El presidente de México, Enrique Peña Nieto, presentó un proyecto de reforma constitucional que permitirá abrir a la participación privada al sector de hidrocarburos, un tema muy sensible en un país donde la industria petrolera fue nacionalizada en 1938 y es la principal fuente de ingresos. La reforma, igualmente, es muy limitada: no permite la concesión de zonas y sólo los contratos con empresas privadas del sector.

Con la reforma, el gobierno pretende incrementar la declinante producción de petróleo y gas, así como abrir al capital privado la industria de generación de electricidad. En todo caso, se trata de un desafío para la gigante petrolera estatal Pemex.

El plan presentado ayer por Peña Nieto plantea reformar el artículo 27 de la Constitución para permitir la firma de "contratos de utilidad compartida" entre Pemex y firmas particulares para la exploración y explotación de crudo y gas. Actualmente este artículo impide otorgar concesiones y contratos y establece que la nación lleva a cabo la explotación de los hidrocarburos. La redacción propuesta sólo prohíbe las concesiones, pero elimina la palabra "contratos". Para dar un ejemplo cercano al lector argentino: la reciente concesión a Chevron del yacimiento de Vaca Muerta que hizo YPF no sería posible bajo la nueva redacción de la Constitución mexicana propuesta por Peña Nieto. Igualmente, es un avance desde el punto de vista de la participación del sector privado, hasta hoy muy limitado en México bajo la normativa constitucional de 1938.

Además, en materia de electricidad el artículo 27 se reformaría para abrir la posibilidad de que el Estado celebre contratos con particulares en generación de energía. Actualmente la Comisión Federal de Electricidad se ocupa de la generación, transmisión y distribución, aunque se permite a empresas privadas generar energía, pero sólo para cubrir sus déficits.

El proyecto del presidente propone además reformar el régimen fiscal de Pemex para hacerla más competitiva. Tomando en cuenta que cerca de un tercio del presupuesto federal depende de los ingresos del crudo, Pemex paga pesados impuestos que limitan su capacidad para iniciar nuevos proyectos.

El gobierno ha advertido que México podría convertirse e un importador neto de petróleo para el 2018 si no se desarrollan nuevos emprendimientos. La producción de Pemex ha caído un 24 por ciento en los últimos ocho años, pese a los altísimos precios que alcanzó en este período el crudo.

Asimsimo el artículo 28 de la Constitución se reformaría para excluir al petróleo, además de los hidrocarburos y la electricidad de la lista de servicios del Estado que no se consideran monopolios, lo cual abre la puerta a la participación privada en estas áreas.

El país latinoamericano también es uno de los principales exportadores de petróleo a su vecino Estados Unidos, pero tiene que importar casi la mitad de la gasolina que consume debido a que no cuenta con suficiente capacidad de refinación.

Estados Unidos es el mayor comprador del crudo mexicano, pero los embarques se han reducido a la mitad desde 2006. Este nivel es el más bajo en 20 años debido a que la producción de México es decreciente y la de Estados Unidos va en aumento. Pemex ha puesto sus esperanzas de largo plazo en el aumento de su producción en las aguas profundas del Golfo de México, donde calcula que yacen 29.000 millones de barriles, más de la mitad de las reservas petroleras potenciales del país.