de la escuela de magisterio de la ciudad de Ayotzinapa fueron ejecutados y quemados en un basurero, a pesar de ser una versión cuestionada por peritos independientes. “Es claro que hubo un rechazo latente a versiones distintas a la incineración de los «normalistas» en el basurero de Cocula, y que se hicieron diversos intentos de regresar a dicho escenario, sin dar curso a la investigación sobre otras policías o agentes del Estado’’, señala el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes creado por la CIDH, y que pidió a las autoridades continuar la búsqueda de los estudiantes.
En su respuesta al informe, la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía federal) aseguró que en todo momento dio facilidades y “acceso pleno a la información’’ al grupo de expertos y aseguró que investiga la presunta tortura de 31 de los acusados. Aunque ya habían dicho en su primer reporte que tenían indicios de tortura, informaron que se enfocaron en los casos de 17 personas relevantes para la investigación, incluidos cinco presuntos sicarios. Citando informes forenses de autoridades mexicanas a los arrestados, el informe señala que los 17 mostraron lesiones durante la detención. El primer reporte médico tras la detención de Agustín García, uno de los supuestos sicarios, señaló que tenía una sola lesión. Horas después, ya bajo custodia de las autoridades, un segundo reporte médico encontró 30 lesiones.
Peña Nieto. El reporte fue presentado frente a padres de los desaparecidos, otros alumnos de la escuela normal, defensores de derechos humanos y militantes de izquierda. La desaparición de los 43 estudiantes sacudió al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, quien llegó al poder con una agenda de reformas económicas. Los estudiantes desaparecidos se dirigían a Ciudad de México para participar de una protesta. Su grupo de “normalistas” es conocido por posturas radicalizadas. Peña Nieto, con su agenda “neoliberal”, es el blanco favorito de los sectores de izquierda, que han sumado su apoyo activo a los familiares de los 43 desaparecidos. Ayer, en su cuenta de Twitter, Peña Nieto dio las gracias al panel de investigadores de la CIDH por su trabajo y dijo que se tomarán en cuenta sus conclusiones. “La PGR analizará el informe completo, para enriquecer su investigación sobre los trágicos hechos”, aseguró el mandatario en un segundo tuit.
