Ministros del gobierno de Nicolás Maduro desacataron una convocatoria a exponer del nuevo Legislativo opositor, en vísperas de que la Asamblea Nacional decida si aprueba o descarta el decreto del presidente que declara la emergencia económica. El motivo invocado por los ministros de Maduro para no concurrir al Congreso sería sorprendente en una democracia normal: la presencia de la prensa, que el oficialismo exigió retirar para acceder a exponer ante el hemiciclo legislativo.
  Este nuevo conflicto presagia un renovado choque de poderes cuando hoy la Asamblea debata el decreto de emergencia económica. El vicepresidente Aristóbulo Istúriz anunció que los ministros de Finanzas y Alimentación, los presidentes del Banco Central y Petróleos de Venezuela y el superintendente tributario, no aceptaron finalmente una interpelación del Congreso, en rechazo por la exigencia que impuso la mayoría opositora de permitir la presencia de los medios de comunicacion. Un argumento que causaría escándalo en países vecinos, en Venezuela es admitido como válido por parte del chavismo. “Hay información que es de Estado y la imprudencia de alguien no puede poner al Estado en dificultades’’, adujo Istúriz ante la televisora estatal. Agregó que se buscaría crear un “show mediático’’. La interpelación de ministros es una función rutinaria de los Parlamentos. Además la citación era de carácter obligatorio: con su mayoría calificada la oposición puede interpelar a los funcionarios mencionados. El vicepresidente de Maduro expresó que el gobierno está “dispuesto” a proporcionarle a la comisión parlamentaria que estudia el decreto de emergencia toda la información que requiera, y propuso a los congresistas “reunirse en privado”.
  El presidente del Congreso, el diputado Henry Ramos Allup, consideró muy grave y un “desacato’’ evidente la decisión de los funcionarios de no asistir a la Asamblea Nacional, que los citó en carácter obligatorio, y descartó que la mayoría opositora buscara un “reality show’’. “Con secretos no se van a resolver los problemas’’, dijo en conferencia de prensa Ramos Allup al objetar la postura del gobierno de rechazar la presencia de la prensa, y señaló que solo se buscaba la “formulación de preguntas por escrito de manera muy sobria y muy seria sobre datos muy específicos que manejan los ministros de la economía y que debe conocer la comisión y que debe conocer el país’’.

Dictamen de comisión. El diputado opositor José Guerra dijo que a pesar de la negativa de las autoridades a asistir a la reunión y suministrar información sobre asuntos fundamentales, la comisión especial que estudia el decreto de emergencia se reunirá hoy para terminar un informe que se presentará en sesión del Congreso para su debate final. Maduro firmó la semana pasada un decreto de “emergencia económica” por 60 días para atender la gravísima crisis que enfrenta Venezuela, con una inflación que alcanzó en 2015 el 141,5%, según números oficiales muy cuestionados por medios independientes y organismos internacionales, que creen que la inflación real fue superior al 270%. A esto se suman severos problemas de desabastecimiento, un enorme déficit fiscal, y una recesión que se agudizará este año por la caída de los precios del petróleo. Maduro entregó el 15 de enero al Congreso el decreto para su evaluación y eventual aprobación. El mandatario dijo recientemente que podría darse una confrontación sí la mayoría opositora rechaza la normativa, como es su facultad. La Asamblea no se ha pronunciado oficialmente, pero voceros de la bancada opositora han expresado la posibilidad de que sea rechazado.

Día clave. El jefe de la comisión especial que estudió el tema, el diputado José Guerra, dijo que la plenaria de la Asamblea votará hoy sobre el proyecto legal, a menos que el gobierno pida una prórroga. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la noche del miércoles que el decreto es constitucional. Según expertos, si la Asamblea rechaza el decreto éste quedará sin efecto y el gobierno tendrá que buscar otros caminos para aplicar las medidas que allí están contenidas, sin el visto bueno de la Legislatura. Ramos Allup señaló que “el decreto es más de lo mismo, si aprobamos el decreto estamos compartiendo culpas y responsabilidades que no son nuestras, que son del Ejecutivo, pero si no aprobamos el gobierno va a decir «no resolví la crisis, el desabastecimiento y la inflación porque la Asamblea negó decreto»”.
  El oficialismo y la oposición se enfrentaron la semana pasada por tres diputados del estado sureño de Amazonas que fueron suspendidos por el Tribunal Supremo de Justicia  
Las tensiones lograron superarse luego que la mayoría opositora decidió acatar una sentencia del máximo tribunal que ordenó la desincorporación de los tres congresistas opositores de Amazonas.