El presidente de Venezuela Nicolás Maduro anunció la creación de un "Estado Mayor de Abastecimiento", nuevo órgano para combatir la falta generalizada de bienes básicos. Maduro también advirtió que a partir de ahora aplicará con absoluta rigurosidad una nueva ley que fija en un máximo de 30 por ciento los márgenes de ganancia de las empresas, y que contempla penas de hasta 14 años para los que incurran en contrabando. Estas medidas conforman un nuevo intento por combatir el desabastecimiento, un problema que se ha agudizado en los últimos meses y se ha convertido en el peor padecimiento para la población junto con la inflación galopante y una brutal ola de inseguridad.
En los comercios venezolanos la falta de productos básicos es crónica y tiende a empeorar. La escasez de divisas en un país que importa casi todo lo que consume es gran parte de la explicación. Desde 2003, por orden del fallecido Hugo Chávez, Venezuela tiene un sistema de control de cambios y de precios, que sin embargo no ha logrado frenar la escalada continua de ninguno de esos dos valores.
En su primera aparición pública tras participar en Cuba de la cumbre de la Celac, Maduro designó el viernes a la noche al vicepresidente Jorge Arreaza al frente del nuevo organismo con la misión de "afinar todos los mecanismos de seguimiento" para combatir la escasez de bienes básicos. El órgano lleva el nombre militar de "Estado Mayor Especial de Abastecimiento" y estará integrado, entre otros, por los ministerios de Alimentación e Industria, con el objetivo de revisar las "24 horas del día" y hacer un "mapa completo" de la distribución y comercialización de los productos que circulan por el país.
"Ofensiva".Los anuncios fueron hechos por Maduro tras una reunión con su gabinete económico en el presidencial palacio de Miraflores, desde donde pidió "comprensión" a los venezolanos para encarar una "nueva etapa de la ofensiva económica" que buscará "estabilizar la economía". Maduro utiliza para la economía un vocabulario militar: habla de "ofensiva" y "guerra económica", por ejemplo. Ahora creó un "Estado Mayor" para el abastecimiento, un problema crónico en Venezuela, que obliga a la población a hacer agotadoras filas de horas para lograr bienes como harina, arroz y leche. Estos bienes se consiguen en cantidades muy limitadas o faltan del todo. De hecho, en Venezuela rige un racionamiento de bienes básicos.
La economía venezolana cerró el año pasado con una inflación superior al 50 por ciento y un crecimiento de apenas 1,6 por ciento, en medio de una crónica escasez y una enorme brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo.
Ante la aceleración de la inflación, Maduro lanzó en noviembre pasado una cruzada para que los comercios vendan sus productos a "precios justos" y la semana pasada entró en vigor una ley que impone fuertes sanciones a quienes "especulen". Maduro informó asimismo que este fin de semana se desplegarán en todo el país fiscalizadores para verificar los precios justos en los comercios. "La economía se enfermó de especulación", afirmó.
"Precios justos".Ayer, Maduro anunció que aplicará con rigor la nueva ley que fija en un máximo de 30 por ciento los márgenes de ganancia de las empresas. La llamada "ley de Precios Justos" forma parte de un esfuerzo para corregir los efectos de la "guerra económica" que, según Maduro, empresarios y adversarios políticos habrían desatado para generar malestar entre los venezolanos. Esta es su visión del fenómeno inflacionario y de desabastecimiento por escasez de divisas y falta de inversiones.
Maduro advirtió que las sanciones —que incluyen la ocupación o cierre temporal, la clausura de establecimientos o la confiscación de bienes— serán severas, por lo que valdrá el "arrepentimiento. Llamo a la autorregulación". También anunció que la fiscalización de empresas y comercios será permanente "de oficio", o en atención a denuncias de consumidores. Además, "si un producto lo traemos del exterior, va a tener una marca verde. Quien lo venda tendrá que respetar el precio que se fije, vinculado a la inversión en divisas que ha hecho el país". La ley de Precios Justos contempla penas de prisión de entre 10 y "hasta 14 años, sin beneficios" procesales, para castigar "el contrabando de extracción".
Devaluación por "bandas".En el frente cambiario, las cosas están igualmente complicadas. El pasado 22 de enero el gobierno modificó el sistema de control de cambio para crear un nuevo esquema de "bandas" que de hecho implicó una fuerte devaluación. Los productos esenciales, como alimentos y medicinas, siguen cotizados al dólar preferencial de 6,30 bolívares, pero los demás cotizan con valores más elevados. Por ejemplo, las divisas para viajes al extranjero, el envío de remesas a familiares y el consumo por Internet, tienen ahora el dólar del sistema de subasta de divisas estatal conocido como Sicad. Este cotiza en 11,30 bolívares, casi el doble que el dólar preferencial de 6,30. Asimismo, en el mercado paralelo, el dólar multiplica por diez este valor oficial. Su valor preciso es difícil de hallar en los medios venezolanos, dado que el régimen considera un delito su publicación.
Menos vuelos.En otro síntoma de la falta de divisas, varias aerolíneas internacionales que operan en Venezuela recortaron sus frecuencias por la política del gobierno de reembolsar la venta de sus pasajes en bolívares. De acuerdo a la agencia Bloomberg, Areoméxico, Air Europa y Air Canadá resolvieron reducir la frecuencia de sus vuelos semanales a Caracas. Esto aísla aún más a Venezuela del exterior y acentúa un proceso que recorta los lazos con el mundo. Bloomberg afirma que Aeroméxico redujo de siete a cinco sus vuelos semanales desde el pasado 7 de enero. Air Europa hizo lo mismo desde ese mismo día; mientras Air Canadá pasará sus vuelos semanales desde Toronto de cinco a cuatro en febrero. En mayo los reducirá a tres. La reducción de vuelos llega luego de la devaluación por "bandas" del 22 de enero. El gobierno de Nicolás Maduro mantiene una deuda estimada en 3.000 millones de dólares con las aerolíneas internacionales y aspira cancelarla con el pago de divisas, bonos de la deuda estatal y combustible.